La reforma de los túneles del Huerna costará 68 millones y durará tres años y medio

La mesa de contratación finalmente se ha decantado por la propuesta que suscriben la Unión Temporal de Empresas (UTE) liderada por Dragados, con Api Movilidad y Civis Global como socios. Propone adjudicarles el encargo por 68,1 millones, lo que supone un ahorro para el ministerio del 16,1% sobre el precio con el que convocó el concurso.

Ahora resta la resolución de adjudicación, la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la formalización del contrato, el depósito de los avales requeridos, y la organización del despliegue. Todo apunta así a que los trabajos podrán comenzar en la próxima primavera, lo que, si se respetan los plazos del proyecto, ocasionará tres años y medio de restricciones a la circulación en la autopista que explota Aucalsa.

La propuesta del grupo liderado por Dragados obtuvo 46,03 puntos en la valoración técnica. La calidad de su propuesta fue superada en esta categoría por las que ofrecían las UTEs lideradas por Sacyr, Ferrovial y OHL. Es una desventaja que recuperó cuando se ponderaron los sobres con las propuestas económicas, pues la suya fue la más barata.

La obra que se adjudicará supondrá la modernización de los siete túneles de la infraestructura, dotándolos de las galerías de evacuación, canaletas diferenciadas y sistemas de ventilación que requiere una directiva de la Unión Europea del año 2004. El retraso de España en afrontar las inversiones que implica esa normativa motivó que la Comisión Europea abriera un expediente de infracción.

Un recuento de la situación hecho por el ministerio en 2018 reconocía que en todo el país tenía 113 túneles incumpliendo los parámetros de seguridad requeridos por Bruselas, siendo Asturias la provincia que junto a Málaga más infraestructuras contaba pendientes de mejora, 21 cada una. En aquel momento la inversión se calculaba en unos 50 millones para los túneles asturianos de las autovías libres de pago, y en unos 52,4 para la actuación en la AP-66.

El retraso en afrontar esa obligación legal expuso a España a un proceso que de mantenerse, derivaría en multa para el país. Sin embargo por el camino se cruzaron los fondos Next Generation, que la Comisión Europea reparte por el continente buscando reactivar la economía y favorecer su transición a modelos más sostenibles.

Al final la misma UE que obligaba a mejorar los túneles y amenazó con sancionar a quien no lo hacía va a ser la que termine financiado los trabajos en los países que llegaron a estos años con la tarea sin hacer.