'Caso Hulla'

Anticorrupción quiere que la concesión de la ayuda al Montepío de la Minería se investigue en Madrid

Se trata de una de las áreas de investigación en torno a esta residencia que, según se desprende de la investigación policial, se usó como tapadera para el desvío de fondos públicos a través de varias empresas en una trama de corrupción liderada presuntamente por el exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y su mano derecha y entonces presidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo. De hecho, fue precisamente la regulación de las fortunas ocultas de ambos durante la amnistía fiscal de 2012 lo que hizo saltar las alarmas a la Fiscalía Anticorrupción, y tirar del primer hilo.

Ahora, el Ministerio fiscal quiere que se traslade a Madrid la instrucción judicial en torno a la concesión de la subvención al Montepio de la Minería para la construcción de esta residencia. Y ello porque, según los investigadores, habría sido la influencia política que en aquel momento ejercía José Ángel Fernández Villa la que habría hecho que el Ministerio de Industria aceptara que este proyecto, que en principio no reunía los requisitos para ser subvencionado con cargo a los fondos mineros, no sólo lograra las ayudas, sino que se ordenase la modificación de un real decreto para resolver los obstáculos legales que impedían que el precio previsto para su construcción (inicialmente 28.858.889,98 euros) fuese totalmente sufragado con ayudas públicas. «Pese a todos los reparos y recomendaciones formuladas en el expediente administrativo de modificación del real decreto, Miguel Sebastián Gascón, ministro de lndustria en la fecha de los hechos, firmó la propuesta de texto del Real Decreto sin atender ninguno de ellos, y elevó la misma al Consejo de Ministros para su aprobación», recoge el escrito del Ministerio Público. No sólo eso, también advierte de la falta de control y seguimiento que se hizo de aquella millonaria ayuda por parte de las instituciones públicas.

A partir de ahí la trama continúa ya en suelo asturiano, con la concesión también presuntamente de forma irregular de la obra a la empresa Alcedo de los Caballeros, que ingresó en sus cuentas por parte del Montepío de la Minería 30,7 millones a través del pago de las 32 certificaciones de obra emitidas, que sumaban un importe global de 28,8 millones, y de la liquidación final que ascendió a 1.932.546,39 euros. Una obra con la que los investigadores entienden que Alcedo de los Caballeros obtuvo un margen de beneficio del 51%.

Por todo ello se investiga a una veintena de personas, aunque el juzgado ovetense acordó recientemente el sobreseimiento del principal acusado, Fernández Villa, por una cuestión de salud.

Anticorrupción, que entiende que hubo malversación de fondos, fraude de subvenciones, prevaricación y falsificación de documentos, entre otros delitos, pide que se abra procedimiento contra 17 de los investigados, incluyendo al propio Fernández Villa. También contra su mujer, María Jesús Iglesias García; sus hijos, Rolando y Ángela Fernández Iglesias; el expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo y su pareja sentimental, Dorina Bicher, así como contra Rodica Daniela Timis, responsable de una empresa de limpieza que se habría usado para desviar fondos.

La Fiscalía también pide que se abra el proceso contra el propietario de Alcedo de los Caballeros, Juan Antonio Fernández; su mujer, Rocío San José González y su socio, Juan Carlos Riera. Jorge González, proveedor; Manuel Sastre, arquitecto y Vicente Fernández García, aparejador, también están en la lista de la Fiscalía. Igual que el entonces asesor jurídico del Montepío de la Minería, Rafael Virgós y el asesor fiscal, José Manuel Fernández. La lista la completan quienes en aquel momento ejercían de alcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta y de concejal de Urbanismo, David Moreno.

La Fiscalía considera que la exmujer de Postigo, Elena Pérez, y una de sus hijas, Patricia Postigo, fueron «partícipes a título lucrativo» y pide el sobreseimiento y archivo de la causa para la otra hija de Postigo, Elena Postigo. Además, como personas jurídicas, por responsabilidad civil, señala no sólo a Alcedo de los Caballeros; también a Posfer S.L, propiedad del constructor y de su esposa; Pravi Asesores S. L. y la empresa de limpieza Todo Limpio y Brillante S.L. Ahora, la magistrada ha solicitado al Ministerio público que concrete los delitos que imputa a cada uno de los investigados.