Asturias, referente en el control de explosivos

La muerte de 200 personas en los atentados del 11-M de 2004 obligó a cambiar los protocolos de control sobre los explosivos empleados en las minas asturianas. La dinamita empleada para hacer estallar los trenes en Madrid fue sustraída en Mina Conchita por el extrabajador Emilio Suárez Trashorras y vendida a los yihadistas que perpetraron el peor de los ataques que han tenido lugar en España. Pero esa sustracción no fue un episodio aislado. La investigación abierta luego por la Audiencia Nacional desveló que entre diciembre de 2003 y marzo de 2004 desaparecieron 2.955 kilos de 'goma 2 Eco' de las minas Conchita (Belmonte de Miranda) y La Collada (Siero).

La cantidad robada resulta abrumadora, pero pudo pasar inadvertida debido a la laxitud de entonces en cuanto a la vigilancia de los artefactos y al hecho de que en el país se mueven al año mil millones de explosivos, según las estimaciones del Ministerio de Interior.

La tragedia marcó pauta por fuerza mayor. La Guardia Civil puso en marcha en 2006 los equipos de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos. En Asturias hay tres: uno en la Comandancia de Gijón, otro en Oviedo y otro que controla la denominada Zona XIV.

EL COMERCIO acompaña al grupo gijonés en uno de sus controles habituales a la mina de espato flúor de La Viesca, en La Collada, Siero, una de las cuatro que tienen en su demarcación y a la que se suman la de Loroñe (Colunga), Cancienes (Corvera) y Villabona (Siero).

Todo el material es objeto ahora de un riguroso seguimiento, tanto la dinamita como los detonadores, que cuentan con una numeración individual y específica que recoge desde el fabricante hasta la empresa que lo consume. «Está todo digitalizado y cada empresa tiene que entregarnos en la Comandancia periódicamente los archivos de registro con todo lo que compra y lo que utiliza. Además, nosotros realizamos inspecciones mensuales en todas las minas y algunas también extraordinarias», explica el sargento primero José Manuel Marqués Menéndez, jefe del grupo de inspección de la Guardia Civil de Gijón.

En la mina comprueban que el transporte de dinamita -que llega procedente de un polvorín de Columbiello (Lena)- cumple con los requisitos: carga de goma 2 separada de los detonadores, carné profesional de los trabajadores de la empresa de seguridad encargada del transporte y coincidencia del material con el solicitado.

El responsable de explosivos de la mina, José Ramón Fernández, certifica a través de un lector digitalizado que la mercancía concuerda con la solicitada y con las referencias de las cajas. Firma la recepción de los artefactos y a partir de ese momento, tiene responsabilidad sobre su uso en la mina. La compañía cuenta con un depósito autorizado por el Ministerio de Interior para almacenar un máximo de 150 kilos. El excedente debe ser devuelto y, por tanto, notificado a la Guardia Civil.

Pero no solo eso. Al tratarse de una mina interior, cada artificiero firma un acta con la goma 2 y los detonadores que recepciona para su utilización en las voladuras. Pasa a ser el encargado del material explosivo y, por tanto, si desaparece algún cartucho, se derivarán responsabilidades.

Las medidas de vigilancia no se quedan ahí. En cada mina, el encargado de seguridad privada tiene la obligación de realizar inspecciones aleatorias a cada empleado. Le registra mochilas, ropa y bolsas. El objetivo es evitar que algún trabajador pueda sacar de las instalación material explosivo. Si el vigilante detecta la más mínima anomalía tiene obligación de comunicarse de forma inmediata con la Guardia Civil. Para hacerse una idea de la envergadura y la dimensión del movimiento de dinamita, basta con mencionar la cantidad de goma 2 que se utiliza en la mina de La Collada: 10.000 artefactos al año. En el atentado del 11-M los terroristas emplearon 200 kilos. «Cuando empezamos se detectaban anomalías en el libro de registro, pero con el paso de los años y el minucioso trabajo se han conseguido reducir prácticamente al mínimo las irregularidades. Es a fuerza de comprobar y realizar inspecciones», señala el guardia José Fernández Mesa.

El equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de Gijón está formado por tres personas, que permanecen en comunicación constante con el resto de unidades de Asturias que tienen sus mismas competencias en la región pero en demarcaciones diferentes. Los datos del movimiento de artefactos se conservan diez años y se guardan en los archivos centrales del Ministerio de Interior.

Los registros nacionales, a su vez, se ponen en común con el resto de países de la UE. Los atentados yihadistas en Europa obligaron a poner en marcha en 2015 una directiva europea que persigue conocer al detalle la circulación de cualquier tipo de artefacto. En lo que respecta a Asturias, la Guardia Civil trata de reducir al mínimo el riesgo que implica el comercio de explosivos.