Faustino Zapico, director general de Consumo : «La nueva ley propone sanciones que sí disuadan de abusar de los consumidores»

–¿Para qué se hace esta ley?

–Tenemos en vigor una que es bastante buena, pero que se aprobó en 2002 y ha quedado obsoleta. Los hábitos de consumo de los asturianos han cambiado mucho con las ventas 'online', por catálogo o a distancia. Hace 23 años de eso solo teníamos el boletín de Discoplay. Nos pusimos manos a la obra con la misma asistencia técnica que nos ayudó con la ley de bebidas energéticas y estamos bastante satisfechos.

–¿Cuáles son las principales novedades?

–La nueva ley propone sanciones que disuadan de abusar de los consumidores. Las que hay en la norma de 2002 poco más que están en maravedíes; de hecho, para no perder poder de disuasión en los expedientes estamos poniendo las multas más en base a la normativa estatal.

–La infracción leve que la norma actual deja en 3.600 euros, con la nueva puede llegar a los 10.000. La grave que ahora no pasa de los 18.000, el proyecto la amplía hasta las 100.000 de máximo. ¿Qué más cambia?

–La legislación estatal señala que el taller que hace una reparación debe darte un mínimo de tres meses de garantía. Nosotros nos hemos ido a los seis meses, siguiendo el ejemplo de Cataluña. También adaptamos la norma a la Ley de Uso del Asturiano, introduciendo referencias a los derechos lingüísticos, tanto de las empresas como de los consumidores para que tengan derecho a usar el asturiano si hay consenso.

–Uno de los ejes del texto pasa por potenciar el arbitraje.

–Eso ahorra dinero a todos, al ciudadano porque no tiene que pagar abogados para reclamar en el juzgado, a la empresa por lo mismo y a la Justicia porque le evita carga de trabajo. Queremos que sea más fácil resolver el conflicto con una empresa, lo que pasa es que las adhesiones a las juntas de arbitraje es voluntaria para ellas. Estamos viendo así que las eléctricas sí se adhieren, pero los bancos no.

–El articulado pone mucho énfasis en la reparación...

–Sí, es que hemos visto que muchas veces compras un horno en una gran superficie y luego no tienes forma de contactar con el servicio técnico o este es inexistente. La norma quiere garantizar el derecho a contar con un reparador, que ese servicio exista y no sea un unicornio.

–El texto dice que debemos ser protegidos de la «obsolescencia prematura». Explíquelo.

–Tenemos derecho a saber la vida útil de lo que compramos, a conocer cuánto estima el fabricante que va a durar un teléfono móvil o un horno. Es razonable que el vendedor lo indique.

–¿Será obligatorio?

–Hay una obligación de dar una estimación, pero las cuestiones de etiquetado son competencia estatal. Hay ámbitos en los que no nos hemos podido meter por desgracia; ganas no nos faltan.

–Ponga un ejemplo.

–Evitar que las empresas de telefonía o eléctricas llamen acosando a la gente. Regularlo es competencia estatal.

–Entre los derechos que sí pasarían a estar reconocidos está el de «no ser objeto de técnicas de diseño engañosas o manipulativas, tales como patrones oscuros, obstáculos al desestimiento, laberintos de consentimiento, presión emocional o interferencias conductuales».

–Es una novedad, sí. Hace años casi toda la venta era física, directa, pero ahora tenemos por teléfono prácticas que rayan en la ilegalidad, técnicas para que te cambies de compañía de gas o electricidad bajo engaño. Eso hay que regularlo.

–¿Cuáles son las principales quejas que ponen los asturianos?

–Bancos, compañías eléctricas y de telefonía generan un gran volumen, pero tramitamos una gran variedad de casos y cambia mucho de un año a otro. Por ejemplo tenemos mucho de gente que va a arreglar el coche y lo recupera peor, o de mucha empresa pequeña que no da la atención debida. También de obras de reforma que te la dejan parada con la casa patas arriba.

–Esta ley, ¿aumentará o disminuirá las reclamaciones?

–Al reconocer más derechos puede aumentarlas, pero normalmente el que se queja a Consumo no lo hace por vicio, llega después de que le mareen.