Las inspecciones que realiza Seguridad Minera «suelen ser a instancia de parte» y con previo aviso a la empresa afectada

Porque si en algo coincidieron los ingenieros Yago Francisco Villa, Beatriz Herrero y Alejandro Álvarez es en que compete al director facultativo de la mina, y en última instancia a la propiedad, cumplir con la normativa y las preceptivas medidas de seguridad. Es suya, por tanto, «la máxima responsabilidad» en las labores realizadas y las condiciones de trabajo. Pero, ¿se hizo desde Seguridad Minera un seguimiento adecuado de la mina de Cerredo? Esa pregunta, que los miembros de la comisión formularon de muchas formas distintas, sigue en el aire.

Yago Francisco Villa aseguró que «no conozco» la explotación minera de Degaña, en la que murieron cinco trabajadores el pasado marzo como consecuencia de una explosión de grisú. Ha sido propuesto, eso sí, como instructor del expediente sancionador que se le abrió a la empresa titular de la mina por un accidente anterior, ocurrido en agosto de 2022. Pero este siniestro, en el que falleció un trabajador y otro perdió una pierna, permanece 'sub iudice' y «todavía no ha llegado a mis manos la documentación» correspondiente.

A Villa se le preguntó, no obstante, por el funcionamiento de la Sección de Seguridad Minera y de sus explicaciones se desprendió que «la mayoría de nuestras actuaciones son a instancia de parte». Es decir, cuando se proceden a inspeccionar una mina, «normalmente se avisa al director facultativo o a los responsables que vamos a ir». Algo que no pasó desapercibido para los miembros de la comisión, aunque «pocas cosas hay subsanables en minería en un corto período de tiempo», quiso precisar el técnico.

La cuestión es que los diputados quisieron abundar en el asunto y preguntaron por esto mismo a Beatriz Herrero y a Alejandro Álvarez. Entre las competencias profesionales de Herrero, no ha estado nunca la mina de Degaña. La única relación que ha tenido con el llamado Grupo Cerredo, titular de los derechos sobre la explotación, está relacionada con la certificación de tres operarios de pala cargadora y «me limité a comprobar que la documentación estaba conforme a normativa», subrayó.

En cuanto a la naturaleza del seguimiento y control que llevan a cabo los técnicos de Seguridad Minera, «las inspecciones de oficio son algo excepcional». O dicho en palabras de Alejandro Álvarez, actuario de la mina de Cerredo entre mayo de 2020 y enero de 2023, «son menos habituales», ya que «el grueso de nuestro cometido es tramitar las solicitudes» relacionadas con la actividad minera que entran por registro.

«Es un expediente realmente complejo, difícil de conocer, tutelar y dirigir». Alejandro Álvarez, funcionario de la dirección general con competencias en minería e ingeniero de la Sección de Seguridad Minera, quiso así poner en situación a los diputados que componen la comisión investigadora de la Junta General del Principado. «Estamos hablando de más de 600 hectáreas de terreno, 100 kilómetros de galerías y varios cambios de titularidad», subrayó.

Fernández inspeccionó la mina de Cerredo antes y después del accidente de agosto de 2022. En su informe sobre aquel siniestro incluso refiere indicios de «actividad extractiva clandestina» en la planta sexta, esto es, sin la preceptiva autorización. «Llegué a esa conclusión al analizar los testimonios y el contexto en el que se produjo el accidente, y así lo reflejé», señalaba ayer en comisión parlamentaria. Pero «yo nunca vi extraer carbón», afirmó en otro momento de su comparecencia.

En cuanto al accidente ocurrido en marzo de este año, «no procede que emita juicio porque lo desconozco», ya que la mina de Cerredo dejó de estar bajo su competencia como actuario en enero de 2023. «¿Es razonable que una explotación no tenga una inspección en siete meses?», le preguntaron, en cualquier caso. «No hay nada reglamentado al respecto», fue su contestación. «¿No cabía ser más celosos en el seguimiento de una mina en la que usted vio indicios de extracción fraudulenta?», le apretaron los diputados. «No cabe prejuzgar las solicitudes que llegan, sino que hay que valorarlas y ver si cumplen o no los requisitos», salió al paso Alejandro Álvarez, que incidió en que «sólo se autorizan los proyectos que cumplen».