Medio Rural alega que no quería intervenir Ternera Asturiana, pero lo hizo «obligado» por la ley
PP, Vox y Foro le acusan de haber «vulnerado los derechos fundamentales» de dos candidaturas al consejo regulador haciendo una interpretación errónea de la normativa
La 'guerra de la carne' llegó al parlamento autonómico. Desde el 9 de junio la Consejería de Medio Rural tiene intervenido el consejo regulador de ... Ternera Asturiana IGP (Identificación Geográfica Protegida), por medio de una gestora. Contra la decisión se manifestó la Junta Electoral que gestionaba unos comicios para renovar la dirección de la IGP, e interpuso recurso la ejecutiva saliente.
El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, aseguró ayer que «nunca» tuvo interés en participar de la IGP y que estuvo al margen de las elecciones hasta el 22 de mayo. Ese día la Junta Electoral se reunió y constató una realidad. El consejo regulador está compuesto por representantes del sector ganadero y del industrial, teniendo cada uno de estos cuerpos electorales su censo y candidaturas. La junta confirmó que tenía dos listas aspirando a representar a las industrias, pero nadie dio el paso en el caso de los productores.
¿Qué hacer? El artículo 11 del reglamento electoral establece que si hay «dos o más candidaturas válidas presentadas el proceso electoral continúa adelante». El mismo artículo establece que «si no se presenta ninguna candidatura válida, la Junta Electoral podrá acordar por unanimidad prolongar el mandato de la actual junta directiva por otros cuatro años» si el presidente y la mitad de los vocales están de acuerdo; caso contrario, «la administración competente en materia agroalimentaria se hará cargo de ordenar una gestora como órgano de gestión de la marca».
Leídas las normas, ese 22 de mayo la Junta Electoral no mostró la unanimidad necesaria para renovar a la junta directiva, y optó por enviar una carta informando a la consejería «para que conste a los efectos oportunos, dando cumplimiento al artículo 11 del reglamento electoral».
«Esa comunicación obliga a intervenir a la consejería; de no hacerlo estaríamos en contra del reglamento electoral y los estatutos de la IGP», justificó Marcelino Marcos Líndez. «Este consejero no se aparta de la legalidad, no tiene interés ni preferencia por ninguna candidatura», aseguró. Para salvar la situación designó una gestora compuesta por empresas de la industria y sindicatos ganaderos, «con el objetivo de que organicen unas nuevas elecciones».
Según informó el consejero, el 29 de mayo se reunió con la Junta Electoral, que le propuso «nombrar a media gestora para la representación ganadera; les dije que la consejería no nombra medias gestoras, que en función de su artículo se nombraría una». Para evitarlo la Junta Electoral trató de revertir su carta del 22 de mayo y ampliar el plazo para presentar candidaturas al censo ganadero, actos que la consejería estimó ya sin validez.
Contra ese relato se revolvieron ayer Luis Venta (PP), Carolina López (Vox) y Adrián Pumares. «Usted no debía interpretar el reglamento, eso era cosa de la Junta Electoral; lo que ha hecho es vulnerar los derechos fundamentales de una parte del censo», recriminó el primero, en alusión a las dos candidaturas del sector industrial que quedaron abortadas con la gestora. Carolina López pidió al consejero que leyera el artículo que fija continuar con las elecciones si hay «dos o más candidaturas válidas», asegurando que ese era el caso.
El consejero replicó que, de serlo, no tenía sentido haber mandado la carta de 22 de mayo a Medio Rural, acusó a la oposición de «perjudicar» al sector y someter a su equipo al «acoso y derribo». Pumares, por parte de Foro, vio «intolerable que siempre nos atribuya intereses ocultos».
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