Asturias advierte a los pisos turísticos: nada de cajetines en el portal, wifi obligatoria y hasta cuatro años de sanción a los incumplidores

Esas son, en síntesis, las claves del decreto para regular las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Asturias que este miércoles ha publicado el Principado en fase de información pública. Unas claves que ya había apuntado la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, tras «un proceso de escucha activa y diálogo y con los ayuntamientos». En opinión de la también consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, «con esta norma, el Principado vuelve a anticiparse y da un paso más en la ordenación de estos alojamientos, tras el camino iniciado con la reforma de la Ley 7/2001, de Turismo, que entró en vigor el pasado noviembre. El objetivo es, explica, «establecer criterios claros de calidad en el ámbito competencial autonómico y evitar los problemas que se dan en otros lugares del país». La regulación que establece el decreto, afirma, «se enmarca en el modelo turístico que promueve el Principado, basado en la calidad, la sostenibilidad y, especialmente, en la convivencia, respetando, además, la identidad del territorio».

Pretende con él «garantizar la convivencia», para lo que «la reforma de la Ley de Turismo exige a las VUTs disponer del certificado de acuerdo de la comunidad de propietarios, así como la obligatoriedad de publicitarse con un número de registro en todos los canales en los que se comercialicen».

Entre las novedades que recoge el texto destaca el refuerzo de las funciones de los ayuntamientos, a los que Principado «ofrece su colaboración para que, de manera voluntaria y a través de la firma de convenios, puedan recibir asesoramiento y formación técnica específica. De esta forma, se refuerza la colaboración entre administraciones y se garantiza agilidad y eficiencia en la respuesta». Pero también apoya a los propietarios. Si en tres meses el consistorio de turno no ha respondido a la petición, se podrá dar de alta la vivienda sin ese requisito.

Llamedo asegura que «hemos escuchado al sector y a la ciudadanía, por eso esta regulación nace de un consenso al que también hemos incorporado a los ayuntamientos, para tener un modelo de calidad en el que no caben las viviendas de uso turístico ilegales». Además, se busca «reducir el impacto que las VUT tienen en la disponibilidad de vivienda para uso residencial».

En lo que respecta a la guerra abierta entre esta fórmula de alojamiento, que se disparó durante y tras la pandemia, y los establecimientos profesionales, señala la vicepresidenta que el texto que sale a información pública «elimina desigualdades y las VUTs tendrán que cumplir los requisitos técnicos equiparables a los de hoteles, casas rurales o apartamentos turísticos».

En este sentido, deberán contar con un plan de seguridad técnica y salubridad, como cualquier otro establecimiento turístico. Ese plan tendrá que incluir medidas de protección contra incendios, un plan de autoprotección y emergencia, la disposición de agua apta para el consumo y medidas de control y mantenimiento higiénico del sistema de agua sanitaria.

Pero incluye normas que no afectan a la oferta reglada, como el límite de ocho plazas como máximo por vivienda, que haya un baño equipado por cada cuatro plazas o la entrega presencial de llaves, con información turística y servicios básicos, o contar con conexión a internet.

Entre las normas, los propietarios de VUTs deberán incluir oferta de servicios de mantenimiento, limpieza y reparaciones, realizar un justificante de pago obligatorio, con todos los datos de la estancia. Además, también se establecen superficies mínimas en función del número de ocupantes de la vivienda: 25 metros cuadrados para una persona, 33 para dos y, a partir de tres personas, 15 metros cuadrados por cada una. En cuanto al tamaño de las habitaciones, deben tener un mínimo de seis metros cuadrados si son individuales; 10, las dobles, y 13, las triples. Por su parte, el salón ha de contar con un mínimo de 8 metros cuadrados, o hasta 11 si tiene sofá cama de 1,35 metros.

El nuevo texto también endurece las sanciones para luchar contra los alojamientos ilegales. Así, se suspenderá la actividad turística por un período de entre seis meses y cuatro años, según la gravedad de la infracción, en los casos en los que se incumplan los requisitos establecidos en el decreto regulador.