El Principado de Asturias invita a colectivos y asociaciones a sumarse a la declaración que exige la supresión del peaje del Huerna

Como medida de presión la Alianza de las Infraestructuras, foro que reúne al Principado con los partidos, agentes sociales, cámaras de comercio, patronales del transporte y asociaciones de usuarios, ha convocado una manifestación el próximo 17 de octubre, en la plaza de la Escandalera, Oviedo. A la misma tiene previsto acudir el propio presidente Adrián Barbón «como uno más», según avanzó en el debate de orientación política y confirmó ayer su equipo. Aunque se evite dar carácter institucional a su presencia, la misma tiene un claro peso simbólico, más si se tiene en cuenta que Barbón es uno de los cuatro presidentes autonómicos que le quedan al PSOE y que solo suele acudir al 8M y concentraciones de repulsa de asesinatos machistas.

Se sigue así la estela de las que en los años 80 protagonizó la plataforma pro variante y, antes, en 1881, movilizó a toda la sociedad asturiana en contra del proyecto de una rampa ferroviaria de Pajares con una pendiente que ahorraba costes pero limitaba el tráfico de mercancías.

La Alianza emitió el lunes una declaración conjunta y el consejero anunció que activará un sistema para que «multitud de colectivos y asociaciones puedan adherirse a través del buzón de la consejería». La fórmula es escribir un email a la dirección de la consejería (consejeria.movilidad@asturias.org). «Asturias tiene el peso que tiene, pero juntos tenemos más fuerza», argumentó ayer el consejero Alejandro Calvo.

El titular de Movilidad es a quien Barbón encomendó preparar la batalla. Ayer Calvo fue taxativo: «Si yo fuera responsable del Gobierno de España, no les quepa ninguna duda de que mañana estaría bonificado al 100% el peaje del Huerna».

En la víspera el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, rehusó abordar el rescate del Huerna y de la AP-9 gallega –cuya legalidad también cuestiona Bruselas– aduciendo que el coste sería «milmillonario». En otro momento de su intervención dijo que rescindir o modificar esos contratos de concesión sería algo «muy complejo y tendría un impacto económico que es muy difícil también de calibrar». Lo cierto es que en preguntas parlamentarias y entrevistas, la posición del ministerio ha sido siempre la de asumir que carece de un estudio sobre los costes de los rescates, más allá de cálculos internos.

Al 'número 2' del ministro Óscar Puente también se le preguntó qué era más gravoso para el erario, si rescatar la concesión que explota Aucalsa o mantener el actual sistema de bonificaciones a todos los vehículos pesados y, en los ligeros, a los que hacen tres o más recorridos al mes con el sistema Vía-T instalado. Según los cálculos internos de Transportes destapados por EL COMERCIO, los técnicos asumen que los actuales descuentos supondrán que el Estado pague a Aucalsa 674 millones hasta 2050. Santano dijo: «Depende cómo se hagan las cuentas, no voy a entrar en muchos detalles pero en esto pasa como con las hipotecas de una casa, ¿no? A usted qué le resultaría mejor, ¿cancelar la hipoteca hoy o seguir pagándola? Es evidente que si uno suma las cantidades, la hipoteca te acaba saliendo más cara, pero, ¿tiene usted el dinero hoy para ir para rescatar para pagar la hipoteca? Esta es la pregunta».

Ayer el consejero de Movilidad del Principado optó por salirse de ese marco. «La gente debe entender que si la prórroga del peaje es ilegal no puede generar efectos y es ahí donde está el centro del asunto, no en evaluar cuánto cuesta un rescate, sino en que se apruebe su nulidad y que el coste del rescate sea una consecuencia de ello», opuso.

«Entre tanto, si no se ve absolutamente viable o se considera que el dictamen de la UE no es causa jurídica suficiente, se debe bonificar desde ya al 100% el peaje, eso sí sabemos lo que supone, unos 48 millones cada año, que es lo que ahora pagan los usuarios», apuntó. Para llegar a esa cifra se toma como referencia los ingresos que declara Aucalsa. Xabel Vegas, de IU-Convocatoria, recordó que «en este país se han rescatado entidades financieras y se han rescatado bancos».

¿Se puede reunir esos 48 millones sin aprobar un nuevo presupuesto? «Este es un problema político, no de presupuestos, hay herramientas suficientes», expresó ayer el presidente del PP, Álvaro Queipo, quien afeó al Principado que «evite confrontar con Óscar Puente y Pedro Sánchez». Eso y que la Alianza de las Infraestructuras que se reconstituyó el año pasado «era para dar fuerza negociadora pero no han hecho nada en un año».

La cuestión es qué foto saldrá ese viernes 17 de octubre. Una gran manifestación daría fuerza al Principado en la pugna planteada. Una concentración reducida, reforzaría a quienes piden evitar el choque contra el ministro Óscar Puente.

Las miradas están puestas en los sindicatos y su capacidad de movilización. «Va a ser un éxito seguro, nos interpela a toda la sociedad, todos tenemos que pasar por ese peaje, es una injusticia que atenta contra la dignidad y la moral de una sociedad», confió Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT.

En Galicia se siguen dando pasos. La consejera de Infraestructuras, María Martínez, remitió una reclamación formal a la defensora del pueblo europeo, Teresa Anjinho. Se queja de que todas las peticiones que ha hecho a Transportes para tener acceso al expediente de infracción de la UE han sido rechazadas.

Por su parte desde Sumar, la coalición que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, dio su parecer el diputado Rafa Cofiño, quien instó a Transportes a «rectificar» y «ponerse del lado de los asturianos».