El PP actúa desde el Senado para evitar una crisis de la flota pesquera y los cazadores

En febrero pasado, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento que a su vez modificaba el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos, para prohibir el uso de plomo en las municiones y los aparejos de pesca. Dicha propuesta fue resultado del informe de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, cuya tramitación se inició en el año 2019. Esgrime el PP que, «sin embargo, en su forma actual, la restricción propuesta por la Comisión en la modificación de este Reglamento plantea serias preocupaciones que van mucho más allá de los riesgos toxicológicos. Una regulación sólida y proporcionada debe tener en cuenta las implicaciones ambientales, sanitarias, culturales, económicas, industriales, y estratégicas en el momento de su aprobación, y actualmente esas implicaciones son muy distintas a las existentes en 2019».

Así las cosas, la moción insta a la comisión senatorial a «defender los intereses de nuestro país elaborando nuevos estudios científicos que permitan valorar la incidencia real actual -en la salud, en la fauna y en general en el medioambiente-, del plomo usado en actividades pesqueras, recreativas, cinegéticas y de gestión de poblaciones de animales salvajes». Asímismo, reclama que el Gobierno central afronte la elaboración de «nuevos estudios técnicos que permitan conocer las alternativas al uso del plomo en las actividades citadas, valorando las consecuencias sanitarias, medioambientales y económicas del uso de cada una de ellas».

Todo ello, sin obviar que «la introducción a gran escala de municiones alternativas a las fabricadas en plomo —como es el caso del acero, material que se propone abiertamente como una opción— podrían plantear riesgos de seguridad para los cazadores y el público debido a sus distintas propiedades balísticas. Por ejemplo, las municiones de acero tienden a no deformarse al impactar, lo que aumenta la probabilidad de rebotes peligrosos. Igualmente, la munición de acero o cobre es incompatible con un uso seguro en centenares de miles de armas de uso deportivo o cinegético en toda Europa, que tendrían que ser desechadas. También existe la preocupación fundada de que la prohibición podría poner en peligro los esfuerzos en curso en casi todos los países para reducir las poblaciones de ungulados como el jabalí y prevenir así los daños a los bosques y muchos cultivos agrícolas».

Explican en la exposición de motivos de la moción que las alternativas al uso de balines de plomo en la munición de caza (cartuchos para caza menor, fundamentalmente) «en España se producen principalmente en una empresa del País Vasco, que exporta a toda Europa», en tanto que la alternativa que actualmente se maneja como principal, la del uso de balines de acero, supondría incrementar la dependencia europea de las empresas de China, toda vez que es en este país donde se centra la producción de este tipo de balines, según indicó a este periódico Pablo González.

De hecho, la moción explica que la «industria de municiones está altamente interconectada, con los sectores civil y militar, compartiendo tecnologías, bienes de equipo y materias primas. El uso civil de municiones de plomo constituye una parte sustancial de los ingresos de los fabricantes. La transición a la producción sin plomo requeriría una inversión significativa en tiempo y capital, lo que haría que los actuales compromisos del sector en materia de Defensa se conviertan en poco realistas y se comprometa la seguridad de la actual cadena de suministro. En tiempos de crisis, las líneas de producción de municiones civiles pueden reutilizarse rápidamente para fortalecer las capacidades militares. Esto solo es posible si la tecnología y la cadena de suministro en la producción civil siguen siendo compatibles con la producción militar, lo que ya no sería el caso después de una transición acelerada a municiones sin plomo. Sin duda, esto una grave interferencia sobrevenida en relación a las capacidades defensivas de los Estados miembros».

Además, los populares postulan que «debemos de ponernos en el lugar de los españoles, que probablemente no entenderían las consecuencias del nuevo Reglamento en este momento. Con prohibiciones que conllevan cambios drásticos, tanto para la seguridad estratégica europea como para sectores económicos básicos o para ejercicio de deportes y actividades consolidadas».

La moción también insta a fomentar «el impulso de iniciativas publico-privadas que desarrollen alternativas eficaces al plomo y faciliten su implantación en la industria» española, para el caso de que haya que abandonar completamente la producción de munición de plomo, sin perjuicio de «iniciar un proceso de consulta cualificada con los sectores afectados, en el ámbito de la seguridad, el económico, el sanitario, el medioambiental y el deportivo, buscando aproximar posturas entre todos ellos de cara a la propuesta de la Comisión Europea».

Por otro lado, la moción de los populares reclama «defender los intereses de nuestro país aportando a la Comisión Europea los estudios citados anteriormente, para que la propuesta final sea compatible, en el mayor grado posible, con la actual situación de España» y, del mismo modo, «que se pida una moratoria de hasta 10 años al Reglamento propuesto por la Comisión Europea».

A este respecto, Pablo González explicó que el mismísimo ministro de Agricultura, Luis Planas, consultado en público sobre este asunto, «se manifestó a favor de esa moratoria de diez años, al menos para la caza del jabalí, lo que en la práctica supondría una moratoria total. Pero a continuación ha venido, desde el Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Alfonso Morán, a negarse a que se pida esa moratoria, algo que puede llevar al cierre a empresas españolas y a hacernos depender aún más de los fabricantes chinos».

De hecho, en la presentación de la moción González ha incidido en este argumento, al afirmar que «lo que le pedimos al Gobierno de España es que defienda los intereses de todos los españoles ahora que la Comisión Europea está actualizando su postura sobre este asunto. El ministro Planas, hace tres semanas, pidió con la boca pequeña una moratoria y que el plomo se pueda seguir usando en el control de sobrepoblaciones, por ejemplo la del jabalí».

En cambio, la «semana pasada el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, rectificó al ministro y mantuvo una postura que nos avergüenza a todos, al decir aquello de que 'Fuera plomo, fuera ya y me da igual a quien afecte', demostrando así o bien que tiene un profundo desconocimiento, que implica ignorar los intereses y derechos de centenares de miles de españoles, o que tiene una mala fe indecente, que le anima a defender, a sabiendas, intereses ajenos y lesivos».

Sea como fuere, Pablo González indicó ante los miembros de la Comisión que «por acción o por omisión, -Hugo Alfonso Morán- se comportó con la bajeza moral de un mercenario que defiende intereses distintos y contrarios a los de todos los españoles».

Por ello, pidió a los miembros de la Comisión que «afinen su brújula política -moral si la tienen- y apoyen esta moción, porque no es la del Partido Popular, es la de miles de españoles que ya están hartos de ceder ante medidas que les apartan, les arrinconan y les impiden vivir o trabajar como quieren hacerlo».