Fedea cree que el cupo catalán sería cada año más «complejo, caro e inefectivo»

«Ambas propuestas comportan un peligro cierto de deriva hacia un peculiar sistema de gestión tributaria descentralizado a la carta que sería crecientemente complejo, caro e inefectivo, sin aportar nada a cambio al autogobierno regional», previene.

Al contrastar los dos textos, De la Fuente destaca que el de PSC y ERC partía de un diagnóstico según el cual Cataluña padecía una «infrafinanciación severa» y como solución proponía «una reforma radical del modelo de financiación de la Generalitat que avance hacia la plena soberanía fiscal y suponga un aumento sustancial de sus recursos».

Ahora el punto de partida es notablemente distinto. Los gobiernos hablan de la «necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico, pendiente desde hace más de diez años», y por ello ofrecen un modelo para Cataluña «generalizable al resto». En el planteamiento anterior se iba a una «cesión gradual del 100% de los tributos de titularidad estatal a la Generalitat con asunción progresiva» de la agencia tributaria catalana. Ahora de lo que se trata es de ir haciendo reformas legislativas para que las agencias regionales que lo deseen (además de la catalana) «vayan asumiendo progresivamente competencias de gestión», avanzando hacia «un modelo en red con participación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria».

«Las diferencias entre los dos textos son notables, lo que no siempre los hace necesariamente contradictorias», indica la nota del director de Fedea. De la Fuente recuerda que el pacto ERC-PSC incluía dar el siguiente paso en una comisión bilateral de los dos gobiernos pero «lo esperable», a su juicio, es que el nuevo documento «rellenase al menos parcialmente los muchos huecos» que dejó el inicial. Especialmente existía la expectativa de que se fuera acotando «los criterios para el cálculo de las aportaciones de la Generalitat a la caja común y para el reparto de los fondos de nivelación, así como la adaptación del resto de los elementos del sistema de financiación autonómico para dar encaje a la excepción catalana».

En vez de ir concretando esos puntos «y hacer operativo el texto anterior», el acuerdo de la comisión bilateral «parece cuestionar, al menos implícitamente al omitirlos, algunos elementos importantes» del anterior. De la Fuente llama la atención sobre el hecho de que, por ejemplo, el nuevo acuerdo incluya una referencia a introducir el principio de ordinalidad, sistema según el cual la comunidad en la que más recuadación se recaude debe ser también la que más fondos reciba; se menciona, pero no en un apartado del que quepa deducir que el Gobierno central está por la labor.

El acento también se mueve sobre el escenario final. Antes se hablaba de una agencia catalana que lo gestionaría todo, y ahora se habla de un sistema en red. A ese cambio «habría que darle la bienvenida en la medida en que permitiría evitar que los territorios puedan acceder al control total de las llaves de la caja, dejando al Estado en una situación precaria». Con todo, ir a un sistema «asimétrico y a la carta» derivaría «inevitablemente en mayores costes y serias pérdidas de eficiencia».

En definitiva, concluye De la Fuente, «el culebrón de la financiación está aún lejos de haber terminado» y todo lo expuesto requiere de cambios legales que solo pueden aprobarse en el Congreso. «Que el Señor ilumine al guionista y le conceda el don de la claridad expositiva, a ver si así nos enteramos de una vez de qué es lo que nos quieren vender», termina la nota.