El Principado de Asturias planea quitar pluses a los funcionarios que suspendan el nuevo examen de productividad
Su propuesta, abierta a cambios, implica que los jefes evalúen cada año el rendimiento de sus subordinados, con premios y castigos en función del resultado
Una de las novedades que trajo la Ley de Empleo Público de Asturias aprobada en 2023 es que abría la puerta a evaluar el ... rendimiento de todos los empleados públicos, prescribiendo consecuencias. La idea era premiar a los productivos con un plus específico, y castigar a los que retrasan la organización obligándoles a pasar por cursos o incluso perdiendo el destino que tenían ganado por concurso. El texto dejaba un abanico amplio de posibilidades abiertas, que ahora el Gobierno asturiano propone concretar.
Para ello ha sometido a consulta pública el borrador de un reglamento de la evaluación del desempeño. El texto hace así una primera propuesta que ahora está abierta a cambios en función de las alegaciones recibidas y la negociación con los sindicatos.
Examen cada año
El punto de partida es que la evaluación del desempeño será obligatoria para todos los empleados públicos, sean funcionarios o laborales, adscritos a las consejerías, organismos autónomos y consorcios regionales; deberán pasar por el examen una vez al año, salvo que ese curso por permisos, bajas o traslados hayan estado menos de 110 días en el puesto. De este mandato se deja fuera «al personal estatutario del Servicio de Salud, al personal funcionario docente y al de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia». Es decir, es una medida diseñada sobre todo para el personal más administrativo.
Una de las claves del sistema estaba en decidir quién se encargaría de poner la nota. ¿El jefe inmediato o un organismo externo como el Instituto Adolfo Posada? El borrador apuesta por lo primero, dando la tarea de evaluar al «superior jerárquico». «Sólo podrán ejercer la evaluación quienes desempeñen los siguientes puestos: altos cargos, subdirecciones generales, jefaturas de servicio y jefaturas de sección».
Objetivos individuales y colectivos
A esos responsables se les obliga a fijar unos «objetivos individuales y colectivos», entrevistar a cada subordinado para comunicarle esas metas primero y valorarlos después. Se trata de que les especifiquen cuántas más resoluciones esperan ese año, o el trabajo conjunto que debe sacar ese área. Eso sí, el Consejo de Gobierno se reserva la facultad de sustituir los objetivos individuales por otros «generalistas de cumplimiento individual».
El sistema descrito bebe de la experiencia de la evaluación que ahora se hace para progresar en la carrera profesional. Cuando entre en vigor lo que está previsto es que la evaluación del rendimiento y la prueba de la carrera profesional sean lo mismo.
Premios y castigos
De esta forma el premio a quien supera el examen de productividad será, precisamente, progresar en el sistema de carrera profesional, accediendo a la mejora de retribuciones ya prevista. Por tanto no habría en principio un plus específico, distinto y nuevo para los que más rindan. Superar la nueva evaluación «se tendrá en cuenta» también en caso de que el empleado público pida prolongar el servicio.
Un primer suspenso impedirá el progreso en la carrera horizontal, retrasando así al menos un año el acceso a la mejora salarial que podía esperar el afectado. Obligará además a participar en un «proyecto de formación» para ponerse al día.
Un segundo suspenso seguido «se considerará rendimiento inadecuado o insuficiente», lo que permitirá sacar al empleado del destino en el que está, aunque lo haya ganado por concurso. Misma consecuencia tendría para quien está en puestos temporales o provisionales. Además supondrá «la pérdida del complemento de la carrera que estuviera percibiendo hasta que se revierta la evaluación negativa», así como a la del complemento denominado grado personal.
De suspender tres veces acarrearía «la pérdida definitiva del progreso alcanzado en el sistema de carrera horizontal», regresando a la categoría básica a la que pertenezca ese puesto. Si el suspendido es personal laboral, se le excluiría de la bolsa de trabajo en la que estaba. Todo suspenso será susceptible de recurso de reposición ante el cual deberá pronunciarse la Inspección General de Servicios.
La prueba medirá la iniciativa, la colaboración con los compañeros y la capacidad de resolver problemas
El examen en el que parte de los empleados públicos se juegan permanecer en su puesto, progresar en la carrera horizontal o perder los complementos ligados a ella se estructura en tres áreas (desempeño de tarea, contextual y de organización y objetivos colectivos) dentro de las cuales hay 24 aspectos a medir. El área de «desempeño de tarea» por ejemplo valorará en los empleados públicos del grupo A «la conducta, el rendimiento y el cumplimiento de objetivos y deberes profesionales», fijándose en su capacidad para tomar decisiones, organizarse y planificar, resolver problemas, tener conocimientos técnicos, ser productivo («entendido como cantidad y calidad del trabajo) y cumplir los objetivos individuales fijados por el superior. En los del grupo B y C se fijará en su capacidad de aprendizaje y «minuciosidad y responsabilidad, esfuerzo y perseverancia», entre otras cualidades.
El área de desempeño contextual calibrará la iniciativa, el compromiso con la organización, la cooperación con los compañeros, mantener el rendimiento y la calidad, el «uso adecuado del tiempo y los recursos laborales», por ejemplo. Serán objetivos colectivos las mejoras de servicios que marque el superior.
Cada apartado tendrá una puntuación del 1 al 4. Pasar el examen exige tener una evaluación positiva de cada una de las tres áreas medidas.
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