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«Obligan al interesado a iniciar un nuevo trámite, sometiendo la declaración responsable a cumplimiento de legalidad bajo una nueva normativa estatal, autonómica y municipal, ... que ha sido manipulada exprofeso para impedir la legalización de las viviendas». Manuel Herminio García Álvarez no solo es un abogado, ni solo un abogado que ha ganado varias causas a favor de los pisos turísticos, también es el presidente de la Asociación Asturiana de Titulares de Viviendas de Uso Turístico (VUTs).
Y esa, la de un trabajo desde el Principado «para impedir la legalización» de esas viviendas gestionadas por particulares como alojamientos para turistas es su respuesta al anuncio realizado por la vicepresidenta del Principado. Tal y como adelantó EL COMERCIO, Gimena Llamedo aseguró en la sesión plenaria en la Junta General del Principado que «hemos eliminado 200 viviendas de uso turístico del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) por no cumplir los requisitos«. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de noviembre de 2024, hablan de 7.649 pisos turísticos en Asturias, con 38.366 plazas y una media de 5,02 plazas por vivienda. Los datos del Sistema de Información Turística del Principado son más antiguos, de 2022, y dejan constancia de 2.563 VUTs, con 11.635 plazas legalizadas en el REAT. A ellas habría que sumar otras 1.791 viviendas, estas vacacionales, con 11.182 plazas.
A Manuel Herminio García le parecen «unas declaraciones tendenciosas e inapropiadas, sobre todo porque estamos hablando de viviendas que tiene iniciado un trámite de legalización con el Principado a las que, la mayoría de las veces, cualquier error en la presentación o en el formulario, consideran que el interesado realiza una omisión o declaración falsa, y proceden al cierre del expediente sin posibilidad de subsanación». Es decir, las empresas borradas, o alguna de ellas, no cumplen los requisitos «porque que no hay posibilidad de subsanación». Lo único que le queda a los propietarios es «acudir a la vía judicial , larga, incierta y costosa ya que no están condenando en costas a la Administración y, cuando hacen, la cantidad es ridícula en comparación con el coste».
Asegura que, en la mayoría de las 200 viviendas eliminadas, «la mayoría de los errores detectados en esos expedientes pudieron ser subsanados sobre la marcha en el momento de la presentación de las declaraciones responsables, en algunos casos desde hace más de tres años». No descarta, no obstante, la existencia de viviendas sin legalizar. Defiende «la actuación inspectora en relación a detectar verdaderamente actuaciones ilegales de alquiler», pero explica «en viviendas que no son VUTs, pero que, a la hora de denostar, queda muy bien añadirlas a la nomenclatura de nuestras viviendas».
En su opinión, «la vivienda de uso turístico sigue siendo la cortina de humo de la ineficacia de nuestros dirigentes en materia de política de vivienda», aunque es en el sector turístico donde hay más avispero. En la pasada Semana Santa, periodo vacacional en el que el sector turístico asturiano no llegó a las cifras esperadas, desde Otea se culpó de la bajada en los alojamientos profesionales a «las viviendas de uso turístico». Desde el mundo rural también se las señaló, y se sumó «a las viviendas vacacionales», a las que consideran «competencia desleal porque no tienen ni la misma tramitación ni las mismas obligaciones.
El presidente de la asociación de VUTs de Asturias apunta a Otea «que se dedique a lo suyo» y niega que la pérdida de clientes tenga que ver por su presencia. «Nosotros pagamos unas comisiones muy altas a las plataformas de alquiler para que venga el turismo. Los clientes los traemos nosotros, lo pagamos de nuestro bolsillo, y sostienen positivamente el comercio de proximidad y la restauración». Frente a ellos, explica, «los Hoteles y otras actividades turísticas reciben ayudas y subvenciones directas e indirectas del Principado y de alguna forma tienen que justificar su fracaso».
Respecto al nuevo decreto que ultima el Gobierno regional, Manuel Herminio García no es optimista. «Las VUTs tienen un buen decreto , el 48/2016 de 10 de agosto, que estaba cumpliendo perfectamente con el objetivo expuesto en la declaración de motivos», ahora, cree, «volverán a hacer la misma chapuza que con la modificación de la ley aprobada en noviembre».
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