El nuevo mapa sanitario de Asturias, más cerca de su aprobación

Se cierra así el círculo de una tramitación administrativa que arrancaba en agosto del año pasado, después de que la Consejería de Salud presentase a todos los actores implicados el borrador del decreto que ampara la reordenación del mapa sanitario. Ese documento veía la luz en enero de 2024. Un año y medio después, y tras un proceso participativo en el que Saavedra se reunió con más de 150 entidades y colectivos, se somete a la aprobación definitiva del órgano competente, esto es, del Consejo de Gobierno.

Se da luz verde al nuevo mapa sanitario previo dictamen favorable del Consejo Consultivo del Principado, que se pronunciaba sobre el decreto a principios de junio. Dicho órgano había hecho «algunas observaciones formales» al respecto, que fueron debidamente recogidas por la Consejería de Salud. Consideraciones «sin ninguna importancia de fondo», que no alteran la previsión de reorganizar la sanidad pública asturiana en torno a tres grandes áreas de gestión, en lugar de las ocho actuales.

En el nuevo mapa sanitario, Asturias aparece dividida en Occidente Costa, que abarca el noroccidente (Jarrio) y la comarca de Avilés; Centro, que comprende el suroccidente (Cangas del Narcea), la cuenca del Caudal (Mieres) y todo el entorno de Oviedo; y Oriente, que abarca las actuales áreas sanitarias de Arriondas, Gijón y el Nalón (Langreo). Cada una de estas tres circunscripciones tendrá un hospital universitario de referencia: el HUCA será el del Centro, el Hospital de Cabueñes el del Oriente y el San Agustín el de Occidente Costa.

De esta forma, el departamento que lidera Concepción Saavedra pretende optimizar los recursos humanos y materiales existentes, además de modernizar la gestión del sistema público de salud, teniendo en cuenta la situación actual de Asturias a nivel de comunicaciones y dotación tecnológica. El actual mapa data de 1984 y la reforma de este instrumento de planificación sanitaria está concebida para «promover el trabajo en red, crear circuitos asistenciales comunes, ampliar la cartera de servicios en cada una de las tres grandes áreas o incrementar la equidad», según ha explicado en numerosas ocasiones la Consejería.

Con esta reordenación se busca, además, «fortalecer los hospitales comarcales y los centros sanitarios de la zona rural, que mantendrán su identidad al tiempo que se beneficiarán de una organización de mayor tamaño, que impulsará el intercambio de conocimiento de manera natural en las actividades asistenciales, docentes e investigadoras». O dicho de otro modo: la reforma que se aprobará el lunes no implicará el cierre de «ningún» dispositivo sanitario. Algo en lo que ha insistido la consejera de Salud por activa y por pasiva ante los recelos que el nuevo mapa sanitario suscita entre los vecinos y alcaldes de las alas de Asturias.

Tras la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, ya sólo quedaría que la reordenación del mapa sanitario se publique en el Boletín Oficial del Principado (BOPA). No obstante, los efectos de su entrada en vigor no serán inmediatos. La Consejería de Salud necesitará un margen de tiempo para poder aplicar el decreto.

Según el documento sometido a información pública, se requerirá un período de adaptación de al menos tres meses. Aunque para determinar la estructura directiva de esta nueva organización sanitaria «habrá un plazo de seis meses», a partir de la entrada en vigor del decreto que ahora completa su tramitación administrativa.

Todo apunta, por tanto, a que la transformación inherente al nuevo mapa sanitario no culminará hasta finales de este año o principios de 2026. La implantación de un nuevo modelo de gestión no sólo implica reducir cargos directivos, al no haber ya ocho gerencias sanitarias, sino tres. La Consejería de Salud también deberá rematar la negociación que mantiene con las organizaciones sindicales sobre aspectos de carácter laboral.

Entre las cuestiones que hay que concretar está, por ejemplo, la regulación de los llamados puestos de difícil cobertura. El Principado contempla la posibilidad de incentivar a los profesionales que accedan a trabajar en zonas o servicios que, bien por su ubicación geográfica o bien por su carga asistencial, no logran cubrir su plantilla orgánica.

Esas compensaciones no sólo serán económicas, sino también laborales, como la flexibilidad horaria o la obtención de una mayor puntuación en los procesos selectivos. El proyecto, que se encuentra en fase de información pública, sigue sin apaciguar las dudas de los sindicatos, preocupados por la repercusión que el mapa sanitario tendrá sobre la movilidad forzosa de profesionales.