La ley de Les Escuelines fija seis meses de plazo para abordar la integración laboral

La futura ley del Principado de Asturias por la que se establece la red autonómica de escuelas infantiles ‘Les Escuelines’ fijará un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para abordar el proceso de integración del personal, que afecta a unas 600 personas, así como sus nuevas condiciones laborales. Así lo recoge una disposición adicional añadida al texto en la ponencia de la ley, debatida estas últimas semanas, y cuyo resultado fue publicado ayer en el boletín de la Junta.

La nueva disposición fija un plazo de seis meses para poner en marcha una mesa de diálogo, «de la que formarán parte las organizaciones sindicales más representativas, a fin de abordar el proceso de integración del personal y sus condiciones laborales, analizando la viabilidad de aspectos tales como la consolidación laboral del personal interino a través de procesos selectivos específicos por el sistema de concurso de valoración de méritos, clasificación profesional en el grupo B del personal técnico de educación infantil y la posibilidad de un sistema de bolsa de empleo temporal donde se integren las personas que forman parte de las bolsas vigentes de los ayuntamientos teniendo en cuenta la antigüedad».

El texto, que se espera que pase próximamente al Pleno y sea aprobado con amplia mayoría, recoge también una segunda disposición adicional por la que se prevé la «incorporación diferenciada en la oferta de empleo público» de las plazas que no hayan sido objeto de procesos de estabilización de empleo temporal. De esta forma, se pretende garantizar el mantenimiento del empleo a las cerca de cien trabajadoras de escuelas de cero a tres años que no fueron estabilizadas por los ayuntamientos en tiempo y forma, tal y como reivindicaban los sindicatos.

Igualmente, en línea también con otra de las preocupaciones de los representantes laborales, se fija «el plazo máximo de un año» desde la entrada en vigor de la ley para que la administración del Principado negocie con las organizaciones sindicales «un reglamento de organización y funcionamiento de las escuelas infantiles» que regule, entre otras cuestiones, los servicios educativos y complementarios; los horarios de los centros y su distribución; la ratio de alumnado por grupo, estableciendo, con carácter general, dos profesionales educativos por aula, y la formación continua.