Gestión de la basura en Asturias: un informe de 2021 ya urgía al Principado a buscar un destino «adecuado» al nuevo material

El Plan 2017-2024 establecía que sobre el mismo había que hacer un «seguimiento periódico», creando una comisión a tal efecto en el Observatorio de la Sostenibilidad del Principado, en el que tiene asiento «los agentes sociales más representativos». Para facilitar la tarea la consejería debía emitir «con caracter al menos bienal» un informe calibrando los avances. En 2021 tocaba «un proceso de revisión».

Este sistema de rendición de cuentas no llegó a materializarse, o no como se había anunciado. El Observatorio de la Sostenibilidad primero dejó de convocarse, y luego fue suprimido por la Ley de Calidad Ambiental de 2023, que anunció su sustitución por un Consejo de Medio Ambiente que sigue sin constituir. Se perdieron así los cauces de consulta formales para controlar junto a ecologistas, vecinos y científicos la evolución de la basura.

Respecto a esos informes que debían hacerse «con caracter al menos bienal», solo se hizo uno, con datos cerrados de 2021, que se colgó en la web el año pasado. El análisis indica que el plan en vigor recogía 237 medidas distintas, de las que, a cierre de 2020, el 49% estaban sin iniciar, el 28% completadas y el 23% en curso.

El consultor que hizo el análisis de seguimiento es el mismo que elaboró el plan. Pese a ello a renglón seguido señala que en realidad había 52 medidas que «deben replantearse o no son sustanciales». Acto seguido las retira del examen y de esta forma mejora los resultados: el 65% de lo que ahora sí sería sustancial estaría ejecutado o en curso.

Con todo, Asturias estaba muy lejos entonces (y aún ahora) de cumplir los objetivos sobre los biorresiduos. Uno de los puntos fuertes del plan era que esperaba que los asturianos dejaran 60.000 toneladas al año de desperdicios de comida en los contenedores marrones ya en 2020; aunque se avanza, el pasado año la cosecha fue de 13.405 toneladas, es decir, cuatro años después de aquella fecha no se logra ni una cuarta parte. En 2020 se esperaba que el 50% de los residuos urbanos susceptibles de aprovechar pasaron por algún tipo de proceso, pero solo se llegó al 23%; del compostaje esperado solo se hacía un 43%. La idea era llegar a 2020 con puntos limpios en todos los concejos de más de 5.000 habitantes, pero solo se logró en el 10%.

El informe reconocía que la entrada en funcionamiento de la 'plantona' mejoraría mucho la estadística, pero no bastaba para cumplir con todos los objetivos marcados por la legislación, más aún si se seguía sin buscar destino al CSR que producirá. «Resultará indispensable plantear e impulsar medidas destinadas a lograr un destino adecuado al CSR». El informe avanzaba que «posiblemente» Asturias se viera en la obligación de exportar parte de ese material mientras buscaba soluciones dentro de la comunidad.

El consultor destacaba que desde la aprobación del plan habían salido leyes más exigentes y un ambicioso programa de saneamiento que cambiaba mucho las cosas en relación a los lodos. «Resulta necesario realizar una revisión en profundidad y actualización de algunos planteamientos estratégicos y medidas del plan», instaba el informe. El asesor expecificaba que hacer un nuevo plan o modificar el existente suponía el mismo esfuerzo.

Entre las urgencias que dejaba al nuevo plan estaba la de buscar destino a ese CSR.

Son los ayuntamientos los que tienen la competencia de gestionar la basura de los ciudadanos pero la ley deja en manos del Gobierno autonómico fijar un plan autonómico sobre la materia. Este programa marca prioridades, jerarquiza procesos y es, al final, el que establece qué tipo de instalaciones se pueden levantar para procesar la basura en un territorio y quién debe hacerlas.

El Plan asturiano 2017-2024 establecía que sobre el mismo se haría un «seguimiento periódico», creando una comisión en el Observatorio de la Sostenibilidad del Principado, en la que tendrían asiento «los agentes sociales más representativos». Para facilitar la tarea la consejería debía emitir «con carácter al menos bienal» un informe calibrando los avances y desviaciones sobre la hoja de ruta marcada. En 2021 tocaba además abordar «un proceso de revisión» de la misma.

Este sistema de rendición de cuentas y participación no llegó a materializarse. El Observatorio de la Sostenibilidad dejó de convocarse a partir de 2019 y luego fue suprimido por la Ley de Calidad Ambiental de 2023, que anunció su sustitución por un Consejo de Medio Ambiente. El problema es que el Principado sigue sin constituir este segundo foro.

Se perdieron así los cauces formales para controlar junto a ecologistas, vecinos y científicos la evolución de la gestión de la basura. Ahora que la Consejería de Medio Ambiente inicia la consulta pública previa para elaborar un nuevo plan autonómico 2025-2030 es IU-Convocatoria quien urge a su socio de Gobierno a abrir el foco e impulsar un proceso de participación amplio. Uno «donde todos quepan», según reclama uno de sus referentes, el director general de Agenda 2030, Juan Ponte.

Desconectar la gestión de los residuos de vecinos, ecologistas y científicos pudo contribuir a bajar el ruido político, pero dista de ofrecer un resultado eficaz. Al menos es la impresión que produce acudir a esos informes que debían hacerse «con carácter al menos bienal»: al final solo se hizo uno, con datos cerrados de 2021 y el Principado no lo colgó en su web hasta hace ahora un año. El análisis señala que la programación 2017-2024 (vigente aún por ausencia de otra que lo releve) contiene 237 medidas, de las que a cierre de 2020, el 49% estaban sin iniciar, el 28% ya completadas y el 23% en curso.

El consultor que hizo el análisis de seguimiento es el mismo que elaboró el plan. Pese a ello a renglón seguido señala que en realidad había 52 medidas del programa que «deben replantearse o no son sustanciales». Acto seguido las retira del examen y de esta forma mejora los resultados: visto así, el 65% de lo que ahora sí sería sustancial estaría ejecutado o en curso.

Con todo, Asturias estaba muy lejos entonces (y ahora) de cumplir varios objetivos legales y programáticos del plan. Uno de sus puntos fuertes era que esperaba que los asturianos dejaran 60.000 toneladas al año de desperdicios de comida en los contenedores marrones a partir de 2020; aunque se avanza, el pasado año la cosecha fue de 13.405 toneladas, es decir, cuatro años después de aquella fecha no se logra ni una cuarta parte.

Eso tiene consecuencias. Cogersa dispone de una planta de biometanización, en la que invirtió 16,4 millones y que, tras una década de servicio, no recibe ni la mitad del material esperado. No echar el biorresiduo a reciclar supone que Asturias incumpla la normativa y agota la vida útil del vertedero central, forzando a tener que buscar dónde abrir otro.

Más objetivos sin cumplir. En 2020 se esperaba que el 50% de los residuos urbanos susceptibles de aprovechar pasaron por algún tipo de proceso, pero solo se llegó al 23%. Del compostaje esperado solo se hacía un 43%. La idea era llegar a 2020 con puntos limpios en todos los concejos de más de 5.000 habitantes, pero solo se logró en el 10%.

El informe reconocía que la entrada en funcionamiento de la 'plantona' (ahora en reconstrucción) mejoraría la estadística, pero no bastaba para cumplir con los objetivos marcados por la legislación, más aún si se seguía sin buscar destino a las 150.000 toneladas de combustible sólido recuperado (CSR) que producirá: «Existe un alto grado de incertidumbre con respecto al destino del CSR producido (...) que pueden poner en serio compromiso el cumplimento de los objetivos planteados». En consecuencia la gestión de ese material «deberá ser apuntalada por un nuevo instrumento de planificación de residuos que habilite soluciones efectivas para el destino del CSR». «Resultará indispensable plantear e impulsar medidas destinadas a lograr un destino adecuado al CSR».

El informe aconsejaba aprobar un nuevo plan que aclare el uso de ese combustible, pero también por las leyes y estrategias más exigentes aprobadas a nivel europeo y nacional: «Resulta necesario realizar una revisión en profundidad y actualización de algunos planteamientos estratégicos y medidas del plan».

Ese es el reto que ahora ha heredado la consejería liderada por Alejandro Calvo, el de fijar cómo será la gestión de los residuos en las próximas décadas y resolver las incógnitas sobre la utilidad del CSR. El debate empieza ahora, con una 'plantona' que está a cinco meses de volver a funcionar y producir el combustible.