Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería

Y es a esas palabras de Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno y consejera, a su vez, de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo a las que han decido acogerse un nutrido grupo de propietarios de pisos turísticos. Los representados por Margemar Inmobiliaria ya anuncian alegaciones al decreto, pero también algo más.

Su portavoz, Víctor M. Rosón, cree que si lo que se busca es «eliminar desigualdades» esa es una propuesta de doble dirección. «Si de lo que se trata es de empoderar a las comunidades de vecinos y que, para abrir un piso turístico en un edificio, sea necesite el voto a favor de tres quintas partes del total de propietarios, pedimos que eso sea requisito también para la apertura de locales hosteleros en los bajos del edificio».

Es decir que los vecinos, que con la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, de carácter estatal, y con el decreto regional, tendrán voz y voto para decidir si se abre o no un piso turístico en el edificio, «lo hagan también para decidir si en los bajos comerciales de su inmueble se puede abrir un local de hostelería». En un paso más allá, ya cuentan con asesoramiento legal para que la decisión no solo sea a futuro, sino que también «puedan cerrar los bares o los restaurantes que estén en el bajo del edificio y les estén dando problemas».

Porque, recuerda Rosón, el decreto que fija las condiciones de apertura, superficie, plazas y servicios que debe ofrecer una VUT, «incluye también que haya un medidor de ruidos». Y, precisamente, la de sonidos incómodos a deshora de la oferta hostelera es una de las principales quejas vecinales. «Queremos que la hotelería también tenga que instalar ese sensor», apunta Rosón, además de preguntarse «quién causa más ruido: un piso turístico o un bar».

Además de reclamar para las comunidades de vecinos esa posibilidad de veto, Rosón se suma a las declaraciones hechas ya tanto por la Asociación de Viviendas Turísticas de Asturias como por Casocia: «No somos los generadores del problema de la vivienda y sí somos fuente de riqueza». Sobre la primera acusación, que la apertura de viviendas turísticas resta opciones para vivir en determinados barrios o poblaciones, «no es cierto. El problema de la vivienda radica en la errónea Ley de Vivienda estatal, en la falta de vivienda protegida y en la excesiva vivienda vacía».

Y respecto a su aporte a la economía regional, Casocia ya hizo un informe que habla de 120 millones al año. Víctor M. Rosón recuerda que «de las VUTs viven empresas de gestión, lavanderías y tintorerías, empresas de limpieza, seguros, empresas de mantenimiento, de reformas, de alarmas y asesorías». Sin olvidar hablamos de «ahorradores que han comprado o heredado un piso, no de grandes fondos de inversión» y que «cada propietario paga una generosa cantidad proporcionalmente a lo facturado en su declaración de la renta».