El Principado perdona 14 meses de saneamiento pero insiste en el copago de la dependencia

«Consejera, no insista en cobrar con carácter retroactivo el servicio de ayuda a domicilio. Recuerde lo que hicieron con el canon de saneamiento». La frase, lanzada por la diputada de IU Noemí Martín, durante su último rifirrafe en la Junta General con la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, activó las alertas.

Mientras la interpelada eludía hacer mención alguna a dicho impuesto y se limitaba a insistir ante Martín que «la ley me obliga» a cobrar con carácter retroactivo ocho meses de subida del servicio de ayuda a domicilio que utilizan grandes dependientes, la pregunta quedaba en el aire: ¿Qué hizo el Principado con el canon de saneamiento? Y la respuesta no es otra que «perdonarlo». Durante 14 meses, el Principado no permitió a los ayuntamientos «cobrar el canon de saneamiento a los agricultores, a los ganaderos y a los residentes en viviendas que no conectan con la red pública de alcantarillado».

Así lo aseguraron expertos a EL COMERCIO. Pese a que el 1 de enero de 2013 el propio Gobierno regional declaró «derogada» la exención que ese amplio colectivo tenía en la Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de 1994, durante los catorce meses que esa exención estuvo suspendida, hasta que el pasado 14 de abril publicó la nueva Ley del Impuesto sobre las Afecciones Ambientales del Uso del Agua, el Ejecutivo de Javier Fernández no permitió a los ayuntamientos aplicar ese canon.

Así figura en una respuesta oficial que los Servicios Tributarios del Principado enviaron a un Consistorio. Había preguntado el alcalde al Gobierno regional cuánto debía cobrar y a quienes, una vez derogada la citada exención. En la respuesta, Hacienda le dice, directamente, «la derogación está pendiente de una nueva ley» y que, por lo tanto, «hasta que se apruebe dicha ley y, con carácter transitorio, seguirá aplicándose la exención».

Esa respuesta, según las fuentes consultadas por este periódico, supone, en la práctica, «incumplir la ley. Su propia legislación. El Principado debería haber cobrado ese canon hasta que no aprobó la nueva ley de saneamiento. Estaba previsto que lo hiciera en cuatro meses a partir del 1 de enero, pero no se aprobó hasta abril de 2014, con lo que pasaron 14 meses en los que el Principado debería haber cobrado ese canon. Pero no lo hizo».

Hasta 5.000 euros de deuda

Una permisividad la de la Consejería de Hacienda y Sector Público que contrasta con la rigidez de la de Bienestar Social y Vivienda. Mientras que en el departamento de Dolores Carcedo se impidió a los ayuntamientos aplicar una ley, su compañera Esther Díaz insiste que los grandes dependientes que utilizan el servicio de ayuda a domicilio deben pagar con carácter retroactivo una subida que entró en vigor el 1 de julio 2013, pero de la que les informó a finales del pasado febrero.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, en esa fecha comenzaron a llegar a los beneficiarios de la Ley de la Dependencia que utilizan ayuda a domicilio unas cartas en las que Bienestar Social les reclama pagos de hasta 5.000 euros. Se trata del servicio que, desde julio, el Principado dejó de cobrar, de forma unilateral, incrementado con la subida que fijó, en cumplimiento de la reforma aplicada por el Gobierno central un año antes.

Los incrementos de hasta el 200% se traducen en facturas, como las que han llegado a 18 grandes dependientes, de 5.000 euros, en un abanico que no baja de los 1.000 euros. Más de 400 usuarios se han dado de baja y todos aseguran no poder pagar. Desde el primer momento, los grupos de la oposición -Foro, PP, IU y UPyD- hicieron frente común contra Bienestar y le instaron a no aplicar la retroactividad. Una unión política que se rompió el pasado viernes, cuando el PP presentó en solitario una moción parlamentaria, pese a haberse comprometido a firmar una conjunta con el resto de grupos. La suya fue rechazada. En mayo, la del resto, será aprobada.