Piden prisión para el expresidente del PP de Sariego Ignacio Cifuentes y su pareja, la exdirigente de la FSA Pilar Huerta

La Fiscalía del Principado de Asturias informó esta mañana de que solicita la condena de la pareja compuesta por Pilar Huerta, exdirigente de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y el presidente del PP de Sariego, pareja sentimental de la primera en el momento de los hechos que se estudiarán mañana, 4 de junio, en el Juzgado de lo Penal 3 de Oviedo. El caso de los dos acusados se remonta a un momento complicado, además, dado que los hechos tuvieron lugar en la parte final de la campaña electoral regional y municipal de 2023. El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las nueve y cuarto de la noche del 20 de mayo, una persona que se encontraba en la terraza de un bar próximo al parque de Posada de Llanera efectuó una llamada al 112, ya que, en una mesa cercana, el acusado reprendía de forma agresiva a su hija, menor de edad, y vejaba a la madre de ésta.

Así, y siempre según la versión de la acusación popular, agentes de la Guardia Civil se personaron en el lugar y, por indicación del denunciante, se dirigieron al parque, donde vieron al acusado dentro de un coche, en el que también iba, en la parte de atrás, la menor. Los agentes solicitaron al acusado que bajara la ventanilla del vehículo para hablar con él y que a continuación saliera del coche. El acusado habría adoptado una actitud desafiante y despectiva hacia los agentes, que le pidieron su identificación, a lo que él se negó, al tiempo que acometía a uno de los guardias, braceando y pataleando en actitud agresiva, por lo que fue detenido.

El acusado y el agente cayeron al suelo, momento en que intervino, para ayudar a su compañero, otro de los guardias, que también recibió patadas y manotazos. El acusado se negó a entrar en el coche patrulla, mientras se dirigía a ellos diciéndoles, según el Ministerio Fiscal, que «os voy a matar a los dos, cuando os vea por la calle, me he quedado con vuestras caras, os vais a enterar, vosotros y vuestras madres». Fue conducido al cuartel.

Mientras todo esto sucedía, «la acusada, que es la pareja sentimental del acusado y que se encontraba en compañía de otra menor, se dirigió a los agentes diciéndoles: «sois unos gilipollas y os vais a enterar». Los agentes le indicaron que iba a ser propuesta para sanción. La mujer se trasladó hasta el exterior de las dependencias policiales y, tras entrevistarse con el instructor, comenzó a golpear el cristal de la puerta de entrada al cuartel, adoptando una actitud desafiante hacia los agentes, a los que decía: «os vais a enterar de quien soy yo, se os va a caer el pelo, desgraciados, hijos de perra, sois unos muertos de hambre, hijos de puta».

La mujer abandonó el lugar, aunque regresó al poco tiempo y continuó golpeando la puerta y tocando el timbre. Sobre la una menos cuarto de la mañana del día 21, los guardias introdujeron al acusado 1 en un coche oficial que estaba aparcado frente al cuartel, momento en que la acusada, para entorpecer la actuación judicial, trató de acceder al lugar. Los guardias se interpusieron entonces entre los dos acusados y la acusada los empujó, lo que provocó que uno de ellos se cayera al suelo. Fue detenida a continuación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de atentado del artículo 550.1 y 2 del Código Penal, en concurso ideal con dos delitos de lesiones del 147.1. También, de un delito de atentado del artículo 550.1 y 2. De los delitos del apartado a) respondería el acusado y de los del segundo apartado, la acusada.

Y la fiscalía también solicita que se condene al acusado a un año de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por el delito de atentado; y por cada delito de lesiones, al pago de una multa de 9 meses con una cuota diaria de 9 euros, con responsabilidad personas subsidiaria en caso de impago.

Respecto a la acusada, se piden para ella 9 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice con 3.500 euros a uno de los agentes lesionados y con 3.400 euros al segundo, y a la clínica en la que fueron atendidos, con la cantidad que se determine por los gastos médicos ocasionados, todo ello más los intereses legales correspondientes.

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