Asturias apuesta por las salas 'amables', un refugio para los menores que deban declarar en procesos judiciales

Cuando se trata de derecho de familia, la protección de menores se fundamenta en el 'principio del interés superior del menor', asegurando su bienestar integral. Esto implica garantizar su desarrollo físico, emocional, social y educativo, así como protegerlo de cualquier tipo de daño o riesgo. En otras palabras, la familia, la sociedad y el Estado tienen la responsabilidad compartida de asegurar esta protección.

Para tratar este tema, este jueves se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Oviedo, el II Congreso Nacional de Derecho de Familia, que aborda las 'Medidas judiciales sobre menores'. A la inauguración del encuentro asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, la presidenta de la Comisión de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, Sonia Arévalo Píriz y el decano del Colegio, Antonio González-Busto.

En su intervención, la viceconsejera de Justicia destacó que Asturias está comprometida con la puesta en marcha de un centro que unificará la atención a niños y niñas víctimas de abusos sexuales dentro del sistema de justicia, conocido como espacio Barnahus, el cual ya existe en otros territorios españoles, como Navarra. Además, para Vicente es fundamental que el Principado cuente con un mayor número de 'espacios amables', es decir, salas especializadas donde los menores tienen que ir a declarar.

«Estos espacios o salas están dotados de un sistema de videoconferencia con las salas judiciales, de forma que los menores puedan no comparecer directamente en las vistas y declarar desde la propia sala amigable, acompañados de sus educadores y terapeutas», dijo la viceconsejera de Justicia.

En otras palabras, estos espacios que vienen a formar parte del modelo Barnahus ponen a la víctima menor de edad en el centro de todo el proceso, para evitar que tenga que desplazarse a dependencias policiales, sanitarias o judiciales.

Por otro lado, Vicente recalcó la necesidad de crear una jurisdicción especializada en infancia, familia y capacidad, más allá de los juzgados especializados que ya existen en Oviedo y Gijón, «lo que permitiría recortar los plazos y mejoraría la atención y la calidad del servicio, al igual que contar con magistrados especializados en materia de familia», dijo.

Encarnación Vicente destacó también la importancia de los equipos psicosociales en la región. «Estos equipos compuestos por personal de psicología y trabajadores sociales especializados en menores y en asuntos de familia sirven para agilizar la tramitación de informes sobre temas de menores. Antes habían sólo tres equipos en Asturias y en los últimos años se han puesto en marcha otros tres», dijo la viceconsejera. Al tiempo que consideró necesario fortalecer las unidades de valoración forense e integrales, que están especializadas en casos de violencia contra mujeres y menores. «Empezamos con dos unidades y hoy en día hay seis. De hecho, recientemente se creó una nueva unidad en Avilés», recordó.

Por su parte, Sonia Arévalo Píriz, presidenta de la Comisión de Derecho de Familia del Colegio, comentó que los menores siempre se encuentran en el centro de una crisis familiar. Nuestra labor como profesionales especializados en el derecho de familia es minimizar el impacto que esa posición les genera. «Este congreso nos invita a repensar los límites de la intervención judicial cuando hay menores de por medio. Durante estos días abordaremos aspectos jurídicos y éticos que requieren valoración y compromiso. Necesitamos un sistema más justo, más consciente y más compasivo», dijo.

En la misma línea, el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, indicó que hay derechos fundamentales y libertades públicas que son objeto de controversia «porque cuando hablamos de menores, hablamos de personas totalmente vulnerables», comentó el presidente. Añadió que los equipos psicosociales deben seguir reforzándose para evitar los retrasos en la emisión de los informes. «El derecho de familia es un derecho más de hechos, donde las normas jurídicas tienen una importancia secundaria. La formación de los jueces es permanente en materia de familia porque es un tema muy delicado. Tenemos a los mejores profesionales, catedráticos y abogados y otros agentes. En Asturias los jueces están a la altura de la circunstancia en cuanto al derecho de familia. Asturias es un territorio bendecido si nos comparamos a otras comunidades», destacó Chamorro.

Por último, el decano del Colegio, Antonio González-Busto, recordó que la familia es la institución que introduce un primer orden que regula la vida en sociedad. «La asociación natural y permanente es la familia. En Roma la familia era la base del estado y así sigue siendo», precisó.

Por todo ello, el decano argumenta que la familia es una institución digna de protección. «Es una realidad que ha evolucionado y sigue carente de definición legal. Ojalá pronto podamos disponer de una Ley de Familias moderna. Debemos mejorar en el ámbito legal de protección a los menores y garantizar sus derechos e intereses», concluyó.

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