La Junta aprueba la ley de Ciencia y sienta las bases para crear el CSIC asturiano

La norma salió adelante gracias al apoyo casi unánime de la Cámara, con la única abstención de Vox, y con numerosas referencias y muestras de cariño a la figura de Borja Sánchez, para quien, según trasladó Llamedo, hoy fue «su mejor día como consejero asturiano». Aunque la oposición sacó defectos a la norma, y dudas sobre su futuro desarrollo, en general los grupos coincidieron en que se trata de una ley muy necesaria, centrando el debate político en la enmienda presentada por IU-Convocatoria por Asturias, en la que proponía que el Principado renunciara a la investigación con «fines militares», pero que únicamente recibió el apoyo de la diputada Covadonga Tomé, mientras el resto la tildaron de demagógica.

El texto legal incluye medidas de convergencia europea en la planificación para la ciencia, la tecnología y la innovación, con una duración de los programas marco de siete años, frente a los cinco actuales. Esta ampliación, que se incluirá en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) a partir del año 2028, permitirá planificar con más tiempo y dará estabilidad a las convocatorias de atracción y retención de talento, con el objetivo de atraer aún más inversión extranjera directa y talento global.

La norma persigue, además, fortalecer las relaciones en materia de I+D+i entre administraciones, empresas, centros tecnológicos y de investigación, como el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el ISPA-Finba, la Universidad de Oviedo y la ciudadanía. Uno de los puntos clave es la creación de un Cuerpo Superior de Investigación, siguiendo el modelo del CSIC, de forma que el Principado pueda contar con personal investigador dentro de la Administración. La ley incluye tres escalas: profesor/profesora de investigación, investigador/a y científico/a titular.

La ley contempla también cuestiones centrales como la identificación y registro de todos los agentes que participan en la I+D+i asturiana, el impulso a la ciencia abierta para hacer públicos los resultados de la investigación, la puesta en marcha de un observatorio de la innovación o la transferencia de conocimiento y de la innovación empresarial, así como la creación de entornos controlados de pruebas (sandboxes) y el fomento de la compra pública innovadora. Los principales ejes del proyecto serían:

El Cuerpo Superior de Investigación previsto en la norma estará formado por tres escalas: docentes, investigadores y científicos titulares. Todas las personas integrantes de este grupo deberán tener título de doctorado y estarán encuadradas en el grupo A1 de la Administración pública.

El proyecto de ley establece que en los presupuestos autonómicos se incrementarán anualmente, de forma regular, los fondos destinados a la investigación, la tecnología y la innovación, con el propósito de converger con las estrategias nacionales y europeas.

Ese aumento responde a un porcentaje de inversión objetivo por años, que se concreta del siguiente modo: 2,4% para este año; 2,7% para 2025; 3,1% para 2026; 3,5% para 2027; 3,8% para 2028; 4,2% para 2029 y 4,6% para 2030.

El escenario final supone que la inversión en I+D+i llegue al 3% del PIB regional en 2030, lo que en cifras estimativas supone 1.075 millones en total, sumando tanto fondos públicos como privados. De esta cuantía, algo más de 237 millones corresponderían a la Administración regional, según la proyección anual que recoge la memoria económica del proyecto de ley.

La norma contempla la creación del registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (SACI), un medio público que servirá como inventario y facilitará también la evaluación de todos los agentes. Por otro lado, esta base permitirá conocer la inversión real en I+D.

El Observatorio Asturiano de la Innovación, previsto también en el proyecto de ley, será una unidad adscrita a la Consejería de Ciencia y encargada de desarrollar un sistema para hacer accesible la información que manejan los agentes del SACI en formatos universales y reutilizables.

Esa documentación incluirá noticias científico-técnicas de actualidad, resúmenes de los proyectos de I+D+i financiados por el Principado, tendencias científico-tecnológicas, etcétera.

El Plan Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI) es el instrumento de planificación, gestión y ejecución del Principado en este campo. El documento definirá líneas estratégicas, acciones y objetivos para mejorar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la transferencia de conocimiento en la comunidad.

El Principado impulsará la participación activa del tejido empresarial en el desarrollo de la I+D+i, clave para estimular la productividad y la competitividad de la economía. Así, se estimulará la colaboración de las compañías con los organismos de investigación, se fomentará la creación de firmas de base tecnológica y se habilitarán espacios para que puedan desarrollar acciones de innovación.

La Administración autonómica, así como los organismos y entidades del sector público, promoverán la compra pública innovadora en los campos de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La norma apuesta por el fomento de las unidades de excelencia, una consideración que podrá ser acreditada en los términos fijados por la normativa estatal sobre ciencia, tecnología e innovación. Esta distinción supone el reconocimiento de los mejores equipos de investigación.

El Principado respaldará la protección y la transferencia de conocimiento, con el fin de que los resultados de la investigación científica e investigadora y de la innovación lleguen a la sociedad para que pueda beneficiarse de ellos.

Controlados de pruebas (sandboxes) para facilitar la ejecución de proyectos de I+D+i. Estos bancos de pruebas deberán circunscribirse a espacios geográficos delimitados, vinculados a infraestructuras científico-técnicas de titularidad pública.