El Principado de Asturias rechaza el pacto de financiación con Cataluña: «Lo que afecta a todos, debe negociarse con todos»
«La financiación de las comunidades no puede ser un contrato de adhesión para las demás de lo tomas o lo dejas», afea el portavoz
En julio de 2024 nació la «financiación singular». ERC y PSC pactaron que, a cambio de hacer a Salvador Illa presidente de Cataluña, esta ... comunidad avanzara hacia la «plena soberanía fiscal». El documento, de 34 folios, abundaba en concreciones y plazos, dibujando un nuevo modelo de reparto. En España está el régimen foral (en País Vasco y Navarra, que recaudan los impuestos y luego transfieren una cuota de solidaridad al Estado) y el régimen común (para el resto, donde el Estado recauda primero y reparte después, aplicando unas fórmulas de reequilibrio y suficiencia). Sobre el papel, aquel acuerdo aspiraba a sacar a Cataluña del régimen común para concederle una suerte de cupo o convenio.
El pacto era entre partidos y este lunes metió su primer pie en lo institucional. La Comisión Bilateral Estado-Cataluña suscribió un acuerdo más corto, de seis folios, que, como todo lo surgido de la cultura política catalana tras el 'procés', conviene leer al detalle, separando lo que es expresión de voluntad de acuerdo ejecutivo. Hay apariencia, pero también vocación de realidad. El texto anuncia que el año que viene los catalanes deberían poder presentar su declaración del IRPF ante la Agencia Tributaria Catalana, que iría ganando así personal, recursos y capacidad para avanzar en aquella «soberanía fiscal» que pedía ERC. Para vencer la resistencia del resto, se reitera que este acuerdo es extensible a los demás.
La «financiación singular» va así cobrando forma, alterando las reglas de un régimen común del que dependen seis de cada diez euros que gestiona el Principado. Como era de esperar las once comunidades gobernadas por el PP salieron este lunes en tromba, marcando la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso la nota más alta («es un atraco a la nación y una sentencia de muerte a la unidad de España», dijo) y anticipando recursos en la Audiencia Provincial y el Tribunal Constitucional. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page no se quedó muy por detrás, al solicitar que «no nos tomen por tontos, sabemos perfectamente de qué va el debate actual» y lamentar que «la primera vez» que se aborda en serio la reforma del sistema «tenga que ser simplemente para pagar favores o chantajes».
En ese contexto el Principado mostró un rechazo claro, pero sin estridencias, a cuestionar las razones políticas del acuerdo ni tener prisa por coger la pancarta. Al margen de Cataluña, Asturias es la única comunidad del régimen común gobernada por los socialistas, lo que sitúa al Ejecutivo de Adrián Barbón en una posición delicada. Anticipándose a la cuestión, la delegación de la FSA que acudió al último comité federal ya expresó a Pedro Sánchez que «la búsqueda de acuerdos no puede tener como resultado la desigualdad territorial», y el propio presidente Barbón viene anticipando que si el nuevo modelo perjudica a Asturias votará en contra de él.
Este lunes fue el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, el encargado de mantener esa posición: «Este acuerdo parece sentar las bases para una reforma del modelo de financión de las comunidadades del régimen común, y debemos rechazarlo desde un punto de vista formal. Lo que afecta a todas debe negociarse entre todas». El foro para ello, según especifica la ley y recordó el propio consejero, es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Peláez pidió al Gobierno central «que convoque el Consejo de política Fiscal», algo que Moncloa ya anticipa que hará después del verano. Se da la circunstancia de que con el reglamento en vigor basta con que una sola comunidad apoye la propuesta del Ministerio de Hacienda para que esta salga adelante, con lo que, de aplicarse esa regla, la voluntad de la Generalitat bastaría para que la propuesta superase esa etapa. Más complicado parece que logre una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).
Preguntado por el contenido del acuerdo, Peláez se remitió a su rechazo a las formas, toda vez que el documento suscrito «no pasa de ser una declaración de intenciones», «no está concretado lo suficiente» y «admite interpretaciones». De ahí que por ahora el consejero no valore si la solución pactada entre los socialistas del Gobierno central y los de la Generalitat (con la asistencia de ERC) puede beneficiar o perjudicar a Asturias. Al texto «le falta concreción para saberlo», justificó. Eso sí, el Principado «no acepta un concierto ni un convenio» y entiende que sacar a una comunidad del régimen común «no es extensible al resto porque sería el fin de la solidaridad territorial».
El texto incluye aspectos que para el Principado suponen todo un anatema, como es el principio de ordinalidad, esto es, que la comunidad donde más se recaude sea la que más dinero reciba. Eso sí, la referencia está en el preámbulo, en una parte que se limita a describir las posiciones de la Generalitat, no en la que fija lo acordado. De ahí que desde el Gobierno de Asturias consideren que la pelota está en el ministerio, que es quien debe concretar el acuerdo y cómo pretende extenderlo al resto.
Más allá de Asturias, hay territorios donde los socialistas están en la oposición y piden a sus gobiernos que negocien un sistema similar al catalán. Es el caso de las federaciones de Castilla y León, Baleares y Madrid, que entienden que el acuerdo puede beneficiar a todas las comunidades.
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