La demolición del hotel Kaype, la versión asturiana del Algarrobico

Al fondo, la parte ampliada del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barro y que tiene una orden judicial de demolición./
Al fondo, la parte ampliada del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barro y que tiene una orden judicial de demolición.

La parte ampliada de este negocio situado en primera línea de la playa de Barro cuenta con una orden judicial firme de derribo desde marzo

TERRY BASTERRALlanes

El Ayuntamiento de Llanes tiene que afrontar la mayor demolición ordenada en la costa asturiana por la justicia y es considerada por diferentes voces, caso de varios diputados regionales de Podemos, como la versión asturiana del Algarrobico almeriense. El dictamen judicial firme afecta a la parte ampliada del hotel Kaype, situado en la primera línea de la playa de Barro.

El pasado marzo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo emitía un auto en el que ratificaba que la anulación de las licencias municipales de agrupación de fincas y de obras que permitieron la ampliación del hotel obligaba a demoler lo construido con estos permisos. Además daba un plazo de cuatro meses para que la propiedad del negocio turístico presentase un proyecto de demolición e iniciase los trabajos.

Según este calendario, estos trabajos deberían haber comenzado a mediados de julio, pero el juzgado concedió una prórroga hasta octubre a la propiedad para que contase con los permisos necesarios de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para poder realizar estas obras en las inmediaciones de la zona de protección de servidumbre de la laguna conocida como El Llagú.

Durante el verano el Ayuntamiento de Llanes también pidió a la propiedad que ésta preguntase al juzgado si era posible legalizar una parte de las obras de ampliación, las realizadas sobre la parcela que tiene calificación de suelo urbano consolidado (las otras dos fincas son suelo urbano no consolidado).

El juzgado falló en contra de esta petición y dio a finales de noviembre un plazo de diez días al Ayuntamiento para que informase sobre la demolición del hotel. El Consistorio lo que ha hecho es enviar dos informes, uno técnico y otro jurídico, sobre el proyecto de demolición presentado por la propiedad. El derribo está valorado en 1,1 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de seis meses. La propiedad también comunicó al Ayuntamiento que le reclamaría 15,6 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por concederle dos licencias municipales para ampliar el hotel, que luego fueron anuladas la Justicia.

Investigación del TSJA

Pero el denominado caso Kaype también ha tenido otra vía judicial que trataba de determinar la responsabilidad de las personas que intervinieron en la emisión de aquellos permisos. Fueron imputados la exalcaldesa y actual diputada regional, Dolores Álvarez Campillo, el exedil de Urbanismo y portavoz del PSOE, José Herrero, y cuatro técnicos municipales.

Las sesiones se celebraron en el TSJA al ser Campillo aforada en su calidad de diputada regional. El magistrado instructor determinó que no había evidencias firmes para acusar a los dos políticos y tres de los funcionarios de un delito de prevaricación administrativa en la concesión de esos permisos. Solo se mantiene como investigado al exarquitecto municipal.

 

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