«Nos parece demoledor el informe de la UE y estamos trabajando para eliminar el peaje del Huerna»
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, apunta al Partido Popular como único responsable de haberse prorrogado ilegalmente el peaje y les pide «dar la cara»
«Nos parece absolutamente demoledor y muy grave el informe de la Unión Europea sobre el peaje del Huerna, y exigimos su eliminación». El consejero ... de Hacienda, Guillermo Peláez, fue contundente en su respuesta a la conclusión de Bruselas, que indica que España prorrogó el peaje del Huerna saltándose la normativa.
Peláez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, también exigió al Partido Popular «asumir responsabilidades y dar la cara porque son los únicos responsables de esta situación» y continuó: «El Gobierno de Aznar en el año 2003 decidió unilateralmente prorrogar el peaje del Huerna por un mero interés económico y por hacer más atractiva su rentabilidad y, por lo tanto, es el actual equipo del PP quien debe dar la cara por lo que hizo su partido«, dijo.
El consejero de Hacienda también apuntó que además de seguir trabajando para su eliminación, el Principado seguirá pidiendo que se aumenten las bonificaciones.
Y es que después de tres años analizando el caso, Bruselas ha optado por ampliar el expediente de infracción, al detectar incumplimientos de la normativa tanto en la prórroga de ambas concesiones como en el posterior proceso de liberalización que permitió que inversores privados se hicieran con esas y otras autopistas. La venta de la Empresa Nacional de Autopistas S. A. (Enausa), que agrupaba a la AP-9 y la AP-66, entre otras, tuvo lugar en 2003, también bajo la presidencia de José María Aznar.
De acuerdo con la Unión Europea dichas prórrogas y la venta de Enausa «al no ser precedidas de la publicación de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y de un procedimiento de contratación pública, vulneraron la directiva 93/37/CEE y los principios generales de igualdad de trato y transparencia que rigen las normas de la contratación pública».
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