La abogada del detenido por un robo con violencia en Villaviciosa alega que «ni siquiera se llevó los 150 euros que estaban pegados a un imán en la nevera»
La acusación particular y la fiscalía elevan la pena a 5 años de prisión y mantienen la indemnización de 10.850 euros
«Yo nunca entré en ese edificio para nada, tal vez me vieron pasar por la calle». El acusado por un robo con violencia en una vivienda en Villaviciosa en 2020 testificó este jueves en la Audiencia Provincial de Gijón, en el Palacio de Justicia. En dicho juicio, J. F. A., de Villaviciosa, alegó que el día en el que ocurrieron los hechos, el 5 de junio de 2020, no estaba en el lugar y que sobre la hora en la que ocurrió el robo «estaba en un bar tomando algo con un amigo». Aunque alegó que, por su situación financiera, tampoco tenía «necesidad de robar», tiene antecedentes de hasta ocho detenciones por el mismo delito.
Según el atestado del Ministerio Fiscal, ese día, sobre las 14.30 horas, un hombre accedió a una vivienda en un edificio en la calle Gaitero Libardón, en Villaviciosa. Para ello, fracturó el bombín de la cerradura de la puerta de entrada. En el juicio se subrayó que, cuando uno de los residentes en la vivienda -pareja del demandante- volvió a casa, notó que no podía entrar y que había palillos en la cerradura.
Una vez dentro, según manifestó el demandante, se apoderó de 10.820 euros en total. Dicha cantidad estaba repartida entre dos sobres (uno de 10.000 euros y otro de 420) y una caja en la que había 400 euros. Además, se llevó otra caja que contenía billetes de tirada antigua (500 pesetas) y unas gafas 3D para Play Station tasados en 310 euros.
La identificación del detenido por la Guardia Civil se basa en la identificación de una única testigo, una mujer que ese mismo día acudió al edificio a visitar a su madre y coincidió con un hombre en el descansillo del segundo piso, donde ocurrió el robo. «Salí del ascensor y vi a un hombre de espaldas, movía las manos frente a la puerta y se giró cuando me oyó; ahí le vi la cara unos segundos», dijo ante el juez. Fue unos días después del robo cuando identificó al acusado ante la Guardia Civil, después de que le presentaran una serie de fotografías. Según el atestado de los agentes que le tomaron declaración, «aportó una descripción muy detallada e identificó sin género de duda» al detenido.
Sin embargo, este jueves, ante el juez, la testigo añadió que «es un edificio muy oscuro» y volvió señalar que sólo le vio unos segundos, por lo que a día de hoy, cuatro años y medio después del delito, tenía «dudas». Además, añadió que al volver al descansillo, «cinco minutos después de haberle visto frente a la puerta», ya no había nadie.
Como calidad de único testigo, su declaración fue cuestionada durante las conclusiones finales. Mientras que el abogado de la acusación particular, Germán Inclán, reconoció «son comprensibles las dudas porque es muy diferente identificar a una personas dos días después de verle que casi cinco años después», aunque subrayó que lo importante no solo era la identificación ante la Guardia Civil, sino el hecho de que «su coartada no ha sido probada y no ha venido nadie a testificar a su favor».
Por su parte, la abogada de la defensa, Ana González, además de quitarle valor a la declaración de la testigo por sus dudas actuales, cuestionó que realmente hubiera ocurrido algún robo, dado que no consta en ninguna parte que existiera dicho dinero más allá de la declaración del demandante. «Ni siquiera su pareja sabía de la existencia de esos sobres hasta ese mismo día», reseñó. Además, también en referencia al informe de la Guardia Civil, este indicaba que «se inspeccionaron las habitaciones y no había indicios de actividad delictiva, no apreciaron ningún desorden, ni siquiera se llevaron los 150 euros que estaban pegados a un imán en la nevera». Este hecho, destacó Gonzalez, pone en duda que alguien «realmente» entrara en la vivienda, «no tiene sentido que robes y no te lleves ese dinero a la vista».
Por todo ello, en su conclusión final pidió la absolución del acusado, mientras que la fiscalía y la acusación particular elevaron la pena solicitada de tres a cinco años de prisión, pero mantienen la indemnización de 10.850 euros en concepto de responsabilidad civil. El juicio ha quedad visto para sentencia.
