La plantilla de Bienestar denunciará al Principado ante el Ministerio de Igualdad
«¿Es un gobierno feminista?» se preguntan cuando, aseguran, «los sectores masculinizados ven mejoradas sus condiciones laborales y salariales, mientras ignoran a los sectores feminizados»
El Ejecutivo de Adrián Barbón será denunciando ante el Ministerio de Igualdad. Y lo será, precisamente, por una acusación contraria a la propia definición del ... Gobierno regional. Uno que se siente y defiende ser feminista. Pero no lo ven así los comités de empresa de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Comités que representan a los 2.500 profesionales de la red geriátrica pública asturiana y, también, a los 1.592 de la consejería, es decir, de atención directa a menores, personas con discapacidad y gestiones de ayudas sociales. Una plantilla «mayoritariamente femenina», que ha iniciado un encierro en protesta por no ver atendidas sus reivindicaciones que pasan, principalmente, por ampliar personal.
En porcentajes, se calcula que son mujeres el 90% de las personas que trabajan en el ERA y el 75% de quienes lo hacen en la propia consejería. Con la particularidad de que la red geriátrica pública copa los casos de agresión a trabajadores detectados por el Servicio de Riesgos Laborales del Principado. En ese caso, el 99% de las agredidas han sido mujeres.
En una nota de prensa, explican ambos comités que la denuncia se hará porque «los sectores masculinizados ven mejoradas sus condiciones laborales y salariales y sin embargo, se ignora a los sectores feminizados». Y sentencian: «Nuestros compañeros de carreteras, guardas rurales… Han conseguido mejoras que eran de justicia. El nexo común: son profesiones de hombres, y el PSOE sólo escucha y negocia con los hombres».
Una acusación que completan con datos: «La brecha salarial en la Administración asturiana es de la más altas de España, a pesar de existir más mujeres que hombres empleados públicos». Entienden que esa brecha llega «debido a la precariedad en los contratos de los sectores feminizados, con altas reducciones de jornada por cuidado de familiares, así como la falta de reconocimiento de complementos retributivos, que aumentan las nóminas en los sectores masculinizados».
Apuntan, además, «la desatención de los problemas de salud laboral relacionados con todos los empleos relacionados con los cuidados, entendiendo por cuidar todo lo que regenera diariamente el bienestar físico y emocional de las personas, desde el cuidado de los cuerpos, la alimentación y su elaboración, hasta la higiene y mantenimiento de los espacios».
Un sector el de cuidados totalmente feminizado, en el que «se ve aumentado el consumo de fármacos para desempeñar las funciones laborales o para sobrellevar el dolor derivado del desgaste físico, la falta de reconocimiento de los accidentes laborales, las continuas agresiones físicas y verbales, así como de determinadas enfermedades profesionales y la negación del reconocimiento de peligrosidad».
De hecho, creen que «la implantación de un nuevo modelo asistencial donde se desdibujan los límites de la profesionalización del trabajo asistencial, con el largo recorrido que hubo y, por lo que se evidencia, continúa, sobre la regulación del trabajo de cuidados».
Creen los ambos comités que se pretende «perpetuar un modelo doméstico, de cuidados informales donde nuevamente vemos desvalorizado nuestro trabajo, en el que el espacio privado vuelve a ser reproductivo y feminizado, donde las trabajadoras volvemos a ser una masa que no es objeto de regulación laboral digna». Y cierran el comunicado con una pregunta: «¿Es un gobierno feminista?».
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