La UE ratifica que los túneles de las autovías de Asturias incumplen la directiva de seguridad

La mayoría de los túneles de las autovías asturianas carecen de los sistemas de seguridad que les prescribe una directiva de 2004 y un Real Decreto de 2006. Es un problema que viene destapando EL COMERCIO desde hace cinco años y que acaba de provocar la intervención de la Comisión Europea. En mayo, Bruselas determinó que todas las prórrogas que había concedido para adaptarse a la normativa habían expirado y lanzó una auditoría a escala continental para verificar quién seguía ignorando la misma. El resultado le ha obligado a anunciar el 10 de octubre la apertura formal de procedimientos de infracción contra España, Italia, Croacia, Bulgaria y Bélgica. De los 28 países que conforman la UE, son los únicos que vulneran la directiva quince años después de su aprobación.

El Ejecutivo comunitario tiene pruebas de que España sigue sin «aplicar el conjunto de las medidas de infraestructura requeridas», según recrimina en un comunicado. El primer paso que da en consecuencia es remitir al Gobierno de la nación una carta de emplazamiento para que antes de dos meses notifique a la Comisión «las medidas adoptadas para corregir la situación».

Si la respuesta no es satisfactoria, la siguiente fase será la aprobación de un dictamen motivado, esto es, un requerimiento que especifica al Ministerio de Fomento qué túneles debe reformar. De perseverar en el error, la Comisión se vería obligada a interponer directamente denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que abre la puerta a ser condenado y multado. El problema es largamente conocido por los técnicos del ministerio y tiene una importante huella asturiana. Según la documentación obtenida por este periódico, el pasado año eran 113 los túneles de autovía necesitados de reformas y equipamientos de seguridad para adaptarse a la normativa; de ellos 21 estaban bajo suelo asturiano, en las autovías del Cantábrico (A-8), Ruta de la Plata (A-66), la Oviedo-Villaviciosa (A-64), del suroccidente (A-63) y la autopista del Huerna (AP-66). El recuento le situaba, junto a Málaga, como la provincia con más tubos incumpliendo la directiva. Al cómputo cabe añadirle tres túneles más ubicados en la vertiente leonesa de la autopista del Huerna (AP-66).

Los distintos ministros que se han ido sucediendo al frente de Fomento vienen postergando el despliegue de ventiladores, galerías de escape, firmes ignífugos, señalización, opacímetros, videovigilencia y demás equipamientos que exige la UE por su elevado coste. Tras lustros obviando la cuestión y ante la inminencia del examen comunitario, los Presupuestos Generales del Estado de 2018 fueron los primeros que empezaron a consignar fondos para la cuestión. El documento estima que harían falta tres años de trabajos, con un desembolso global de 1.053 millones en todo el país. Para Asturias se calculaba en 50,43 millones el esfuerzo a realizar por el ministerio.

Se trata de un cálculo incompleto, pues deja fuera la reforma de los túneles de la autopista del Huerna. Reforzar la seguridad en la AP-66 para cumplir la directiva exige unos 52,4 millones, según las últimas estimaciones conocidas. Aucalsa, la empresa que explota el peaje, lleva años advirtiendo de que a su juicio el contrato de concesión no le obliga a asumir la que es la mayor inversión en la AP-66 desde su construcción. Su posición es que si finalmente ha de financiar las obras, el ministerio deberá «compensarle» por ello. En el sector de los peajes eso supone en subidas de tarifas, ampliación de los años de concesión o subvenciones.