El sindicato de técnicos de Hacienda señala a Asturias como la comunidad más perjudicada por el pacto de financiación con Cataluña

Gestha ha señalado en un comunicado que la gestión tributaria federal responde a la decisión de la ministra de Hacienda de que todas las comunidades autónomas de régimen común alcancen mayor capacidad normativa y de gestión del IRPF.

Los técnicos de Hacienda creen que, aunque en un primer momento buena parte de las comunidades no querrán las nuevas competencias, en un futuro las asumirán como en su día hicieron con la gestión y recaudación de los impuestos de Sucesiones y donaciones, Transmisiones patrimoniales, Patrimonio o Juego.

Con este acuerdo, cuando la Agencia tributaria de Cataluña (ATC) asuma la recaudación de 27.590 millones del IRPF en Cataluña, pasará de recaudar 5.238 millones de sus impuestos cedidos y propios a gestionar 38.238 millones en 2026, seis veces más; tendrá que devolver 2.737 millones a los declarantes catalanes, así como reintegrar al Estado la parte que se acuerde de la cuota estatal del IRPF.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda piensan que el Gobierno de España tendrá que emplearse en una intensa negociación multilateral para acordar el cambio del modelo de financiación autonómica, realizar un diseño impecable de las modificaciones legales necesarias para ceder la gestión del IRPF «sin tacha de inconstitucionalidad» y recabar los apoyos parlamentarias para su aprobación.

No obstante, en opinión de Gestha, la actual crispación política complicará la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que debe asegurar la suficiencia financiera del gasto regional y la solidaridad territorial, especialmente en cuanto al criterio de ordinalidad, en relación con la corresponsabilidad fiscal para que los servicios públicos tengan niveles similares en todas las comunidades.

De aprobarse finalmente una aportación a la solidaridad territorial con el criterio de ordinalidad de la recaudación tributaria, las autonomías más beneficiadas serán donde más se recauda en relación con la financiación que reciben: es decir, y por este orden, Madrid, Baleares y Cataluña.

Por el contrario, las más perjudicadas serán las que reciben más financiación de los Fondos de Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad, en relación con la recaudación en dichos territorios, como Extremadura, Canarias o Asturias.

Según Gestha, la ATC tendría que aumentar su plantilla hasta los 5.200 empleados, de los cuales unos 2.000 serán inspectores y técnicos autonómicos, para realizar el control tributario del IRPF. A medio plazo, Gestha ve posible que la AEAT ceda medios informáticos a la ATC para compartir la información del IRPF y que no aumente el fraude, pero el sindicato ha alertado de que será muy difícil el traspaso de una parte del personal, asegurando que la gran mayoría de los 6.359 empleados de la AEAT en Cataluña rechaza integrarse en la ATC.