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Hace un mes y medio, en concreto el 4 de abril, el Principado de Asturias ordenó la suspensión de la actividad en la mina ... de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, explotada por Tyc Narcea. En este tiempo, partidos políticos, sindicatos, trabajadores y ayuntamiento han criticado la decisión del equipo de la entonces consejera Belarmina Díaz y han exigido la reapertura de la instalación. Ahora es la propia empresa la que habla, lamentando todo lo sucedido, dando explicaciones sobre todo el proceso y exigiendo lo mismo: su vuelta a la actividad.
El director facultativo de la mina ejerce de portavoz y no oculta su malestar ante una situación que, está convencido, es causa directa del terrible accidente ocurrido en Cerredo, además de «un grave error de la anterior Dirección General de Minas». El proyecto de Cangas del Narcea arrancó hace cuatro años y en todo este tipo, asegura el facultativo, «es la primera vez que nos solicitan toda la documentación que nos han pedido ahora». En este tiempo «ha habido tres consejeros distintos que lo han podido evaluar».
Cuando habla de 'error', el responsable de la empresa se refiere de una decisión «que no se ajusta a la Ley de Minas. La única forma legal de una paralización como la que nos hicieron en base a la ley es una infracción grave en materia de seguridad, por riesgos de seguridad de las personas o para el propio recurso, y con un acta previa que nunca ha existido porque no hemos tenido en nuestra mina ni una sola inspección desfavorable sobre seguridad minera». Es más, asegura que han tenido «dos inspecciones al mes aproximadamente, y todas favorables», una cuestión que aprovecha para destacar «la profesionalidad y rigor de los actuarios con nosotros en todo este tiempo». Insiste en la misma idea: «Las causas iniciales está claro que son administrativas desde el inicio y entendemos que no concurre ninguna de las causas que la Ley de Minas recoge como posibles causas de paralización».
En su caso, la actividad fue suspendida «cautelarmente por temas administrativos». En un primero momento por discrepancias sobre las toneladas que se habían extraído. «Ya lo explicamos al detalle y lo vuelvo a hacer. Nuestro material bruto sufre un proceso industrial de lavado que reduce cenizas y esto, junto con la variación de humedad o granulometría, ya es suficiente para que las toneladas extraídas no coincidan con las que van a la prueba industrial». Ha habido después otro requerimiento, para aclarar cuestiones sobre las pruebas industriales, algo que «también hemos detallado y se les ha explicado».
Sea como fuere, lo cierto es que la actividad está paralizada, salvo una serie de trabajos mínimos que el director facultativo personalmente solicitó para poder asegurar «el mantenimiento de las condiciones de la mina». Con todo, lamenta el director, «es una incertidumbre diaria; es muy injusto todo lo que nos está ocurriendo. Nosotros tenemos una autorización aprobada desde 2021 y cumplimos con ella de forma legal».
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Prosigue el director facultativo con las explicaciones: «Creo que es la primera vez en la historia de la Dirección General de Minas en Asturias que requieren este tipo de documentación a un Proyecto de Investigación Complementario (PIC)». Como queda dicho, en su caso es la primera vez que les requieren, «y nos han aprobado varias prórrogas al PIC, la última en enero de este año y de repente». Pero en abril cambió toda la situación: «Sin previo aviso, los anteriores responsables políticos deciden una paralización de este calibre en horas. Como director facultativo recibí la llamada para que abriera una notificación un domingo a la hora de comer. Comprobé, desafortunadamente, que nuestra resolución de suspensión cautelar ya se había filtrado casi 48 horas antes. Me pareció todo muy extraño, incluso el anterior director general cambió la forma habitual en la que se dirigían a nosotros».
Tiene la empresa muchas dudas y preguntas sobre el proceso, por lo que, asegura el responsable, han tratado de reunirse con la Dirección General de Minas «para darles las explicaciones sobre la documentación aportada, pero no ha sido posible». Por el momento no ha habido ningún cambio en la relación o comunicación desde que se aprobaran los cambios en el Gobierno y al frente de la consejería, al frente de la que ahora está Borja Sánchez. En cualquier caso, en Tyc Narcea tienen muy claro que el «error» es de los anteriores responsables de la Dirección General de Minas.
Y aun dando un margen a los nuevos gestores, apremian una solución. «La paralización pone en peligro el proyecto y todo lo que hemos realizado hasta la fecha. Espero que demuestren la celeridad de la que han hablado».
El Proyecto de Investigación Complementario de Cangas «tiene permiso de extracción. En un inicio fueron autorizadas 30.000 toneladas y luego se ha ido prorrogando hasta las 90.000 toneladas actuales. La última prorroga se firmo en enero de este año y, por cierto, no nos pidieron ninguna información de la que nos requirieron ahora». El director facultativo explica que, antes de presentar un proyecto de explotación hay que trabajar en el PIC y «comprobar que podemos acceder a una zona diferente a la antigua unidad productiva». Eso, explica, «nos ha llevado mucho tiempo». Después hay que comprobar que «nuestro producto sirve para los usos que deseamos y esto solo se puede saber con las pruebas industriales, que en siderurgia pueden ser de muchas miles de toneladas y con pruebas que se alargan mucho en el tiempo dependiendo de dónde se hagan y hasta que se de por homologado el producto».
Dice el portavoz de la empresa que tenían preparado el proyecto de explotación, que tarda en elaborarse entre 12 y 18 meses. «Fuimos gestionándolo como nos indicaban los responsables de la Administración. Entendemos que, como teníamos toneladas pendientes de extraer del PIC, es lógico que nos fueran dando las prórrogas a la autorización».
Defiende la empresa la «calidad» de la antracita con la que están trabajando. «Es muy proyecto muy valorado y no solo en España; está legalmente autorizado y es viable 100%. La calidad de nuestro producto es exclusiva, por su bajo contenido en volátiles, cenizas y azufre». Es más, asegura que en la zona sin explotar habría tres millones de toneladas de material por extraer, trabajo para 20 años y una generación de empleo de 150 puestos directos.
Por el momento la empresa ha invertido en la instalación cuatro millones de euros. No pueden calcular el perjuicio económico que supone la paralización, aunque «es una cantidad muy elevada». Pero sí tiene claro que la falta de actividad supone un riesgo: «La mina está viva y la rampa aprieta, todo lo que sea seguir paralizada puede hundir la rampa y peligrar el inicio de actividad».
La empresa defiende todo lo hecho hasta ahora y las opciones de futuro: «Aquí se ha invertido y trabajado en conseguir demostrar que existen otros usos distintos e innovadores de nuestro producto, es estratégico y estamos dentro de las materias primas esenciales. Pero lo más importante que tengo que decir y deberían valorar desde la Administración es que el resultado ya es una realidad, da trabajo a más de cien familias entre puestos de trabajo directos e indirectos y a pleno rendimiento llegarán a mas de 150. Por lo tanto, también es un proyecto social para el sur occidente de Asturias, que buena falta nos hace y por el que vamos a luchar hasta el final».
Las últimas palabras del director facultativo de la mina son de agradecimiento hacia los trabajadores y «a la gente de Cangas por su apoyo, también a todos los representantes sindicales que, junto con los políticos de la Corporación de Cangas también han manifestado su apoyo hacia nosotros».
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