El miedo a ser político en Asturias

El mensaje anónimo recibido por la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz, de IU, amenazándola con correr la misma suerte que su colega llanisco, y las recientes rayaduras aparecidas en el vehículo de su compañero de bancada, José Manuel Pello, a través de las que el autor o autores le dejó el acrónimo DEP (descanse en paz), han puesto el foco a una problemática que en absoluto es exclusiva ni de Riosa ni de IU. Eso sí, la coalición, que se ha visto especialmente golpeada en las últimas semanas –se conocía el jueves que el coche del exalcalde de IU de Cangas de Narcea, José Manuel Martínez, apareció el pasado mes de julio calcinado en un monte de Ibias– ha tomado la iniciativa con la convocatoria de varias movilizaciones y ha solicitado la celebración de una junta de seguridad para abordar estos hechos. Especialmente graves si, finalmente, se demuestra que el asesinato de Ardines responde a razones políticas.

Abiertas todas las líneas de investigación sobre su asesinato, también la política

La muerte violenta de Javier Ardines el pasado 16 de agosto, concejal de IU en el Ayuntamiento de Llanes y miembro del cuatripartito que gobierna en este concejo desde 2015, sigue sin esclarecerse. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no se ha descartado por el momento que su asesinato –le golpearon tres veces y le asfixiaron hasta la muerte– pueda estar relacionado con sus funciones como concejal de Costas, Medio Rural y Personal. Los agentes han tomado declaración a todo su entorno familiar y laboral, pero también a sus compañeros en la corporación municipal e, incluso, a decenas de trabajadores del ayuntamiento, la mayoría de ellos interinos. Un sector con el que Ardines mantuvo notorios enfrentamientos en los últimos años debido a la decisión del gobierno llanisco de sacar a concurso las plazas que muchos de ellos están ocupando de forma supuestamente provisional desde hace años.

«Lo que le pasó a Ardines no es nada comparado con lo que te va a pasar a ti»

Solo unos días después del asesinato de Javier Ardines, la alcaldesa de Riosa, también de IU, recibía un escrito anónimo –elaborado mediante recortes de palabras– por debajo de la puerta de su garaje que decía: 'Lo que le pasó a tu amigo Ardines no es nada comparado con lo que te va a pasar a ti'. Una advertencia que puso inmediatamente en manos de la Guardia Civil y en conocimiento de la coalición, aunque no quiso hacerla pública hasta el pasado fin de semana, cuando, su compañero, José Manuel Pello, recibía otra amenaza de muerte. En su caso, a través de rayaduras en su vehículo con las que escribieron el acrónimo DEP. Fue sin duda la gota que colmó el vaso de la paciencia en el seno de la coalición, que ha pedido que se tomen medidas para acabar con este tipo de intimidaciones.

Díaz vincula estos hechos a su labor en el Ayuntamiento que, según ella misma indica, ha estado siempre empañada por un ambiente de crispación del que culpa a la oposición. Más que miedo dice sentir rabia y, aunque asegura estar dispuesta a «aguantar todo lo que tenga que aguantar», lamenta que este tipo de presiones hayan afectado también a su compañero, que trabaja de forma altruista. «Es muy injusto», concluye.

«Me pusieron clavos en las ruedas y me empapelaron el coche con notas vejatorias»

Pero las amenazas y ataques al patrimonio personal de los cargos públicos no entienden de siglas ni de ideología. De hecho, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Riosa, Ana García, encontró hace tiempo su coche empapelado con mensajes vejatorios e insultos tales como «puta socialista», «barata», «manipuladora», «mentirosa» y «fracasada» que, no le cabe duda alguna, están motivados por su condición de concejal.

Aunque lo más grave fue, un año después, en noviembre de 2017, cuando le pusieron clavos en las ruedas de su vehículo y le estalló un neumático circulando por la autopista. También sus hermanos sufrieron este tipo de ataques. «Desde entonces mis hermanos y yo tenemos por rutina mirar las ruedas», confiesa.

«No podemos estar recibiendo amenazas e insultos y que no pase nada»

También esta semana la alcaldesa de Ribadesella, Rosario Fernández, de Foro, hacía públicas las amenazas que ha recibido, acusa directamente, por parte «del propietario de un chiringuito ubicado en la localidad de Cueves». Asegura que los insultos vienen de lejos pero que, el pasado 26 de agosto, este individuo publicó un mensaje en una conocida red social que la alcaldesa interpreta como «una amenaza de muerte», y que denunció de forma inmediata ante el Juzgado de Instrucción de Cangas de Onís. Se trata de varios comentarios relacionados con el asesinato del concejal llanisco Javier Ardines que Fernández entiende que estaban dirigidos hacia su persona. «Escribió, entre otras cosas, 'cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar' y 'ahora podéis seguir con miedo'», detalla.

La primer edil lamenta, sin embargo, que el juzgado cangués acabe de decretar el archivo de su denuncia amparándose en la libertad de expresión del demandado. Piensa recurrir. «En algún momento alguien tendrá que parar todo esto. No se puede estar continuamente insultando y llegando a amenazar de muerte y que no pase nada», recrimina. Y es que no es un caso aislado en Ribadesella. «Recibimos llamadas de gente que nos exige licencias que son ilegales y nos amenaza con denunciarnos si no se las damos», explica a modo de ejemplo.

«Sospechas siempre se tienen, pero no lo puedo demostrar»

Estos días se conocía también que el coche del que fuera alcalde de Cangas del Narcea en el mandato 2007-2011, José Manuel Martínez, de IU, apareció quemado en un monte de Ibias a principios de julio. El vehículo había sido entregado por el exalcalde al Ayuntamiento el 30 de junio en cumplimiento de un requerimiento y permanecía en la nave municipal a la espera de ser subastado para satisfacer la deuda contraída. «Lo entregué porque me lo habían embargado. Y al parecer, lo sacaron de la nave y apareció quemado», relata Martínez, que ya interpuso una denuncia como propietario. Asegura desconocer quién puede estar detrás de estos hechos aunque, dice, «sospechas siempre tienes». Lo grave es que las llaves estaban depositadas en la caja fuerte del Ayuntamiento y, según reconoce el actual alcalde, José Víctor Rodríguez, «no se trata de un robo al uso, se trata de una sustracción interesada, presumiblemente», puesto que la cerradura de la nave no fue aparentemente forzada. Existen varias copias de la llave.

«Me aflojaron las ruedas de mi coche. Tenemos miedo, estamos indefensos»

La regidora de Ponga, Marta Alonso, contabiliza ya 43 pintadas con insultos a lo largo y ancho del concejo que gobierna desde 2015. Pero los ataques no se han quedado ahí. Ha interpuesto ya varias denuncias ante la Guardia Civil porque en varias ocasiones le aflojaron los tornillos de las ruedas de su vehículo, le robaron el combustible del depósito e, incluso, le metieron patatas en el tubo de escape. Los arañazos en su coche hace tiempo que ha dejado de contabilizarlos. «Sé que está vinculado a mi actividad política, pero no puedo señalar a nadie», admite. «Entiendo que por el cargo público que ocupo tengo que aceptar algunas cosas, pero las amenazas y este tipo de ataques que ponen en riesgo mi integridad física no son de recibo», sentencia la socialista, que denuncia que los alcaldes y concejales «estamos indefensos porque la legislación no contempla este tipo de acciones».

Su caso es especialmente grave porque la Guardia Civil le ha aconsejado adoptar todo tipo de precauciones.Variar sus horarios y recorridos, revisar su coche antes de cogerlo o ir hablando con el manos libres todo el recorrido con algún allegado son algunas de sus rutinas. «Claro que tenemos miedo, al final es tu vida la que está en juego y, lo que es más grave, la de nuestras familias», declara.

Sin embargo, no está dispuesta a que esta situación condicione su labor al frente del Ayuntamiento de Ponga y, admite además, «no todo es negativo, porque hay mucha gente que te agradece el trabajo y valora el sacrificio», reconoce la primer edil, quien cree que este tipo de agresiones son consecuencia del desprestigio en el que está inmersa la clase política. «Pero no todos somos iguales ni robamos a nuestros vecinos», se queja.

Marta Alonso no es la única de su equipo de gobierno que ha recibido amenazas. La teniente de alcalde, María de las Nieves Santos, del PP, también se encontró con rayonazos en su coche prácticamente nada más llegar al Ayuntamiento.

«Los alcaldes y concejales estamos a pie de calle y somos muy vulnerables»

Llevaba pocos meses como alcalde de Ribadedeva cuando se encontró la luna delantera de su coche totalmente destrozada. Reconoce que fue el episodio más grave que ha sufrido durante sus dos mandatos, aunque dice que son habituales las recriminaciones por parte de algunos vecinos críticos o molestos con sus decisiones. «No es lo mismo hacer política desde el despacho de una consejería que hacerlo en un ayuntamiento, donde estás a pie de calle y eres muy vulnerable porque, si alguien quiere hacerte daño, lo tiene muy fácil», reflexiona el regidor socialista, quien entiende que alcaldes y concejales «tenemos las espaldas abiertas».«Aunque intentamos ser imparciales y justos, nuestras decisiones a veces no gustan. Pero no por eso nos van a poner escolta. Es una situación complicada», reconoce Bordás, a quien el asesinato de Javier Ardines, con quien mantenía una amistad, le preocupa «no ya como político, sino como ciudadano de a pie. Aunque –añade– si finalmente se determina que es por una cuestión política, sería terrible».

«No encontré comprensión por parte de los ediles de IU. Me acusaron de mentiroso»

Daniel Sánchez Bayón, portavoz del PSOEen Lena, recibió a finales del verano de 2017 por correo ordinario en el buzón de su domicilio un anónimo repleto de insultos hacia su persona y con referencias claras hacia diferentes miembros de su familia. Un nota mecanografiada que concluía con una recomendación a modo de amenaza. «Ésta es la CUOTAque tienes que vigilar y no la de Villallana», en clara referencia a la tramitación administrativa del polígono de este concejo, con la que el edil siempre ha sido crítico por considerar que son varias las irregularidades que acumula.

Un tiempo después lo hizo público en las redes sociales y, ahora, en plena polémica abierta en relación a las amenazas a cargos políticos, lamenta que, en su caso, no encontrara «comprensión y solidaridad» por parte de los concejales de IU de Lena que, incluso, rememora, llegaron a cuestionar la veracidad de aquellos hechos. «Pidieron mi dimisión y me acusaron de mentiroso», recuerda el portavoz socialista, al tiempo que muestra el escrito del Juzgado número 2 de Lena que, si bien reconoce que los hechos son constitutivos de delito, decide sobreseer provisionalmente el caso al no conseguir averiguar la identidad del autor. «Los políticos somos servidores públicos. Gente normal que, como cualquiera, tenemos familia e hijos, y que nos dedicamos a la cosa pública sacrificando muchas veces de manera altruista nuestro tiempo libre. Nadie tiene derecho a someter a nadie a amenazas, ni a presiones, ni a agresiones, ni a violencia o intimidación de ningún tipo», resuelve Bayón. En su opinión, no es una cuestión que tenga que ver con los «colores políticos» sino con la «madurez democrática». «Tenemos la obligación de estar todos a una», defiende.

«Te sientes impotente porque tu familia también se ve afectada»

Apenas llevaba una semanas en el cargo como alcaldesa de Tapia de Casariego cuando Ana Vigón, del PSOE, se encontró su coche totalmente rayado. «Presenté la correspondiente denuncia y no se ha vuelto a repetir. Espero que fuera un hecho puntual», confía la regidora, quien advierte a los responsables de este tipo de acciones que no van a condicionar su trabajo. «Te sientes impotente, sobre todo por la familia, que se ve afectada», lamenta. «Los alcaldes y concejales estamos a pie de calle y tomamos decisiones que afectan directamente a ciudadanos, que pueden sentirse agraviados o no entenderlas. Pero en mi caso acababa de llegar, no me había dado tiempo a hacer nada. Creo que fue más una rabieta por el cambio de signo político que suponía mi nombramiento», reflexiona la regidora, al tiempo que defiende la «importancia» de que este tipo de actos, por leves que sean, se denuncien de forma inmediata. «No podemos callarnos», concluye.