Sánchez promete el fin del estado de alarma el 9 de mayo y 25 millones de inmunizados en julio

España está según todos los indicios a las puertas de una cuarta ola de contagios, fenómeno que ya golpea a países como Francia. Sin embargo Pedro Sánchez compareció ayer por sorpresa en el palacio de la Moncloa para lanzar un mensaje cargado de optimismo. Anunció un nuevo calendario de vacunación y ayudas europeas. En ese escenario se apoyó para comunicar su intención de no solicitar al Congreso una prórroga del actual estado de alarma, que expira el 9 de mayo.

De decaer, supondría que en dicha fecha se levantarían los cierres perimetrales y dejaría de estar vigente el toque de queda, fijado en Asturias entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Los horarios de establecimientos comerciales y bares dependerán de la decisión de cada comunidad, que son las que tienen las competencias al respecto.

El alivio se justificaría en el actualizado y ambicioso calendario de vacunación que puso Sánchez sobre la mesa, y que llevaría a tener inmunizados a 25 millones de españoles en julio y al 70% de la población a finales de agosto. El anuncio sin embargo fue recibido con cierto recelo y sobre todo muchas dudas entre los gobiernos autonómicos. Desde el pasado noviembre cada Ejecutivo regional ha ido diseñado su propio sistema de restricciones apoyado en el sostén jurídico que les proporcionaba la declaración del estado de alarma.

En Asturias de esa cobertura depende todo el mecanismo desarrollado por la Consejería de Salud que, en función de la población de cada concejo y el avance de la pandemia medido en una serie de indicadores, activa automáticamente cierres perimetrales y límites a determinadas actividades. La eficacia del sistema para controlar la pandemia ha sido defendido por el Ejecutivo de Adrián Barbón frente a las quejas de parte de hosteleros, alcaldes y oposición.

Vencido el estado de alarma, ese sistema en el que el Principado se sentía cómodo decaerá sin que la Administración cuente con herramientas jurídicas que le permita aplicar limitaciones de derechos del mismo calibre. Para disponer de ellas, en junio pasado el propio Barbón apremiaba a modificar la Ley orgánica de Salud de forma que facultara a las autonomías a restringir la movilidad en ausencia de estado de alarma, solución en la que no se ha avanzado.

Otro tanto ocurre con la modificación de la Ley de Salud autonómica que maduró en su lugar el propio Principado. Los primeros borradores remitidos a los grupos parlamentarios aspiraban a facultar al consejero a declarar la emergencia sanitaria, con capacidad incluso para confinar a la población. Es una intervención en los derechos fundamentales que causó dudas sobre su viabilidad jurídica.

La modificación sigue tramitándose dentro del Principado, con el objetivo de ser remitido a la Junta a lo largo del año. Es decir, llegará tarde para aportar soluciones al escenario que se abre el 9 de mayo. En el Gobierno regional asumen que toca diseñar un nuevo régimen de restricciones acorde a un escenario distinto. Asturias se convirtió ayer en la primera comunidad que pasa del 10% de población inmunizada pero sigue aún pendiente de los hospitales y los posibles brotes tras la Semana Santa.

La evolución de la vacunación y los contagios marcará la necesidad del nuevo marco; sus contornos dependerán de las orientaciones del Consejo Interterritorial y las posibilidades que ofrece la normativa en vigor. Las leyes de Salud y de Protección Civil, por ejemplo, dan margen para limitar horarios de comercios y bares y, según algunos juristas, también facultarían a marcar un tope a la reunión de personas.

Ante esas incertidumbres el gobierno regional optó ayer por no emitir valoración oficial sobre el reto al que le aboca la decisión de Pedro Sánchez. Sí lo hizo el portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, quien juzgó «precipitado» poner fin el estado de alarma. A juicio del popular lo que hace el jefe del Ejecutivo es «ponerse al venda» porque sabe que le costará sumar apoyos parlamentarios. En una línea similar, la de la Generalitat, Meritxel Budó, alegó que lo prudente sería esperar a ver cómo evoluciona la situación sanitaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vinculó la comparecencia de Sánchez -que también anunció la aprobación, el martes de la semana que viene, del plan de recuperación para el uso de los fondos europeos- con la campaña del PSOE para los comicios del 4 de mayo, en los que el presidente del Gobierno tiene intención de volcarse de manera muy directa; no en vano, ha puesto la estrategia del partido en manos de su jefe de gabinete en la Mocnloa, Iván Redondo.

Ayuso dio por hecho que los nuevos objetivos de vacunación son «falsos» y vaticinó que, como los anteriores -en enero se hablaba de llegar a junio con ese mismo 70% de la población vacunada- no se cumplirán.

Sánchez, que atribuyó el retraso a los problemas de suministro de la vacuna de AstraZeneca, insistió en que a partir de este mes todo se va a acelerar de manera notable gracias a la llegada de nuevas vacunas. El presidente del Gobierno se mostró entusiasta. «España-alegó- ya tiene un horizonte de salida».