El Observatorio de la Dependencia advierte de que la teleasistencia «no responde a las necesidades»

Así lo fija el ente creado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en su XXV Dictamen en el que solo aprueban nueve comunidades autónomas. Castilla-La Mancha y Castilla y León encabezan el ranking, con una nota de 8,3. Tras ellas aparecen la Comunidad Valenciana (6,4), Baleares y Madrid (5,8), Andalucía (5,6), Extremadura, Aragón y Galicia (5,3).

Además de Asturias, en el grupo de 'cateados' también aparecen comunidades con una gran capacidad inversora, como Navarra y País Vasco (4,7), además de La Rioja (4,2), Cantabria y Cataluña (3,6), Canarias (3,3) y Murcia (3,1). También suspenden las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ambas logran la misma mala nota que Asturias: 3,9.

No es una novedad que el Principado se quede en el furgón de cola en el examen anual que realiza el Observatorio. Sólo logró pasar la prueba en tres ocasiones. Logró un 6,5 en diciembre de 2008 y el aprobado raspado (5) en los exámenes de diciembre de 2014 y de 2021 .

Pese a que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar logró durante 2024 reducir el número de personas que tienen derecho a una ayuda, pero no la logran, el conocido como 'limbo' de la dependencia, el XXV Dictamen del Observatorio de la Dependencia critica la espera de 346 días para recibir una ayuda, la muerte de 1.415 a la espera del apoyo necesario y advierte de que se han perdido 667 puestos de trabajo.

El presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, explica esa caída en el hecho de que Asturias ha priorizado «prestaciones escasamente generadoras de empleo».

Y no sólo eso. En el exhaustivo análisis que hace el Observatorio de la gestión autonómica, señala que en Asturias hubo 1.913 nuevos beneficiarios el año pasado, pero la tasa de crecimiento, del 6,13%, es inferior a la de la media nacional, que llegó al 7,55%.

Incluso en su reducción del 'limbo' se quedó por debajo del resto. El recorte de la espera fue del 4,13% en Asturias. La media de España fue del 8,70%. En cifras totales, el departamento que dirige Marta del Arco cerró 2024 con 33.572 beneficiarios de la Ley de la Dependencia, 1.012 más que el año anterior.

Y ni siquiera ese recorte en la espera es achacable al buen hacer de la consejería. «El 13,65% de las personas que abandonaron la lista de espera lo hicieron por fallecimiento».

Del conjunto de beneficiarios, 33.127 ya cuentan con la ayuda a la que tienen derecho. Una ayuda que, de nuevo, vuelve a estar protagonizada por la paga al cuidador familiar. La prestación que figura como 'excepcional' en el texto legal, pero que por su bajo coste es la mayoritaria. A 31 de diciembre de 2024, eran 12.458 los asturianos con dependencia atendidos en su casa por un familiar. Son 1.053 más que el año anterior.

De hecho, critica el examen que de las 5.325 nuevas prestaciones aprobadas el año pasado, «teleasistencia alcanza un 63,7%, cuarenta y tres puntos sobre el año anterior». Mientras crece ese apoyo a la autonomía personal y la figura del cuidador familiar, las ayudas para vivir en una residencia bajan un 0,76% igual que caen un 41% quienes optan por acudir a un centro de día. El servicio de ayuda a domicilio solo representa el 0,92% del total. De ahí «la pérdida de 667 puestos de trabajo», en una región en la que la Ley de la Dependencia sustenta 8.283 empleos directos.

Todo con una inversión total de 109,6 millones «cálculo del coste directo de las prestaciones y servicios hasta el 31 de diciembre de 2024, sin incluir los costes indirectos y demás gastos de gestión», aclara José Manuel Ramírez.

El reparto de esa inversión también resta puntos para la gestión asturiana. Porque el 44,8% de los 109,6 millones, el 20,6% lo aportan los propios beneficiarios, mientras de las arcas regionales sale el 34,6% y de las del Estado, el 44,8%. «Mientras en la media nacional la aportación de la Administración central se sitúa en el 38,5%, en Asturias se eleva hasta el 44,8%».

Un recorte que también encuentra el Observatorio en el gasto público que realiza Asturias por cada persona dependiente «se sitúa en 4.199 euros al año, lejos de la media nacional de 6.189 euros».

Según Ramírez, «los motivos hay que buscarlos en el elevado porcentaje, del 33%, que representa en su cartera de servicios la prestación Promoción y Autonomía Personal y la de Teleasistencia, de muy bajo impacto económico».

Lo sucedido en Asturias es indicativo, apunta el presidente del Observatorio de la Dependencia, «de que en España se consolida un sistema 'low-cost' de ayudas». Lamenta que «ni siquiera el importante incremento de financiación que recibió el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) entre los años 2021-2023, ha logrado impedir que se desarrolle con un modelo de bajo coste, con prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no responde a las necesidades de las personas en situación de dependencia». Y pone un ejemplo: «El servicio de Teleasistencia».

España entró en 2025 con «65.973 beneficiarios que reciben como prestación única la Teleasistencia, 4.976 más que en 2023». La comunidad que más ha tirado de esa ayuda es la de Madrid, «uno de cada tres del total de casos se producen allí».

También va al alza la medida 'excepcional'. «El 41,9% de los beneficiarios son atendidos por un familiar, cuando esa prestación tiene un importe medio mensual de 264,11 euros, que es lo que reciben 636.030 personas». Aclara José Manuel Ramírez las pagas medias por grados de dependencia: «168,8 euros al mes para el I; 277,2 para el II y 384 para el III». O, lo que es lo mismo, por atender las 24 horas de los 365 días del año a una persona que necesita ayuda para todas las actividades básicas de su vida, su familiar cobra 53 céntimos a la hora.

Confía el Observatorio en el anunciado cambio de la Ley de la Dependencia, «aunque se ha aprobado un proyecto de reforma de ley sin incremento presupuestario y cuando todavía no se han cumplido los contenidos de la ley».

Plantea necesario «aumentar en mil millones» el capítulo de dependencia de los próximos Presupuestos Generales del Estado «para que estas buenas intenciones sean realidad, exigiendo a las comunidades autónomas agilizar procedimientos que reduzcan la lista de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios».