La Ley de Salud Escolar sigue adelante con el 'no' de los docentes

El anteproyecto de la ley fue publicado en noviembre del año pasado. Hasta ahora poco más se había sabido de su tramitación. La norma surge de esta necesidad: «Los avances en la comprensión de la salud mental, la importancia de hábitos alimenticios saludables, el impacto del entorno físico escolar y la necesidad de una coordinación intersectorial más eficaz». Así, la Consejería de Salud elaboró un texto que recoge una serie de medidas para lograr que los centros educativos asturianos estén libres de sobrepeso y obesidad, de caries, de enfermedades transmisibles, especialmente de transmisión sexual, de conductas suicidas, de adicciones, de violencia de género, de lesiones y violencia...

Sin duda, objetivos compartidos por todos. El problema llega cuando se concretan algunas de esas medidas. CSIF ha sido el primero en mostrar hoy su rechazo. El sindicato lamenta que se prescinda de personal sanitario en los centros mientras que se otorga a los docentes «tareas que no son educativas», asumiendo «responsabilidades impropias». Habla del sindicato de las necesidades que se dan en los centros: patologías crónicas, emergencias, salud mental, seguridad alimentaria, y rechaza que su atención pueda depender de «la buena voluntad del claustro docente». «Es un modelo de salud escolar de baratillo al que nos oponemos frontalmente. Nuestra posición es clara y coherente: salud escolar sí, pero con recursos reales y con los profesionales adecuados».

Por su parte, ANPE también ha dejado clara su postura. El sindicato lleva años exigiendo la figura de la enfermera escolar. El avance más importante que se hizo en Asturias en este sentido fue designar cierto número de enfermeras y psicólogos, personal de referencia para los centros, a quienes acudir para información, formación y atención cuando sea necesario.

ANPE fue el más beligerante cuando el Principado presentó la guía para facilitar la atención del alumnado con diabetes mellitus tipo 1 en los centros escolares «de modo seguro y eficaz». El objetivo, «proporcionar a los equipos docentes y al personal administrativo los conocimientos necesarios para asistir a estudiantes con esta patología y garantizar su plena inclusión». Una guía que nacía con la intención de ser la mejor de las noticias para las familias de esos alumnos se convirtió en una preocupación para el profesorado y ANPE y SATSE (sindicato que hoy también se ha opuesto a la Ley de Salud Escolar) llevaron el tema a la justicia. Toda la Junta de Personal Docente no Universitario acabó pidiendo la retirada de la guía.

Por eso, ahora siguen sin estar de acuerdo con la ley, que va en la misma línea. "ANPE ha votado en contra del anteproyecto de Ley de Salud Escolar, por considerar que una normativa de tanta trascendencia no puede carecer de concreción que pueda traducirse en atribuciones de funciones sanitarias a los docentes, que exceden sus competencias profesionales. La propuesta presenta ambigüedad respecto a la figura y límites del personal docente en la administración de medicamentos, no recoge de modo rotundo las reivindicaciones que ANPE ha trasladado en cuanto a la restricción del papel docente al deber general de socorro, ni blinda suficientemente al profesorado frente a exigencias de intervenciones sanitarias", explica Mariela Fernández, responsable de Plantillas del sindicato.