Siero modifica fincas en Granda, ahora «inedificables», para el parque de baterías

Los vecinos ya han iniciado un procedimiento legal –un recurso– contra la autorización ambiental por parte del Principado, alegando falta de información; y ahora han puesto este asunto en manos de otro abogado para estudiar las posibles vías para frenar esta modificación.

El letrado que lleva este asunto, Francisco Sánchez, con despacho en Oviedo, indicó este jueves a EL COMERCIO que, efectivamente, se trata de un procedimiento de gestión urbanística que implica cambios en la actual configuración de las parcelas afectadas por el proyecto. Lo que tiene claro este abogado es que «en la actualidad, esas fincas no son edificables, por lo que no se podría instalar el almacén energético». Toca analizar el procedimiento, señaló, para ver si está sujeto a derecho o no, como ya creen los afectados.

No obstante, Sánchez, en un análisis preliminar de la documentación, asegura que está incompleta; «igual ha sido algo involuntario, pero es que ya ha ocurrido con el Principado». Afirmó que en la información pública expuesta falta la documentación técnica, por lo que ahora es imposible presentar alegaciones a esta propuesta. ¿Y sobre el fondo? «Se hace una serie de modificaciones físicas a esas parcelas para encontrar acomodo para el proyecto del parque de baterías. Hay que analizar si el uso propuesto se ajusta o no al planeamiento. Lo que es cierto es que el almacén está cerca de viviendas».

Desde la asociación Valeriano León se lanzó una advertencia directa al propio regidor: «Que sepa que estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con este asunto, porque se está actuando contra sus propios vecinos. Vamos a detener este nuevo atropello».

Según se desprende del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se ha aprobado de forma inicial esta modificación. «Se parte en origen de unas fincas afectadas por el trazado de un camino del Plan General, quedando porciones de cada una de ellas en márgenes diferentes del mismo que resultan inedificables, para lo que se propone la regularización de la configuración física de estas parcelas de forma que las mismas resulten edificables, así como la identificación y segregación de los terrenos de cesión destinados a viario público».