El Principado reforzará la plantilla judicial para atender casos de violencia de género

El consejero detalló las acciones llevadas a cabo en los últimos meses, como la transformación de los 60 juzgados de paz que comenzarán a funcionar como Oficinas de Justicia en los Municipios, así como el refuerzo previsto del personal de los órganos judiciales que atienden los casos de violencia contra las mujeres. «En la adaptación de los juzgados de paz se invirtieron 400.000 euros y vamos a dedicar 500.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia sobre la Mujer para el refuerzo de personal», explicó Peláez, quien defendió que la nueva ley no sólo mejorará la eficiencia del sistema judicial, sino que «refuerza su calidad, proximidad y sostenibilidad».

Sin embargo, su comparecencia no convenció a todas las fuerzas políticas. Los populares han recibido con escepticismo las palabras del consejero y cuestionado la viabilidad de esta reforma al entender que carece de respaldo presupuestario. «Una reforma sin apuesta económica es una reforma inviable», resolvió el diputado popular Manuel Cifuentes. Por su parte, Gonzalo Centeno, de Vox, se mostró convencido de que el Gobierno central busca con esta ley debilitar el Poder Judicial y denunció que se hubiera aprobado «sin consenso, sin presupuesto y sin diálogo». Adrián Pumares, de Foro, cree que estamos ante una «reforma cosmética que traerá más burocracia si no se garantiza una dotación suficiente de medios ni el respeto a la independencia judicial». Frente a las críticas, PSOE e IU respaldaron plenamente la reforma que la socialista Lidia Fernández ve como un «paso decisivo» hace una justifica útil y Delia Campomanes, de IU, como «una de las más ambiciosas del ordenamiento jurídico en décadas»