Aucalsa pedirá una indemnización si la UE fuerza la supresión del peaje del Huerna

Bruselas concluye que en el año 2000 el Consejo de Ministros presidido por José María Aznar vulneró la normativa comunitaria cuando alargó la concesión de la AP-66 que explota Aucalsa. El contrato debía expirar en el año 2021 y se amplió hasta 2050 a cambio de una contención de tarifas. La decisión tuvo forma de Real Decreto, lo que implica que el expediente pasó diversos controles de legalidad, entre otros, de la Abogacía del Estado.

La Comisión considera que se vulneró una directiva de 1993 que obligaría a convocar un concurso para que otras empresas interesadas en la gestión de la AP-66 pudieran optar. También entiende que esta operación debió anunciarse en el boletín oficial de la UE. Mismas objeciones hace a la privatización en 2003 de la Empresa Nacional de Autopistas (Enausa), el holding que era propietario de Aucalsa, entre otras sociedades concesionarias.

¿Y ahora qué pasa? La Comisión remitirá una carta de emplazamiento al Gobierno de la nación, que tiene dos meses para defender la legalidad de lo hecho y plantear alternativas para cumplir las exigencias de la UE.

Bruselas es extremadamente paciente y rechaza hacer públicas las negociaciones para facilitar su objetivo, que es lograr el cumplimiento de la normativa de la UE. Hay un precedente directo. La prórroga de la autopista A12 entre Livorno y Civitavecchia, que Italia fue sucesivamente ampliando hasta una última extensión entre los años 2028 y 2046. La Comisión recibió una primera denuncia en 2009, y no fue hasta 2014 cuando empezó un proceso formal contra Italia como el que tiene ahora con España. Por entonces el gobierno transalpino se ofreció a reducir en tres años la prórroga. A la Comisión no le valió y tras años de negociaciones baldías denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que dictó sentencia en 2019. Es decir, diez años después de la denuncia y cinco desde el inicio del proceso formal.

El fallo declaró ilegal la prórroga y el gobierno italiano la desoyó. En 2022 la Comisión volvió a mandar una carta de requerimiento, amenazando con seguir un camino que la llevaría a pedir al TJUE multas coercitivas, como hizo, por ejemplo con la depuradora de El Pisón, en Gijón. En ese caso el TJUE declaró en 2011 que el vertido de aguas de la zona oeste vulneraba la normativa; como España siguió sin corregir la situación la Comisión volvió a denunciar en 2017 y en 2018 llegó esa segunda sentencia, ya con una multa millonaria coercitiva.

El caso de Aucalsa se ha incorporado a un expediente iniciado en julio de 2019 a raíz de la denuncia de la asociación gallega En-Colectivo contra la prórroga de la AP-9. Lleva por tanto casi cinco años de estudio, ahora se negociarán soluciones y, si Bruselas mantiene su posición y España no cede, se abriría la vía judicial, primero para aclarar quién tiene razón. Si la tiene la UE y España no corrige la situación, se volvería al TJUE pidiendo sanciones coercitivas.

Itínere Infraestructuras es hoy la dueña de Aucalsa y Audasa, la concesionaria de la AP-9. Acaba de presentar las cuentas de 2023, indicando que supo que la UE tiene abierto el expediente por el caso de la AP-9, no es parte interesada ni se le ha notificado, pero avisa: «Cualesquiera medidas que pudieran contemplar la modificación o terminación del vigente contrato de concesión por causa no imputable a la sociedad y por razones de interés público (como consecuencia o no de dichas medidas), implicaría en todo caso y conforme a la legislación vigente el derecho de la sociedad a ser indemnizada». El razonamiento es extensible al Huerna.

La controversia jurídica calentó la política. Francisco Álvarez-Cascos, exvicepresidente del Gobierno que aprobó la ampliación de la concesión, mantiene que la decisión se hizo «respetando el derecho español y el de la concesionaria a mantener el equilibrio económico-financiero. Desde el año 2000 nos beneficiamos de una reducción del peaje y habrá que preguntarle a la UE si también lo vamos a tener que devolver». A su juicio «revisar ahora una decisión del año 2000 es muy poco serio».

Desde el Principado y la FSA se culpó al PP de la prórroga y apostaron por mejorar las bonificaciones hasta anular las tarifas. El PP vio «una oportunidad de oro» de lograr el rescate, mientras que Vox considera que los dos grandes partidos «engañan a los asturianos» al omitir los socialistas que su ministerio ha defendido la legalidad de la prórroga ante la UE.

Foro pidió explicaciones a Álvarez-Cascos y la diputada Covadonga Tomé felicitó lo que entiende un «éxito» personal de Daniel Ripa.