El Principado y El Musel defienden la gestión de la ampliación por el aval de los técnicos

La ampliación de El Musel se llevó a cabo con decisiones políticas, pero en todo momento estuvieron avaladas por informes de técnicos cualificados y por la unanimidad en el órgano rector de la Autoridad Portuaria de Gijón. Es la primera respuesta del Principado, a través de la consejera Belén Fernández, y del propio puerto, a través de su presidenta, Rosa Aza, a las acusaciones de la OLAF sobre presuntas irregularidades en la tramitación y ejecución de los trabajos.

Ni Fernández ni Aza entraron en pormenores del contenido del informe, pero adelantaron que, de momento, no han detectado irregularidad alguna, al menos achacable a la Autoridad Portuaria de Gijón, porque todas sus decisiones se caracterizaron por la unanimidad y el respaldo explícito de los técnicos, sin que conste reparo ni reserva alguna.

En clave política, Belén Fernández reprochó a la ministra Ana Pastor que haya responsabilizado directamente a la gestión de los socialistas de los problemas de El Musel. Por una parte, porque, dijo, en alguna fase de la ampliación, concretamente el diseño, el protagonismo correspondió al PP y, por otra, porque, a su juicio, no es justo ni razonable «poner en tela de juicio a profesionales públicos», ingenieros o juristas, que avalaron o indujeron las decisiones políticas. «Estamos en precampaña y es difícil sustraerse a la tentación de buscar rédito político -dijo la consejera-, pero espero que el Gobierno del Estado realice una defensa firme y certera de los intereses de España». Sobre la entrega a los grupos políticos parlamentarios de una copia del informe, Belén Fernández supeditó la decisión al informe que haga al respecto el Consejo Consultivo, ya que, al parecer, el documento contiene datos confidenciales de algunas empresas.

El posicionamiento de la presidenta portuaria fue más técnico y económico. Aza dejó claro, por una parte, que no acudirá a la Junta General del Principado, como solicitó el PP, porque «Hacienda es la autoridad competente en este caso».

Sobre las quejas de la OLAF por el control de la obra, la presidenta de El Musel manifestó: «Por lo que he visto hasta ahora, creo que el control y las actuaciones fueron las adecuadas». Dicho esto, hizo hincapié en que la OLAF dispuso para su informe de 2014 de datos, declaraciones de impuestos, por ejemplo, a los que la Autoridad Portuaria no podía tener acceso en 2008, ya sea por ser ajenos a sus competencias o por falta de perspectiva temporal.

En ese sentido, Aza indicó que se «está estudiando si hubo engaño de las empresas al puerto» y defendió que si otros cometieron irregularidades, «la Autoridad Portuaria sólo sería responsable si pudo saberlo, pero entiendo que no fuera así».

En el mismo sentido, Rosa Aza indicó que el informe de la OLAF puede ser utilizado en la demanda presentada por la UTE Dique Torres para reclamar 350 millones de euros más al puerto, y dijo que si hay indicios de que la constructora actuó ilícitamente contra los intereses de la Autoridad Portuaria de Gijón, sería beneficiosa la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, que ya tiene una copia del informe, enviada por la OLAF, y estudia si puede contener materia supuestamente delictiva.

En dicha demanda, el papel de El Musel sí es protagonista, pero en el caso de la OLAF Rosa Aza indicó que Hacienda, Fomento y la Autoridad Portuaria de Gijón van de la mano y «estamos encontrando respuestas» para algunas sospechas.