Juicio por la muerte de dos operarios en un alud en San Isidro: «La condena es casi irrisoria para la gravedad de los hechos»

El juicio por la muerte de los dos operarios que quedaron sepultados por un alud en el puerto de San Isidro duró poco más de un cuarto de hora. El acusado, jefe del Servicio de Conservación y Explotación de Carreteras del Principado, no quiso añadir nada nuevo al acuerdo alcanzado con la Fiscalía, que implica admitir su responsabilidad en lo sucedido y dar por buena una pena de 2 años de prisión, que nunca llegará a ejecutarse al no contar el acusado con antecedentes penales. Las que sí tuvieron algo que decir fueron las abogadas que ejercen la acusación en nombre de uno de los trabajadores y su familia, al considerar que la condena planteada «es casi irrisoria para la gravedad de los hechos. No nos olvidemos que se han producido dos muertes».

Así, la letrada María Martín plantea que se amplíe la pena de prisión a cuatro años por homicidio por imprudencia grave y tres más por un delito contra los derechos de los trabajadores. Pero no sólo. Esta mañana, en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, incidía en la inhabilitación del acusado como parte complementaria de la condena. «No es razonable que siga ejerciendo su cargo cuando los hechos ocurrieron porque no actuó con la diligencia debida», esgrime María Martín.

Argumento al que se adhirió Beatriz González, letrada de CSI que ejerce la acusación popular «para apoyar a la familia» de Virgilio García, que falleció arrastrado por un alud junto a su compañero César Fernández cuando ambos limpiaban de nieve la carretera del puerto San Isidro en medio de un temporal que dificultaba el tráfico de vehículos. «Se produjo una negligencia grave y no creo que el acusado deba irse de rositas», sostuvo González, una vez que la magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo diese el caso visto para sentencia.

Consideran por tanto, y así lo defendieron, que la condena debe llevar consigo una inhabilitación. No para ser funcionario ni trabajar, pero sí para desarrollar el cargo de jefe de Servicio que mantiene en la actualidad. Y para que así sea María Martín plantea dos posibles vías: o bien que la inhabilitación forme parte de la pena principal o que se imponga como pena accesoria. En el primer caso, sería independiente a la condena de cárcel decretada y María defiende que se prive al acusado durante un período de 6 años de cualquier cargo de responsabilidad o jefatura. En el segundo, los años de inhabilitación serían los mismos que de cárcel.

«El acusado sigue siendo jefe del Servicio de Conservación de Carreteras y entendemos que no debería seguir desarrollando ese cargo después de que reconociese los hechos», insistió la abogada que representa a la familia de Virgilio García, que fue encontrado en una ladera, sepultado bajo la nieve, un mes después del accidente. Él y César Fernández iban abriendo paso con una máquina quitanieves cuando, a la altura del Mirador de Zubillaga, se atascó el vehículo y tuvieron que salir a arreglarlo. En ese momento, un gran alud los llevó por delante.

«Mi cliente cumplió con todos los protocolos existentes en 2021. Lo que ocurrió fue una fatalidad fruto de la mala suerte», sostiene el abogado de la defensa, Javier Martínez, que no comparte «en absoluto» ni la petición de más pena de cárcel ni tampoco de inhabilitación. «Estaba en Oviedo y en ese momento aplicó todos los protocolos existentes. Insisto, todos», subrayó. El acusado asume, además de los 2 años de cárcel que solicita la Fiscalía, el pago de una indemnización de 1.800 euros.

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