Marta del Arco: «Los servicios de atención a la dependencia no están en riesgo en Asturias»
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar presenta sus presupuestos para 2026 en los que destaca la absorción de la Atención Infantil Temprana, que extiende hasta los seis años. Anunció también la creación de tarjetas monedero para familias en riesgo de exclusión, que llegará a 4.000 hogares
Llegó con sus cuentas, las de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para 2026, bajo el brazo. Unas que, como lleva ocurriendo en las últimas legislaturas, van al alza: dispondrá en 2026 de 605 millones, siete más que el año anterior. Según explicó Marta del Arco, el incremento llega por «el refuerzo del Estado del Bienestar, un pilar básico para un Gobierno progresista que se materializa dando respuesta a las necesidades concretas de las personas. Este planteamiento es irrenunciable para mi consejería y se traduce en números y compromisos para 2026».
Las partidas más importantes, como es tradicional, son las correspondientes a la la atención a mayores en la red pública, la que gestiona Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), que se lleva 228 millones; y la atención a personas dependientes que, en total, supone una inversión de 195,6 millones, divididos en los programas de fomento de la autonomía personal (90 millones), prestaciones económicas (69 millones) y ayuda a domicilio (36,9 millones). Sin embargo, las novedades llegaron de partidas con menos inversión económica, pero tanto o más impacto social. Las que afectan a menores con necesidades especiales y a familias en situación de vulnerabilidad.
Según explicó, «este presupuesto tiene dos pilares claros: el apoyo y cuidado de las personas y las familias y el fortalecimiento de las entidades locales y del tercer sector, tanto en el apoyo e intervención como en el voluntariado».
Así, por un lado anunció Marta del Arco, en su comparecencia ante los medios, que su departamento asumirá, en su totalidad, el servicio de atención temprana infantil. Hasta ahora, su consejería y la de Educación se repartían la tarea, dejando en manos del equipo de Eva Ledo la atención a menores de 4 a 6 años. Según explicó, «con el fin de dar continuidad en la atención de niños que, al nacimiento, presentan trastornos en el desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla en el desarrollo posterior, se amplía hasta los 6 años la atención infantil temprana desde esa consejería». De acuerdo a sus cuentas, esta decisión, muy demandada por las entidades que representan a los menores con necesidades especiales, «que permitirá ampliar la atención hasta llegar en 2027 a 4.000 menores atendidos». Un volumen de atención que necesita un presupuesto mayor: «De 3,2 millones, al incrementarlo en 1,5 millones», explicó.
En cuanto a las familias vulnerables, los programas de inclusión realizados por las entidades sin ánimo de lucro recibirán 7,5 millones, llegan con la segunda novedad: «Vamos a publicar, por primera vez, una convocatoria con dos líneas de subvención con carácter plurianual destinadas a programas integrales de lucha contra la pobreza material severa». La partida, que se prolongará desde 2026 a 2028, tiene dos líneas. «Una es el programa básico, dotado con 1,2 euros, financiados con fondos europeos, destinados a entidades que desarrollen programas integrales para familias con menores en situación de riesgo de exclusión, que incluye una tarjeta monedero». En paralelo, explicó, el programa debe contar «con un itinerario específico de inclusión social». Se estima que «se podrá atender a 4.000 familias con menores en situación exclusión material». El total de la inversión, hasta 2028, son 8,1 millones.
Respecto a la segunda línea en la lucha contra la pobreza, se trata de la «garantía alimentaria, que será la primera plurianual que se financia con cargo a la aportación del 0,7% del IRPF, dando un paso decisivo hacia la estabilidad financiera de las entidades». Para los próximos dos años, el presupuesto llega a 2,4 millones. «Este año se destinan 800.000 euros».
«El debate de la financiación está roto por el plantón del PP»
Volviendo a las dos áreas de mayor presupuesto de su departamento, quiso despejar la consejera cualquier duda sobre la continuidad de los servicios de atención a la dependencia. El Tribunal Supremo dejó en el limbo al copago en junio pasado, con dos sentencias que dejan sin seguridad jurídica a la actual modalidad de cobro, al entender que los decretos autonómicos solo pueden hablar de tasas y no de precios públicos. «No están en riesgo los servicios», aseguró, ya que, dijo, «la resolución judicial lo que cuestiona es la naturaleza jurídica, no el copago». Anunció que, «Asturias, en la Mesa de la Concertación Social, creó una comisión de seguimiento de todos los servicios del sistema de la dependencia, que convocaremos en enero, para hacer seguimiento de todas las partidas de cofinanciación de la Ley de la Dependencia«.
En la misma línea, recordó que «la Ley de Dependencia ya establece la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones en función de su capacidad económica» y explicó que «la financiación de la dependencia es complejo, porque se financia por tres vías: la ministerial, que aporta el 25,7%; la de la comunidad autónoma, que en Asturias llega al 60,48%, y los beneficiarios, que aportan un 13%. Ese copago va a financiar los centros de día, los residenciales y la ayuda a domicilio».
Un sistema de financiación que, apuntó, «se debaten en la Conferencia Sectorial», debate que no pudo llevarse a cabo «porque está roto desde que las comunidades del PP dieron plantón a la conferencia cuando íbamos a hablar de los menores migrantes no acompañados. Son las estructuras de diálogo del Gobierno de España las que, ahora mismo, están en serio riesgo».
En sus cuentas, «en el ámbito de la dependencia, se incrementa un 5,11% el crédito destinado a las entidades locales para la prestación del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Serán 36,9 millones, para atender a 20.000 personas, frente a las 16.500 actuales».
Asimismo «la partida destinada a las prestaciones a personas dependientes se incrementa un 13,11%, con un crédito inicial de 69 millones. Permitirá llegar a 20.000 personas que recibirán tres tipos de prestaciones económicas: la vinculada al servicio, para recibir costes de servicios privados; los cuidados en el entorno familiar o el asistente personal. Casi 18.500 asturianos dependientes perciben estas prestaciones». Como también crece «el programa destinado a fomentar la autonomía de las personas y la atención a las mayores, un 7,35% su presupuesto, 6,5 millones más. Hasta un total de 90 millones para la atención en los centros sociales, de día y de apoyo a la integración y al servicio residencial para personas con discapacidad».
Un apoyo que también llega desde el Plan concertado, «para el desarrollo de las prestaciones básicas de servicios sociales, durante 2024-2027, que ha marcado un hito en la gestión y la estabilidad financiera de los servicios sociales municipales, hemos previsto un refuerzo del marco de cooperación con el incremento de un 19% de la financiación. Pasamos de 32 a 39,5 millones», señaló la consejera.
Con ello, dijo, «se persigue, por una parte, que los servicios sociales municipales puedan mejorar la ratio de personal y favorecer la implantación de la Historia Social Única Electrónica. Ampliar la cobertura y calidad del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia a personas en situación de fragilidad no dependientes, y de los centros rurales de apoyo diurno. La prevención de la dependencia así como la permanencia de las personas en su entorno son las claves de esta medida para personas no dependientes».
Las entidades locales también tendrán más apoyo «en su competencia con la atención a las personas sin hogar, para lo que reservamos un crédito de 900.000 euros para formulas de alojamiento y la articulación de itinerarios de inserción laboral personalizados».
4 millones para subir el precio de para concertar plazas geriátricas
Un presupuesto creciente que tiene muchas variables, tantas como servicios se presta desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Recordó Del Arco que también corresponde a su departamento «el Sistema Asturiano de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, que contará con un presupuesto de 67,5 millones distribuidos en salario social y complementos vitales, con 37 millones para atender a 6.000 unidades familiares, que verán incrementadas sus cuantías un 2,5%; ayudas de emergencia y programas locales de intervención social, con 12,8 millones; y el bono social térmico, con una dotación inicial de 10 millones para el abono de 2025».
También depende de ese departamento el voluntariado, «que fomenta la solidaridad, que ofrece oportunidades de desarrollo personal y que combate la soledad a través de la participación ciudadana». Y, como el resto de las partidas, «va a experimentar en 2026 un claro apoyo con la extensión a los centros de voluntariado para dar atención a las zonas rurales y periféricas de las áreas IV (Oviedo) y V (Gijón) cubriendo así la totalidad del territorio asturiano. Se invierten cerca de medio millón de euros. Un 51% más que en 2025».
Un aumento que también llega al capítulo 1, el de personal, con un 2,64% más «es decir, 1,5 millones de euros. En esta partida ya está incluida la subida salarial del 2%«, aclaró, a la vez que despejó dudas »no crecemos en número de empleados, sino que mejoramos sus condiciones, al pasar de fijos-discontinuos a continuos«. El único departamento en el que se aumenta personal es »el de dependencia, reforzando su estructura orgánica con cuatro nuevos puestos«.
Finalmente, pendiente sigue el acuerdo con las patronales geriátricas para subir el precio de la plaza concertada. Para 2026 se reservan cuatro millones más «para subir el precio», pero la propia consejera no pudo precisar cuál será la subida. «Estamos en ello ahora mismo»
