Los geriátricos privados asturianos, al límite: «Plaza que queda libre, plaza que se ocupa»

«Plaza que queda libre, plaza que se ocupa», asegura Marisol García, que no solo encabeza la Asociación de Residencias Geriátricas de Asturias (Argas), sino también es la portavoz de la Mesa Sociosanitaria de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Confirma García que «todas las residencias de Argas tienen lista de espera, la mía, entre 10 y 12. Estamos completos».

Situación que comparte Leo Díaz, presidente de la patronal con más plazas concertadas, la Asociación de Centros Geriátricos de Asturias (Ascege). «La demanda es altísima, estamos ya en cifras superiores a la prepandemia». Una búsqueda de plaza residencial que se agudiza «en las zonas urbanas. Ahí podemos decir que la demanda es total. Todas tienen peticiones y todas las plazas que quedan libres se cubren al instante».

Sobre la cifra global, ambos se sitúan en la que manejaba el ERA en febrero. «Estamos en esa línea», explicó Díaz, mientras que García aclaró las dificultades de tener una lista de espera fiable. «Hay muchas personas, quizá la mitad, que piden plaza en varias residencias a la vez. Y luego hay otro 10% que cambian su situación y ya no necesitan nuestros servicios».

Una dificultad que confirma la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. En estos momentos ultima un programa informático para contabilizar correctamente las peticiones, de forma que no aparezca la misma persona tras solicitudes diferentes. Además, en febrero ya apuntaba el Principado que el 74% de las personas que estaban en lista de espera tenían mientras aguardaban por plaza geriátrica «atención en el Sistema para la Atención y Ayuda la Dependencia (SAAD)», aunque solo 65 de ellos tenían como prestación vivir en un establecimiento de mayores.

Una lista de espera en la que aparecen, asegura Marisol García, «personas que vienen de otras comunidades autónomas, interesadas por el bajo precio que se paga aquí».

Y una demanda disparada que llega en pleno proceso de cambio del modelo de cuidados de larga duración. Una línea que fija mayoría de habitaciones individuales y espacios comunitarios más amplios. Tanto Leo Díaz como Marisol García coinciden en que el nuevo modelo «debe adaptarse» y «en ningún caso se puede bajar la calidad». La presidenta de Argas asegura que «tenemos que hacer un sector competitivo y accesible».

Para ello será necesaria una fuerte inversión económica que los propietarios de residencias afirman no poder asumir en solitario. «Hemos pedido una nueva partida de ayudas para transformar las residencias y contratar personal», recordó Díaz, quien confirmó que «la consejera aseguró que la habría», tal y como ella misma anunció en el transcurso de última edición de la Fidma.

El próximo día 10 el Principado y las patronales geriátricas asturianas vuelven a sentarse ante la misma mesa. El pionero grupo de trabajo creado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar antes del verano tiene como objetivo marcar la senda del nuevo modelo de cuidados de larga duración. La senda económica, ya que los empresarios aspiran a un modelo de acción concertada para garantizar que el pago que realiza el Principado para concertar una plaza privada se ajuste al coste real del servicio prestado.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, el Gobierno asturiano paga 48 euros al mes, menos de 2 euros al día, por cada una de las 2.013 plazas residenciales concertadas. Una cifra que sitúa a Asturias a la cola del país en cuanto a inversión por concierto de plazas geriátricas. La comunidad con mayor gasto en 'alquilar' plazas geriátricas a la red privada es el País Vasco. En concreto, a los empresarios de Guipúzcoa, que han firmado 117,6 euros al día. La media del país se alcanza los 76 euros al día por plaza concertada. Una cifra a la que aspiran llegar los empresarios asturianos.

Una negociación que pasa por abrir concursos de concertación similar a los que el Principado tiene ya en vigor con entidades sin ánimo de lucro para atención residencial a menores y a personas con discapacidad. El problema que surge ahora es que ese concierto con ONG se blindó en 2016, con la Ley de Acción Concertada. «Y nos deja fuera a los empresarios geriátricos», explicó el presidente de Ascege.

Leo Díaz está convencido de «la total voluntad de la consejera de solucionar el problema» y creen que todo llegará «con la aprobación de la Ley de Servicios Sociales», que podría abrir la puerta a conciertos plurianuales con empresarios geriátricos para garantizar la atención.