El Principado reclama que los condenados del 'caso Renedo' le indemnicen con 4,9 millones

El Principado acaba de presentar ante la Audiencia Provincial su liquidación de daños y perjuicios por el 'caso Renedo'. El informe reclama que cuatro de los condenados en esta trama de corrupción le indemnicen con 4.972.897,19 euros. De ellos, el 79,2% son los fondos que considera ha quedado demostrado que le fueron desviados hace nueve años y el 20,8% restante los intereses generados desde entonces.

La petición de indemnización se dirige contra la ex directora general María Jesús Otero, la funcionaria ahora suspendida Marta Renedo y los empresarios Víctor Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, de las quebradas Igrafo y APSA. Hay otros condenados en esta causa sobre corrupción, como el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, pero los delitos que les terminó atribuyendo el Tribunal Supremo no suponen un perjuicio al erario que deba ahora ser compensando.

Eso no les exime de otras penalidades. La sentencia final repartió multas judiciales por valor de 4,28 millones y privaciones de libertad que suman 27 años y cinco meses. Otero, Renedo, Muñiz, Sánchez y Riopedre ingresaron en la cárcel el pasado día 7 y hay otros dos empresarios con condenas menores que están a la espera de saber si deben seguirles los pasos.

La ejecución de la sentencia avanza ahora en la parte económica. Tras formalizar el Principado su propuesta toca que el resto de las partes la apoyen o refuten. Al final la Audiencia Provincial determinará cuánto hay que devolver tras una pugna que funciona como una suerte de 'juicio bis', de tipo civil.

Las acusaciones llegaban a esta etapa con peores cartas de que preveían. La Audiencia advirtió al Principado de que a la hora de echar cuentas, lo haga «ajustándose a los hechos que quedan probados tras la sentencia». Y eso es un problema.

La Administración regional cuenta con un informe sobre un presunto fraude de cuatro millones que parte de los condenados habrían cometido en la Consejería de Educación entre 2009 y 2010. Como tardó en presentarlo a la Audiencia, la pericial no fue incorporada al pleito, y es objeto de una nueva investigación judicial aún en curso. Es decir, no sirve a la hora de pedir esta indemnización.

Otro tanto ocurre con un informe policial encargado por el magistrado-juez Ángel Sorando que apuntaba a un agujero de 1,5 millones entre Educación y Cultura. Como las acusaciones no llamaron a declarar a los directores de esos centros, el Supremo anuló esa prueba. Tampoco sirve.

Pese a ello, el Principado presenta una reclamación parecida a la que tenía en mente hace dos años. En septiembre de 2017 el entonces portavoz, Guillermo Martínez, avanzó que pedirían «no menos de cinco millones», cifra cercana a la que ahora se requiere. La fórmula para lograrlo no está exenta de polémica judicial.

La mayor porción de la reclamación son 2,2 millones de regalos que se creen sufragados por Igrafo y APSA en favor de Renedo, Otero y el círculo familiar y afectivo de ambas. Son obras, piscinas, viajes, joyas y entradas a espectáculos que, al aplicarle los intereses, engordan la cuota hasta los 3,2 millones. Es decir, el 65% de la factura propuesta reposa sobre todo en los informes que la Agencia Tributaria hizo de las finanzas de ambas empresas, y que afloraron ese volumen de supuestos sobornos.

La sentencia considera que Otero y Renedo impulsaban adjudicaciones a las empresas, que éstas no entregaban todos los materiales o no hacían las obras por las que cobraban, y que luego «de esos saldos» a su favor «disponían lo necesario para sufragar las dádivas y regalos» a las entonces directora general y jefa de servicio. Aplicando ese razonamiento, el letrado de la administración regional defiende ahora que esas atenciones procedían «del erario público» y en consonancia «procede que la malversadora y posterior receptora de fondos indemnice a esta administración al menos en el importe percibido equivalente a ellos». Lo que no le paguen Otero y Renedo, precisa, deberán sufragarlo sus cooperadores en este desvío de fondos, Muñiz y Sánchez.

El problema es que la sentencia también dijo que «no concurre prueba sólida ni consistente que permita concluir que todo el importe de las dádivas» proceda del erario público. A ello se aferrarán las defensas para pedir a la Audiencia rebajar la factura final.

La segunda mayor cuantía reclamada son 1,15 millones que el Tribunal de Cuentas ya reconoció que Renedo adeuda y que sigue sin saldar.