El conductor del accidente de Avilés seguía un tratamiento para la epilepsia

Omar López, en silla de ruedas, acompañado de su esposa y su letrado, Víctor Tartiere. / MARIETA
Omar López, en silla de ruedas, acompañado de su esposa y su letrado, Víctor Tartiere. / MARIETA

Las acusaciones estiman que el chófer podría haber padecido somnolencia a causa de los efectos secundarios de la medicación

PABLO SUÁREZ AVILÉS.

Omar López, el conductor del autobús de la empresa ALSA accidentado en Avilés el pasado mes de septiembre, acudió ayer por primera vez a los juzgados de Avilés para prestar declaración ante la magistrada Virginia Fernández, al frente de la fase de instrucción. En calidad de investigado por el siniestro que le costó la vida a cinco pasajeros, las certezas y contradicciones que arrojó el testimonio de López en las casi dos horas de sesión sentaron las bases de los argumentarios en los que a partir de ahora trabajarán tanto la defensa del chófer, liderada por el letrado Víctor Tartiere, como la acusación, que conforman unos quince abogados.

López, en silla de ruedas a consecuencia de las lesiones derivadas del siniestro, en el que perdió una pierna, continúa sin recordar nada de lo sucedido aquel día. Tampoco se espera que lo haga. Por ello, el interés de su declaración giró en torno al continente y no al contenido. A preguntas de la jueza, el conductor reconoció haber padecido ataques aislados de epilepsia y, lo que supone el dato más relevante del testimonio, seguir un tratamiento para prevenir nuevos síntomas. Concretamente, el chófer hizo alusión a un conocido medicamento en cuyos efectos secundarios se centra ahora la acusación. «Se trata de un medicamento que produce somnolencia. Creemos que ésta puede ser la causa del accidente», afirmaba, sin ambages Gonzalo Botas, abogado de la familia de una de las víctimas y quien apuntó ya a una posible «cadena de negligencias» en la que estarían involucradas tanto las mutuas aseguradoras como los facultativos que dieron el visto bueno para que el conductor se incorporase a su puesto de trabajo.

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Tampoco descartan las acusaciones que fuese el propio López quien ocultara el tratamiento que estaba siguiendo, ya que según afirman este no figura en ninguno de los historiales médicos aportados a la investigación. Un extremo que convertiría al chófer en responsable directo y que negó ayer de forma tajante. «El accidente es mucho más complejo que un problema somnolencia. Además, el medicamento no es incompatible con la conducción», aseguró Tartiere, jurista de dilatada experiencia y a quien el conductor y su familia han confiado su defensa desde que tuviera lugar el siniestro.

El ataque de epilepsia que López reconoció ante la jueza lo mantuvo de baja durante un año(de febrero de 2015 a febrero de 2016) tras el cual, al superar los exámenes médicos, se produjo su reincorporación. En este sentido, la responsabilidad del alta recae tanto en las mutuas como en los facultativos firmantes del diagnóstico favorable. Nunca en la empresa ALSA, que debido a la ley de protección de datos no tiene acceso al historial médico de sus empleados. También ha trascendido que el último reconocimiento médico realizado sobre López data del 5 de abril de 2018, cinco meses antes del accidente.

La posibilidad de que el chófer hubiese sufrido un ataque epiléptico segundos antes del impacto fue barajada desde el principio por los investigadores de la Guardia Civil, en vista a los resultados de un estudio etiológico que reflejaba una tendencia a este tipo de ataques por parte del conductor.

Señalización defectuosa

Por su parte, uno de los aspectos en torno a los que se estructura la defensa articulada por Tartiere es, tal y como ayer adelantó el propio abogado, el hecho de que la carretera donde tuvo lugar el siniestro no cumpliese con la normativa de señalización obligatoria. «Parece ser que el pilar no tenía la protección obligatoria, que hubiese reconducido al vehículo a la carretera y evitado parte de las consecuencias del siniestro» afirmó, prudente, sobre unos datos a los que hace referencia el informe pericial elaborado por la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, y que destaca la ausencia de un sistema de contención de vehículos como el que sí se instaló días después de que tuviese lugar el accidente.