El registro de 'lobbies' obligará a publicar toda reunión de los altos cargos con las empresas

La Ley de Transparencia aprobada en Asturias en 2018 propone un cambio en esa cultura y lo hace sobre tres pilares: fijó un decálogo de datos que la administración está obligada a facilitar al ciudadano, plantea un registro de grupos de presión (o 'lobbies') y establece un Consejo autonómico que debe funcionar a modo de 'policía' de la transparencia, velando porque se cumpla la norma y con capacidad para proponer sanciones a quien se la salte. Buena parte de este andamiaje sigue sin levantarse, a la espera de que la Junta General designe al presidente de ese Consejo de Transparencia.

Entre las obligaciones de ese futuro presidente estará dar luz verde al reglamento de los grupos de presión. Anticipándose a ese momento, la dirección general de Gobernanza Pública que lidera José Antonio Garmón preparó un borrador ambicioso que ayer sometió a consulta pública.

El texto establece obligaciones para todas las «personas y organizaciones» que se dediquen profesionalmente a influir en la elaboración de las políticas, las normas, la aplicación de las mismas «o en la toma de decisiones» del sector público. El borrador abre el abanico para incluir entre sus destinatarios a «las plataformas, redes u otras formas de actividad colectiva que, pese a no tener personalidad jurídica, constituyan de hecho fuente de influencia organizada». La lista de potenciales afectados es así amplia. El registro establece como categorías para clasificar a los grupos de interés las de «despachos profesionales», empresas, medios de comunicación vinculados a empresas, fundaciones, entidades que representan a «iglesias y comunidades religiosas».

Todos quedarían obligados a rellenar su ficha en este nuevo registro, y en ella deberán aclarar cuáles son «las principales políticas» de su interés, las reuniones tenidas el último año «con altos cargos» vinculados a esas políticas, las propuestas que han hecho, el volumen anual de negocio que les va en ello y cuánto perciben del sector público.

«La inscripción en el registro de los sujetos obligados tendrá carácter previo a su inclusión en las agendas de trabajo de los responsables públicos», advierte. Solo de forma excepcional, urgente e inaplazable podrán entrevistarse con el alto cargo del Principado «asumiendo en este caso el deber de solicitar la inscripción registral dentro del mes siguiente».

Solo estar en el registro otorga «el derecho» a «acceder a los responsables públicos» y ser informado de las tramitaciones que son de su interés. La dirección general de Garmón se reserva la facultad de proponer sanciones a quien incumpla estos preceptos y queda obligada a hacer un informe anual detallando el control y fiscalización que efectúa.