El Principado quiere mantener a Asturias entre las comunidades más solventes: este es el plan de Hacienda

El departamento que dirige Guillermo Peláez resta importancia al ligero incremento reflejado en las últimas estadísticas trimestrales del Banco de España, que sitúan la deuda asturiana en 4.158 millones al cierre del segundo trimestre, un 3% más que en el primero. Hacienda atribuye este repunte a una decisión estratégica y no a un deterioro de las cuentas. «Este año formalizamos prácticamente toda la deuda en el segundo trimestre, de ahí ese repunte», explican fuentes del departamento, que subrayan que la mayor parte de las amortizaciones se concentrarán en la segunda mitad del año y que además, avanzan, «se va a amortizar más deuda de la que se formalizó».

Por este motivo, desde el Principado consideran que la subida puntual del segundo trimestre «es ficticia» y se muestran convencidos de que el balance final de 2025 reflejará una reducción tanto en términos absolutos como en porcentaje del PIB. «Nuestra previsión es terminar el ejercicio con menos deuda que en 2024», apuntan desde Hacienda. A pesar del repunte coyuntural, Asturias se mantiene entre las comunidades de régimen común menos endeudadas, con un nivel equivalente al 13,5% del PIB, sólo por detrás de Madrid, Canarias, País Vasco y Navarra.

Desde el Principado subrayan también que la solidez de las finanzas autonómicas ha sido refrendada por la agencia Moody's, que en su último informe no sólo mantiene la calificación crediticia del Principado, sino que destaca «la buena gestión presupuestaria, reflejada en los superávits financieros de los últimos años», así como unos niveles de deuda «moderados en comparación con otras comunidades autónomas». La agencia prevé, también, una reducción del endeudamiento en los próximos ejercicios, respaldada por las favorables perspectivas económicas.

Todo ello se produce en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la quita de deuda anunciada por el Ministerio de Hacienda. De aprobarse, permitiría a Asturias eliminar de un plumazo 1.508 millones del pasivo autonómico, reduciéndolo a 2.650 millones y situando la ratio de deuda entre el 8,7% y el 9,6% del PIB. No obstante, la medida no cuenta con el apoyo del PP, que podría bloquear su tramitación en el Senado, mientras varias comunidades han presentado alegaciones al considerar la iniciativa «injusta y arbitraria» por haberse impulsado con criterios políticos —se negoció con ERC para la investidura de Pedro Sánchez y posteriormente se extendió al resto de comunidades— y amenazan con llevarla a los tribunales.