El caso Cerredo se encona: el PP acusa al Principado en la Junta de «mirar hacia otro lado ante prácticas mafiosas»
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo recuerda las diligencias llevadas a cabo tras el accidente de 2022 y reitera su «compromiso» para esclarecer lo sucedido en el siniestro del pasado mes de marzo
El 'caso Cerredo' volvió esta mañana al debate parlamentario a raíz de las manifestaciones realizadas por el trabajador que sobrevivió al accidente ocurrido en la ... mina de Degaña en 2022, donde murió una persona. El empleado aseguró que, si se hubiera tenido en cuenta la información que trasladó a la Dirección General de Minas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en esta explotación, se habría evitado el trágico accidente de marzo de 2025, en el que perdieron la vida otros cinco mineros.
El PP pidió explicaciones concretas al Gobierno regional sobre qué se había hecho con la información aportada por este trabajador, empleado de la firma Combayl, quien ya habría advertido de la extracción ilegal de carbón en el interior de la mina en 2022. Los populares reprocharon al Ejecutivo su actitud «pasiva» ante su denuncia y la de otros particulares. «Lo sabían todo y premiaron a los desalmados con máxima diligencia en nuevas concesiones», denunció el diputado Rafael Alonso, en relación al traspaso de los derechos mineros tras el primer accidente a la firma Blue Solving, perteneciente al mismo entramado familiar y que gestionaba la explotación cuando una explosión de grisú acabó con la vida de otras cinco personas el pasado mes de marzo.
Alonso pidió explicaciones al presidente Adrián Barbón -«que tanto presume de ADN minero»- y calificó de «temeroso» que ahora hable de «compromiso de sangre», al tiempo que recriminó que su «tentáculo sindical», en referencia al SOMA, «tratara de arreglarlo por detrás», siguiendo también lo manifestado por el trabajador.
El encargado de responder fue el ahora consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, quien, tras el trágico accidente y la dimisión de la exconsejera de Industria, Belarmina Díaz, asumió las responsabilidades en esta materia. El consejero fue escrupulosamente prudente en su contestación y se limitó a recordar que, tras el accidente de 2022, se incoaron dos expedientes a la empresa Combayl.
El primero, por incumplimiento de la legislación en materia de seguridad minera, cuya tramitación administrativa está suspendida al seguir su procedimiento en el Juzgado de Instrucción de Cangas del Narcea. El segundo, por la realización de trabajos no autorizados de explotación en el interior del piso sexto, que derivó en una sanción económica de 20.000 euros. En ambos casos, subrayó, el Servicio de Minas tomó declaración a los testigos del accidente, entre ellos el minero gravemente herido Enrique Ramón Martínez.
«Me sorprende que realicen ustedes esta pregunta porque toda esa información la tienen en la documentación que se les envió para la comisión de investigación parlamentaria», reprochó Sánchez, quien volvió a trasladar el compromiso del Gobierno regional para esclarecer lo ocurrido en la mina el pasado mes de marzo y depurar responsabilidades.
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