El Principado de Asturias dio a Blue Solving en 33 días un permiso clave que a otros les lleva medio año
La consejera Belarmina Díaz comparece este viernes por primera vez en la Junta General del Principado para aclarar la situación de la empresa del accidente de la mina de Cerredo
Después de que cinco trabajadores fallecieran en la mina de Cerredo (Degaña) en una explosión de grisú el presidente del Principado, Adrián Barbón, ... dijo que la empresa propietaria de la explotación, Blue Solving, sería chequeada «de arriba a abajo». Eso obliga a profundizar en qué hacía ahí y qué permisos tenía.
El único en vigor le facultaba a llevarse chatarra, vías y cuadros del piso tercero. Según la versión que parte de los supervivientes dan a sus allegados –avanzada por EL COMERCIO– el accidente ocurrió en esta zona cuando el turno avanzaba hacia el frente de labores; no habían comenzado a trabajar y al menos a uno le pitó la alarma del oxímetro con valores que obligaban a salir. Estos testigos aseguran que se picaba y sacaba carbón, y que la empresa sabía su destino.
Las labores de retirada de chatarra y cierre del piso tercero, caso de hacerse conforme al permiso, eran de poco provecho para la empresa, confirman fuentes próximas a la misma. El negocio estaba en lo que se quería hacer en el piso primero, donde Blue Solving logró que el Principado le autorizara un «Proyecto de Investigación Complementario» (PIC) para sacar materias primas con alto contenido en carbono, por un total de 60.000 toneladas». En el momento de los hechos esta autorización la tenía concedida, pero inactiva; para su entrada en vigor debía presentar antes un plan de labores y lograr el visto bueno de la consejería al mismo, pasos que aún no había dado. Lo más que podía hacer eran labores preparatorias del trasversal.
Una de las características de ese permiso –cuyos detalles avanzó ayer este periódico– causó sorpresa en el sector. La resolución especifica que Blue Solving solicitó el 5 de junio de 2024 la aprobación del PIC, logrando que el Servicio de Minas le diera ese permiso por medio de una resolución del 8 de julio. Es decir, que el permiso clave para su plan de futuro lo logró en 33 días.
Empresas del sector que pasan por esos trámites y otros similares coincidían ayer en valorarlo como «inusualmente rápido». Casos parecidos han necesitado seis meses de ampliaciones, correcciones y subsanaciones entre la solicitud inicial y la resolución de autorización.
La consejería declinó explicar el asunto. La titular, Belarmina Díaz, comparecerá hoy en la Junta General para ampliar la información sobre la empresa y el accidente. Hay en todo caso expedientes análogos que permiten calibrar la agilidad de la que fue objeto la petición de Blue Solving.
Según los operadores del sector consultados, existen tres niveles de permisos: el de exploración (para recoger piedras para su análisis en laboratorio), el de investigación minera (con sondeos para hacer pequeñas extracciones) y el proyecto de investigación complementario (que faculta a sacar una cantidad importante de toneladas para hacer una prueba industrial con el material). «Solo el primero, que es el más sencillo, tarda tres meses en el mejor de los casos», indican los técnicos consultados con experiencia en todo el país.
Según especifica la web del Principado, para los «permisos de investigación minera» el plazo de resolución es de ocho meses. «Se suelen dictar ampliaciones», matizan los consultados. Un chequeo a los boletines oficiales de varias comunidades permite dar con casos que tardan varios años, pues llevan aparejados procesos de consulta pública.
En lo relativo a los PIC su opacidad complica hacerles seguimiento: el criterio general del Principado es no publicar su concesión en el boletín oficial, a donde solo llegan los casos en los que, para lograr el permiso, se debe pasar por una evaluación ambiental. Pasó por ejemplo con los sondeos del Proyecto de Investigación Complementaria del Grupo Salave, concedidos en 2022 tras tres años de papeleo.
En el caso de Cerredo, Blue Solving dijo que su investigación tendría una «nula incidencia ambiental» al hacerse bajo tierra, argumento que asumió el servicio de Minas. La resolución tampoco da cuenta de que se haya presentado o sea necesario un plan de gestión de residuos. Cabe recordar que antes de hacer su petición la empresa se reunió en al menos tres ocasiones con Belarmina Díaz e Isaac Pola, entonces directora general y viceconsejero. También que la política del departamento era facilitar que volviera la actividad al sector. «Aún nos queda minería del carbón, no para combustible térmico pero sí para otros usos, como el coque», animaba Díaz en unas jornadas empresariales en 2022.
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