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«De aquí solo nos saca la Policía o una oferta por escrito de la consejera». Los comités de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el ... organismo que gestiona la red geriátrica pública y concertada del Principado, y de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar han cumplido su promesa. Tras decidir, por primera vez en la historia, una acción conjunta y unánime, con el apoyo de todos los sindicatos con representación en ambos comités, desde el mediodía del lunes están encerrados en la sede de la Consejería de Hacienda, el edificio conocido como Easmin, donde se centraliza el servicio tributario, y ubicado en la avenida de Hermanos Menéndez Pidal, de Oviedo.
La de hoy ha sido la primera noche de encierro, en la que han dormido en el suelo de la primera planta del edificio. Un grupo de quince personas, con mayoría de mujeres. Un grupo, como recuerda la presidenta del comité del ERA, Belén Ordiz, formado «por personas que tenemos familia, con menores y mayores a nuestro cargo», pero que han decidido «que nos tienen que escuchar ya».
¿Quién y qué debe escuchar? En principio, es la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, la protagonista de sus consignas. Le piden a ella «una propuesta por escrito ya» que incluya solución a los problemas por los que llevan peleando en los últimos años. Unos problemas que ya provocaron un encierro, en aquel momento solo del comité del ERA, durante dos semanas a finales de 2023. Un encierro que concluyó con la promesa del Principado de ampliar plantilla y estudiar cómo pagarles el plus de peligrosidad que piden. Nada de eso sucedió.
En febrero de este año, Del Arco y el comité del ERA pactaron un cronograma de reuniones, a una por mes y centrada en un único punto de discusión: el 24 de febrero el convenio entre el ERA y el Servicio de Salud del Principado (Sespa); el 24 de marzo, los puestos de difícil cobertura; el 21 de abril, el nuevo modelo de cuidados de larga duración, y, finalmente, el 26 de mayo, el plus de peligrosidad. El objetivo, cerrar un acuerdo en junio. La consigna dada por el Principado fue doble. Por un lado, «No hay líneas rojas», en referencia clara al plus de peligrosidad, un complemento que la plantilla del ERA exige tras liderar, año tras año, el listado de empleados públicos agredidos, y del que no quiso ni hablar la anterior consejera, Melania Álvarez, al entender que se criminalizaba a los usuarios. Y, por otro «O acuerdo en todos los puntos, o en ninguno».
Y la realidad dice que, ya entrados en junio, están en 'ninguno'.
No porque haya desacuerdo en los debates, sino porque los asuntos «se han ido dilatando en el tiempo». Hasta el punto de que, a finales de mayo, el comité decidió plantar a la gerente del ERA, Nerea Monroy, y exigir una reunión con la consejera. La tuvieron el pasado 6 de junio, pero sin resultados. Marta del Arco dijo que la cita «no era para llegar a acuerdos, sino para dar respuestas». El comité, que «es una tomadura de pelo» y que la consejería «ningunea» a los 2.500 trabajadores de la red geriátrica pública.
¿Y el comité de la propia consejería? La presidenta, Élida Vázquez, lo explica. «Sigue la misma línea que con el ERA, dilata en el tiempo las reuniones y no hay solución a los problemas». Unos que pasan «por ampliar la plantilla. Ahora estamos muy justos, a mínimos, con lo que no se da el servicio necesario. Queremos que el personal fijo-discontinuo trabaje todo el año, no solo seis meses». Y, además, «una inversión real en los centros, que están muy deteriorados». Habla ella por boca de los 1.592 trabajadores de la consejería, entre los que se encuentran todos los de atención directa en centros de menores y de discapacidad.
Transcurrida la primer noche de encierro, la persona a la que recurren ahora los comités es la vicepresidenta del Gobierno. «Que venga Gimena Llamedo, ahora que ya arregló lo de Educación, que nos atienda ella«. Porque, dicen, »de la consejera nada esperamos«, ya que la única noticia que han tenido de ella es, además de la facilitada a EL COMERCIO »Me remito a lo acordado en la reunión del 6 de junio, se les enviará una propuesta por escrito a la mayor brevedad posible«, otra directamente a los sindicalistas: »que a nosotros nos recibirá el día 23 y a los de Bienestar, el 26«.
De la Administración regional, el único que pasó por el espacio en que se han hecho fuerte los encerrados fue el director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, quien les planteó «que le diéramos una semana de plazo para presentar una oferta por escrito». La respuesta de los comités fue que «queremos una reunión cuanto antes». Sin lograrlo.
De hecho, están convencidos de que hoy, festivo en Oviedo, la capital celebra del Martes de Campo, «nadie pasará por aquí». Entre los encerrados hay ovetenses «que no podrán ir a con sus hijos a por el bollo», uno de los más de 4.200 que espera repartir la Sociedad Protectora de la Balesquida en el paseo del Bombé. «Ellos estarán de fiesta. Nosotros, aquí, encerrados».
Los comités hacen un llamamiento a sus compañeros para una concentración de apoyo mañana, 11 de junio, a las 10 horas, ante la puerta del Easmin. Si no hay soluciones, tienen claro la hoja de ruta de las movilizaciones: el 20 de junio, corte de tráfico en los accesos a Oviedo. El 25, inicio de una acampada ante la consejería.
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