La mascarilla vuelve a ser obligatoria y el Principado tramita ya el pasaporte covid

El Gobierno nacional vuelve a imponer, seis meses después, el uso de la mascarilla en exteriores y el Principado ha decidido, aunque inicialmente no era partidario, pedir autorización judicial para implantar el 'pasaporte covid'. Todo ello a dos días de la Navidad y con cifras récord de contagios, lo que obligó a Pedro Sánchez a mantener ayer una reunión de urgencia con los presidentes autonómicos para consensuar una estrategia común frente a esta sexta ola epidémica.

Horas antes de dicha reunión, el Gobierno del Principado acordaba pedir al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la autorización necesaria para poder exigir el 'pasaporte covid' en los locales y actividades que se consideran de mayor riesgo. Las autoridades sanitarias asturianas, e incluso el propio presidente regional, habían manifestado en varias ocasiones sus dudas sobre esta medida. De hecho, solo hay cinco comunidades donde todavía no se ha implantado, y una de ellas es Asturias.

Ayer, sin embargo, se presentó como «un acompañamiento muy útil» de las medidas establecidas para evitar el avance de la pandemia. Juan Cofiño, presidente en funciones del Principado mientras Adrián Barbón se recupera de su infección por coronavirus, llegó a defender que «hace posible optimizar los niveles de vacunación», cuando precisamente una de las objeciones que los técnicos de la Consejería de Salud le ponían hasta ahora al 'pasaporte covid' era que su uso no suponía grandes ventajas para una región como Asturias, que cuenta con la mayor cobertura vacunal del país.

Si el TSJA finalmente lo permite, será necesario presentar el certificado de vacunación para acceder a discotecas y locales de ocio nocturno; establecimientos de juego y apuestas; gimnasios; eventos multitudinarios que se celebren en espacios cerrados; instalaciones o recintos donde se permita el consumo de bebidas y comidas (teatros, polideportivos, cines o circos); así como en centros sociosanitarios, especialmente geriátricos. La acreditación, que tiene carácter extraordinario y estaría vigente durante un mes, no será obligatoria en menores de doce años.

«En cualquier caso, no entraría en vigor antes del lunes», precisó Cofiño. Por parte del Principado, no habrá de momento más medidas, aparte de la anunciada ayer y de la obligación de instalar medidores de CO2 en toda la hostelería y gimnasios, como garantía de una buena ventilación de los espacios cerrados. Según el presidente en funciones, «la pandemia está bajo control» y, a día de hoy, estas son las medidas «que corresponden» a la actual situación epidemiológica de Asturias.

No obstante, Juan Cofiño abogó en la Conferencia de Presidentes, que se llevó a cabo de forma telemática, por aplicar las mismas medidas en todas las comunidades en función del nivel de riesgo de cada una de ellas. Algo que lleva varias semanas barajando la Ponencia de Alertas del Ministerio de Sanidad y que no acaba de aprobarse. Y ayer, tampoco.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, marcó otras directrices menos severas. Además de la obligatoriedad de usar mascarilla tanto en interiores como en exteriores -que hoy se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario-, pidió que se intensificase la vacunación, fijando los siguientes objetivos: el 80% de la población entre 60 y 69 años debe tener puesta la tercera dosis antes de que finalice el año, algo que el Principado ya cumple; el grupo etario de 50 a 59 años, en la semana del 24 de enero; y el de 40 a 49 años, en la primera semana de marzo.

En cuanto a la vacuna pediátrica, las comunidades han de inocular la primera dosis al 70% de los menores de 11 años antes del 7 de febrero y la segunda, en la semana del 19 de abril. Todo apunta que a Asturias también alcanzará estos objetivos mucho antes de la fecha marcada por Moncloa, que propone solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para llegar a las tasas de inmunización establecidas. Incluso utilizar la red de hospitales militares.

Sánchez también anunció que se emitirán autorizaciones temporales para permitir la venta en farmacias de determinados test de antígenos de uso profesional, para que estén a disposición de toda la población y asegurar un autodiagnóstico más riguroso. Y para poder aligerar la presión asistencial que empieza a ejercer la sexta, la solución que se pone sobre la mesa es la contratación de personal jubilado y prejubilado, así como de profesionales de estados no miembros de la Unión Europea. El presidente del Gobierno compromete 292 millones de los Presupuestos Generales del Estado para incrementar el número de profesionales de Atención Primaria y mejorar sus condiciones laborales, ahora marcadas por la sobrecarga de trabajo que supone la pandemia.

A partir de ahora, además, las personas que hayan tenido contacto estrecho con un contagiado no deberán hacer cuarentena si están vacunados con pauta completa, algo que ya ocurre en Asturias desde el 10 de diciembre. Y, a partir del 1 de febrero de 2022, dentro del certificado covid de la Unión Europea, el período de validez de la vacunación será de nueve meses, desde la fecha de administración de la última dosis.

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