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NACHO PRIETO
Miércoles, 15 de febrero 2017, 03:22
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Las negociaciones del Ministerio de Fomento con los representantes empresariales y sindicales del sector de la estiba con el objetivo de adaptar la normativa nacional a la liberalización que exige la Unión Europea quedaron ayer rotas y con las posturas radicalizadas. Los trabajadores anuncian nuevos paros (además de los fijados para los días 20, 22 y 24) y el Gobierno mantiene su intención de aprobar la reforma por decreto ley el próximo viernes. Además, asegura que firmará unos servicios mínimos que mantengan la actividad de carga y descarga de mercancía en los puertos.
La principal discrepancia consiste en que los estibadores quieren garantizar sus puestos de trabajo con un registro de nombres concretos a los que se reconocería derecho a contratación preferente, mientras la propuesta de Fomento consiste en que las empresas puedan contratar libremente y que la Administración pague la liquidación de los estibadores que no logren ocupación, eso sí, con un periodo transitorio de tres años a lo largo de los cuales iría disminuyendo progresivamente la obligación de contratar a los estibadores actuales.
La gestión del sector de la estiba en España ha pasado en los últimos años a manos privadas tras la disolución, por ley, de las antiguas sociedades estatales y la creación, también por ley, de sociedades anónimas con acciones que se tienen que repartir todas las empresas autorizadas para realizar labores de estiba y desestiba en cada puerto. Pero las condiciones de contratación no han cambiado con la sustitución de gestores.
Las empresas comparten una bolsa de trabajo a la que acuden cuando tienen barco, de forma que el número de operarios varía conforme a las necesidades de cada puerto, pero cada trabajador puede prestar servicio para varias empresas, según las necesidades de las mismas.
Eso es así porque solo los operadores más potentes tienen trabajo asegurado para los estibadores con regularidad. Las empresas reconocidas como estibadoras en El Musel tienen que garantizar un mínimo de actividad y algunas llegan a duras penas a ese límite o claramente lo incumplen.
Tres años de tránsito
Cuando una empresa estibadora tiene operaciones, es decir, puede ofrecer ocupación porque tiene contratada la carga o descarga de un barco, pide trabajadores a la sociedad anónima en la que todas están obligatoriamente integradas. Los estibadores tienen garantizado un mínimo salarial y luego cobran más o menos conforme a los días en los que realmente trabajan. Por esa razón, adecuar las plantillas de estibadores a las necesidades reales de un puerto es importante tanto para los sindicatos, debido a que los trabajadores ganan menos si hay que repartir poco trabajo entre muchos, como para las empresas, que tienen que asumir proporcionalmente los gastos fijos de los estibadores que carecen de ocupación.
El planteamiento actual del Gobierno pasa por que las empresas puedan contratar libremente, sin compromiso alguno, a partir de esos tres años de transitoriedad, con los actuales integrantes de esas bolsas de trabajo. Además, la Administración asumiría el coste de la liquidación de los que no pasaran a la plantilla de las empresas.
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