Cascos se sienta en el banquillo por usar «como propios los recursos de Foro»

El juicio arranca con el interrogatorio a Francisco Álvarez-Cascos como único acusado y de los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal. Se escuchará en esta primera jornada del juicio a la actual presidenta del partido y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, así como a otros dirigentes y exdirigentes del partido. El juicio se prolongará durante otras cinco sesiones más a lo largo del mes de enero, hasta el 29 de enero, estando previsto que declare también, a propuesta de la acusación particular, la tercera excónyuge de Cascos María Porto.

La Fiscalía cifra en 181.648 euros el dinero que el acusado se habría podido apropiar de forma indebida después de que, en 2023, llegaran a las dependencias del Ministerio Fiscal nueve cajas de documentación adicional, alguna relacionada con estas diligencias y otras no, que hicieron al fiscal ampliar la cuantificación inicial. Le acusa de «utilizar los recursos del partido como propios» por pasar cargos a las cuentas de Foro de «gastos de carácter personal no relacionados con su actividad política» que cifra en 7.793,22 euros y, de forma paralela, desviar fondos al patrimonio de su familia a través de un contrato de arrendamiento de una oficina «de forma ficticia» por la que Foro abonó a una empresa vinculada a su tercera exmujer, María Porto, otros 173.855 euros.

El Ministerio Público pide para él una pena de tres años y medio de cárcel y, de forma paralela, ha abierto nuevas diligencias para determinar si, en relación a la documentación recibida el año pasado en la Fiscalía, pudieran existir otros indicios de delitos de apropiación indebida, administración desleal o corrupción en los negocios. No obstante, buena parte de la documentación se refiere a hechos ya prescritos.

La acusación eleva la responsabilidad del acusado a 218.780 euros, puesto que incluye, además de las cifras que baraja la Fiscalía, otros 24.171 euros por ingresos percibidos por la asistencia a mítines del partido en el año 2011 y 10.549 euros por los gastos derivados del mantenimiento de vehículos privados. Además, cifra los gastos personales en 10.203 euros.

Argumentan en el escrito de acusación que ejercía un «control absoluto y marcadamente presidencialista» sobre el partido y que controlaba «totalmente» todas las decisiones, también las financieras, aprovechándose de un «sistema de autorización de gastos basado en la confianza» para pasar al partido tíquets y facturas de compras y servicios «de carácter personal, utilizando los recursos del partido como propios y desviando, en consecuencia, cantidades que vinieron a ingresar en su acervo patrimonial por consumos propios o de las personas que directamente venían vinculadas con él».

Se trata de gastos variopintos y que van desde los 4,75 euros de un tíquet por dos cafés y una botella de agua durante sus vacaciones en La Coruña a los 3.290 euros por la compra de un colchón con canapé, moqueta, tapicería y visillos. Hay también facturas de procuradores por asuntos políticos relacionados con su etapa en el PP y otras muchas cuestiones personales, como el pago de un psicotécnico, la compra de unos zapatos, pedidos de comida a nombre de familiares, un juego de videoconsola, entradas para la Copa Davis, para el Museo Thyssen y para el Museo del Prado y gastos de restaurantes en localidades de veraneo.

Gastos que prácticamente en su totalidad –reconoce algún error, como el de la ropa o el videojuego, «que se podían haber solucionado con una simple conversación aclaratoria»– el acusado justifica como derivados de la actividad política que ejercía incluso estando de vacaciones, y gastos de representación. Como las entradas de la Copa Davis de 2012, que Cascos presenció desde el palco de autoridades en su condición de presidente del Principado, pero que compró, dice, «en un intento de colaborar para potenciar y promocionar el mismo ante la poca expectación que tal evento causó en Oviedo».

La defensa, que pide la absolución de su cliente, mantiene además que Cascos era ajeno a las finanzas de la formación y pone el foco en otras personas, asegura que la comisión directiva estaba al corriente del uso que se estaba dando a los fondos y que se justificaba por el alto nivel de actividad política que en aquella época mantenía el acusado; y niega que el contrato de arrendamiento de un local en Madrid fuera una tapadera. Según su versión se utilizó como sede del partido y «las rentas y gastos que generaba eran conocidos y aprobados por la comisión directiva».

Álvarez-Cascos remitió ayer a este periódico una denuncia presentada por su expareja, María Porto, en mayo de 2023, en la que ella afirma que las nueve cajas de documentación que llegaron a la Fiscalía en 2023 se hallaban en las dependencias de una oficina de Madrid de la empresa Aqualium Spain SL, de la que ella era administradora única, que por unas obras remitió dichas cajas «a las oficinas que tenía en su poder mi pareja sentimental de aquel entonces» y que «no supervisé dicho traslado». Tras enterarse de que «existe una investigación» por «posible revelación de secretos al haberse hecho pública parte de la documentación que custodiaba» y tras comprobar que en las cajas «hay un número inferior al inicial» de documentos, estima que éstos podrían ser «los mismos que se relatan en los medios de comunicación entregadas por 'una fundación' por 'un particular' ante la Fiscalía de Asturias». Cascos indica que la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 11.1 reza que «no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales».