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Máxima presión política sobre la Consejería de Transición Ecológica tras el trágico accidente minero que el pasado lunes se llevó la vida de cinco ... personas e hirió de gravedad a otras cuatro en Degaña. Las dudas en torno a la actividad que realmente se estaba realizando en el interior de la mina de Cerredo y las informaciones que apuntan a posibles irregularidades o dejadez por parte de la Administración autonómica han endurecido el discurso de las formaciones políticas, acorralando cada vez más a la máxima responsable en materia industrial.
El Gobierno del Principado centra el discurso en las posibles anomalías que podría haber cometido la empresa Blue Solving. El presidente del Principado, Adrián Barbón, se comprometió este viernes a «llegar hasta el final para saber qué sucedió» y «qué actuaciones irregulares estaban teniendo lugar». También la vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Gimena Llamedo, quien asumió que la compañía «pudo haber incurrido en alguna cuestión que hay que analizar», si bien no eludió el debate sobre la responsabilidad política y mostró el compromiso del Gobierno regional de analizar «si hubo algún error» dentro de la Administración autonómica.
Más allá fue el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, pidiendo «suspender cautelarmente» todas las licencias de investigación minera que existen actualmente en el Principado «similares» a la que se concedió a la empresa Blue Solving. Los interrogantes abiertos en la actualidad tanto sobre la labor que realmente se está haciendo en las minas como los posibles fallos en el control por parte de la Administración han hecho que el socio minoritario pida «parar y analizar todo lo que está pasando» para evitar que se repitan nuevos accidentes. «No podemos consentir ni un paso atrás en materia de seguridad laboral», declaró.
Zapico entiende que la investigación debe seguir el cauce judicial, pero también el político, por lo que el también coordinador general de IU en Asturias confirmó que el lunes se ha convocado de forma extraordinaria a la comisión colegiada de IU –órgano de gestión del partido– para abordar lo ocurrido y adoptar «de forma calmada» una posición política al respecto. Precisamente bajo la justificación de no querer realizar valoraciones precipitadas, el consejero de IU evitó este viernes manifestarse sobre la posible responsabilidad política de la actual consejera de Transición Ecológica, Belarmina Díaz, lo que se ha leído en algunos foros como una falta de apoyo a su compañera en el Consejo de Gobierno.
La presión política llega también por parte de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, cuyo voto puede ser decisivo a la hora de abrir una comisión de investigación parlamentaria. Tomé incidió este viernes en que preguntará en la Junta por lo ocurrido en la mina de Cerredo y advirtió también de que «si no hay respuesta, si no hay información, y si no se asumen responsabilidades políticas, administrativas y a todos los niveles, habrá que poner en marcha todas las herramientas necesarias para forzarlo».
Vox ha sido el primero en poner sobre la mesa la necesidad de crear una comisión de investigación parlamentaria. Su portavoz, Carolina López, ve «absurdo e incomprensible» que se vaya a crear una comisión especial integrada por los mismos miembros de la Comisión Regional de minería para abordar el accidente, porque «se van a investigar a ellos mismos», e insta al PP a sumarse a la petición para abrir una investigación formal en la Junta.
El presidente del PP, Álvaro Queipo, entiende que antes de tomar esa decisión «hay que escuchar las explicaciones del Gobierno en donde debe darlas: en la Junta General». Los populares no descartan la comisión que plantea Vox, pero recuerdan que para que salga adelante se necesita la mayoría del arco parlamentario. «Lo importante no es su solicitud, sino que pueda salir adelante», dice el portavoz popular, pasando la pelota a las fuerzas de la izquierda. También el diputado de Foro, Adrián Pumares, cree que el primer paso debe ser escuchar las explicaciones en sede parlamentaria, y «luego ya veremos», aunque eleva el tono contra Adrián Barbón. «Uno no puede estar permanentemente presumiendo de que viene de familia minera y luego mirar para otro lado cuando hay denuncias ciudadanas sobre presuntas ilegalidades en las minas», espetó. La respuesta de Barbón no se haría esperar: «Como provengo de familia minera sé que si algo no soportan los mineros es que se utilice la muerte de un minero en el debate político», replicó.
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